El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo se lleva a cabo de manera presencial desde el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional. Sin embargo, el exmandatario está conectado virtualmente desde el penal Barbadillo.
El Poder Judicial lleva a cabo el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, vinculado a Odebrecht.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional tiene a su cargo el desarrollo de este juicio oral que afronta el exjefe de Estado, luego de que el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, revelara ante Fiscalía que le pagó al menos 20 millones de dólares en sobornos para que dicha empresa brasilera fuera favorecida con la adjudicación para la construcción de los tramos 2 y 3 de esta obra vial.
La audiencia se lleva a cabo de manera presencial desde las 9.00 a. m. en la sede del Poder Judicial ‘Carlos Zavala’ ubicada en el Cercado de Lima. No obstante, Toledo Manrique participa virtualmente desde el Penal Barbadillo, en el distrito de Ate, donde cumple 18 meses de prisión preventiva tras haber sido extraditado desde Estados Unidos.
Tras el inicio de la sesión, el expresidente Toledo se acreditó y, después de ofrecer sus datos personales, indicó que su profesión es economista y percibía un sueldo como profesor universitario de aproximadamente ocho mil dólares.
El fiscal José Domingo Pérez solicitó que los medios de comunicación, por una cuestión de transparencia, estén presente durante el juicio o, en su defecto, la Sala emita un pronunciamiento debidamente motivado y no a través de un comunicado en redes sociales.
En tanto, Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, pidió que el exmandatario sea trasladado a la sala para participar en el juicio oral de manera presencial y no conectarse virtualmente, tal como lo hace ahora.
Después de deliberar, el colegiado conformado por los magistrados Zaida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras y Richarth Quispe Vilcapoma decidió declarar improcedente la solicitud hecha por Domingo Pérez al considerar que el aforo de la sala era reducido y que Justicia TV estaba transmitiendo la audiencia a fin de garantizar el acceso a la publicidad.
Además, con respecto a la solicitud de la defensa de Toledo, se declaró procedente y se le avisará cuando se requiera su declaración.
Resueltas estas pretenciones previas, el colegiado dio por instalada la sala y se inició con los alegatos presentados por la Fiscalía. Una vez cuncluidos, sesuspendió la sesión hasta las 2.30 p. m.
Sin acceso a prensa
Anteriormente, desde la sala superior informaron mediante un comunicado que “por razones de seguridad” no será posible el ingreso de los periodistas a la sala de audiencias de esta sede judicial para la cobertura de instalación de dicho juicio oral, debido a que su aforo es máximo para 50 personas, número que se completa con la presencia de los magistrados, procesados y abogados de las partes procesales convocadas para esta sesión.
Junto al exmandatario también son sometidos a juicio oral su exjefe de seguridad Avraham Dan On, los empresarios peruanos Gonzalo Ferraro, José Castillo, Fernando Camet, quien se encuentra en España, Sergio Bravo y Alberto Pasco Font, contando además con la participación de los abogados de un grupo de empresas consideradas como “terceros civilmente responsables”.
El fiscal José Domingo Pérez Gómez solicitó 20 años y seis meses de prisión para el expresidente Alejandro Toledo y que sea inhabilitado por nueve años para ejercer cargo público al acusarlo como autor de los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.
El magistrado también pidió 20 años y 6 meses de prisión contra Fernando Camet y José Castillo, así como 11 años y 6 meses de prisión para Gonzalo Ferraro y 9 años de cárcel para Avrahan Dan On, Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font, a raíz de este caso.
En tanto, la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que los implicados en este caso paguen, en forma solidaria, las sumas de 1 837 960 602.30 soles y 463 782 460.35 dólares por daño patrimonial y extrapatrimonial a favor del Estado en este proceso penal.
