El Parlamento Europeo ha ordenado a la Comisión Europea iniciar una investigación preliminar al Govern balear que preside la socialista Francina Armengol por las presuntas irregularidades relacionadas con el caso Varadero y que se resumen en el trato de favor recibido por determinadas empresas del sector náutico por parte de la Administración autonómica.
Antilavadodedinero / Okdiario
Fue en 2017 cuando la Comisión Europea recibió una primera denuncia por parte del Grupo Fabkina sobre las irregularidades que se cometían en el varadero del Puerto de Palma donde una serie de empresas afines al pacto de izquierda que gobierna en Baleares trabajaba incumpliendo la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.
Las empresas que integran el lobby náutico se dedican preferentemente al mantenimiento, reparación y pintado de yates utilizando para ello una maquinaria y unas instalaciones, que según la denuncia presentada, incumplen la normativa europea sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.
La Comisión Europea pidió al Ejecutivo balear, por medio del Gobierno de la nación, que informara sobre las presuntas irregularidades. La respuesta fue que se habían subsanado todas las deficiencias regularidades y que las máquinas que incumplían la normativa ya habían sido retiradas. En aquel momento el conseller responsable de Industria era Iago Negueruela, hoy portavoz del Govern y conseller de Turismo.
Hubo otra denuncia y una nueva intervención de la Comisión Europea y en este caso contra el actual vicepresidente del Govern, y ex juez, Juan Pedro Yllanes, de Podemos. Yllanes ratificó que en el varadero de Palma ya se cumplía con toda la normativa europea sobre industria y medio ambiente.
La empresa denunciante, el Grupo Fabkina, denunció entonces ante el Parlamento Europeo que el Govern había engañado a la Comisión y que en el varadero de Palma se seguían utilizando máquinas e instalaciones que incumplían la normativa.
Ahora el Parlamento Europeo, tras examinar la denuncia y la documentación presentada por el Grupo Fabkina, ha ordenado a la Comisión Europea reabrir la investigación sobre las presuntas irregularidades en el varadero de Palma.
El Grupo Fabkina, empresa puntera del sector náutico y con sede en Baleares, actúa como denunciante al sentirse perjudicada por la competencia desleal que ejercen unas determinadas empresas arropadas por el Govern de Armengol y que trabajan en el varadero de forma irregular. Mientras, el Grupo Fabkina, se ha visto forzado a trabajar en puertos de la península y de Europa pero no en Palma, lo que le ha obligado a desplazar a sus trabajadores fuera de la isla.
Por ello, los trabajadores y directivos de Fabkina y de otras empresas perjudicadas crearon el pasado mes de mayo la asociación de afectados por la corrupción del Govern que preside la socialista Francina Armengol. Su principal objetivo es «defender la libre competencia de empresas y particulares en el ámbito de la náutica balear y apoyar a las entidades, empresas y particulares que promuevan la transparencia y la mejora del sector náutico balear».
Investigación judicial
Sobre las irregularidades en el varadero, el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma ya ha abierto diligencias de investigación por la falsificación de un documento público que afectan directamente al número 2 de la Conselleria de Energía e Industria que preside el juez de Podemos en excedencia, y vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes.
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, ya ha dictado un auto en el que señala como denunciado al director general de Industria, Antonio Morro, por un supuesto delito de falsificación de documento público relacionado con el denominado caso Varadero. En el marco de estas diligencias ya ha prestado declaración el consejero delegado del Grupo Fabkina Julio Pezzolano en calidad de denunciante.
Pezzolano es también el presidente de la Asociación de Afectados por la Corrupción mientras el vicepresidente es el abogado Juan Cerdó.
Según explica Julio Pezzolano, su empresa lucha desde el año 2016 para que el Govern obligue a cumplir la normativa sobre seguridad laboral y protección del medio ambiente en el Varadero de Palma. Explica Pezzolano que el incumplimiento de esta normativa por determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas perjudica al Grupo Fabkina, una empresa puntera en el mantenimiento y pintado de yates que trabaja en muchos puertos de España y Europa pero que no puede ejercer su labor en Palma, donde tiene la sede social.
Forman la asociación prácticamente todos los trabajadores del Grupo Fabkina, incluidos los ingenieros y técnicos especialistas, así como sus familiares y trabajadores de otras empresas del sector que también se ven perjudicados por el trato de favor del Govern de Armengol al cluster del sector náutico.
Documento falsificado
Como ha ido contando, el Grupo Fabkina denunció las irregularidades que cometían empresas del sector náutico que trabajan en el Varadero de Palma. El Govern abrió los correspondientes expedientes pero los archivó sin llegar a tramitarlos. Fue en este momento cuando el Grupo Fabkina acudió a los juzgados.
Lo que sucedió luego es que el Govern de Armengol falsificó en 2020 un documento público para frenar la investigación judicial a las empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas. Este documento falsificado sirvió también para archivar los expedientes que el propio Ejecutivo balear se vio obligado a abrir a las empresas náuticas tras recibir la denuncia por infracciones graves a la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente, entre otras irregularidades.
Ahora se sabe que las empresas denunciadas no sólo fueron protegidas por el Govern de fuertes sanciones y de una investigación judicial, sino que además las estaba subvencionando dentro de su proyecto para promocionar en el exterior el sector náutico de Baleares.
