EL 29 DE MAYO, EL DEPARTAMENTO DE Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado del juicio que se adelantaba en una corte de Texas contra el venezolano-americano José Manuel González Testino, por su implicación en un esquema de sobornos para la obtención de contratos para adquisiciones de Petróleos de Venezuela en el exterior, a través de la subsidiaria Bariven.
El caso de este comerciante, de 49 años de edad, parecía una réplica de numerosos expedientes anteriores, que eran divulgados por las autoridades norteamericanas en la medida en que caían los imputados. En lo que respecta a González Testino se comprobó, gracias a testimonios de coparticipantes en el esquema de corrupción y documentos recopilados, que las coimas sumaron 629.000 dólares, solamente en los cuatro meses que transcurrieron entre noviembre de 2012 y marzo de 2013.
Ante la solidez de las evidencias recabadas, González Testino admitió su culpabilidad por conspiración para propiciar la corrupción de autoridades foráneas, algo penado según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Algunos documentos relativos a este proceso judicial fueron incorporados a un gran archivo, abierto por el Departamento de Justicia bajo el rótulo de “casos relacionados”. Allí hay acusaciones, declaraciones de agentes involucrados en las averiguaciones, testimonios de informantes y otros datos que sirven para formarse una idea bastante clara de cómo ha sido manejada la industria petrolera venezolana, por lo menos, desde los últimos años del gobierno de Hugo Chávez.
Si contamos el caso de González Testino, las pesquisas desarrolladas por múltiples agencias suman diecisiete expedientes relacionados en forma directa. Sin embargo, al revisar los casos nombre a nombre uno se percata de que hay otros tantos vinculados con éstos, aunque de forma indirecta. Por ejemplo, según el gobierno estadounidense, la pesquisa contra González Testino guarda un nexo estrecho con la que se desarrolló contra Abraham Shiera Bastidas. Y este último se relacionaba con Luis Carlos de León, quien no aparece referido en el primer listado.
Pero hay nombres que se repiten una y otra vez. Son individuos enjuiciados en forma individual o en pequeños grupos, pero que según el despacho de Justicia estadounidense compartían una misma práctica criminal: Roberto Rincón (Tradequip) y su socio Abraham Shiera, Moisés Millán Escobar, Rafael Reiter (Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa), el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos, Alejandro Istúriz, César David Rincón, el empresario estadounidense Charles Quintard Beech III, Juan Carlos Castillo y José Orlando Camacho, por citar algunos.
Entre todos ellos, suman manejos ilegales por 20,8 millones de dólares. Es lo probado en las investigaciones, y consignado en las acusaciones correspondientes. Los casos que involucran los mayores montos han sido el de Rincón y Shiera, con seis millones de dólares, y el que señala en un mismo paquete a Luis Carlos de León, Nervis Villalobos, César Rincón, Alejandro Istúriz y Rafael Reiter, con 9,47 millones de dólares.
Por supuesto, uno se pregunta por qué una investigación que involucra a tantas agencias y que ha logrado tantos enjuiciamientos exitosos no ha tocado hasta el momento al ex ministro de Energía Rafael Ramírez, que era el tope de la organización donde se gestaban estas prácticas generalizadas de corrupción. Ramírez entregó en 2013 de la cartera de Energía y la presidencia de Pdvsa, y en el caso de José Orlando Camacho las evidencias indican irregularidades en las compras que comenzaron en 2009 y se extendieron hasta 2013. Cuatro años de gestión de quien declaró a la estatal petrolera “roja rojita”.
En este momento, la primera corporación nacional es objeto de sanciones de distinta naturaleza a través del Departamento del Tesoro, por considerarse que es instrumental en la prolongación del régimen de Maduro. Pero a la luz de la información recabada en estas averiguaciones penales -y otras que se desarrollaron en Francia, España y Andorra- uno entiende que el gobierno estadounidense pudo declarar en algún momento que Petróleos de Venezuela era una gran empresa criminal, aunque en un sentido especial, pues no fue creada con la finalidad expresa de violentar las normas. Sin embargo, da la impresión de que torció su cometido durante la primera década de este siglo, al punto en que no había un contrato más o menos jugoso en el que los montos no se incrementaran de manera artificial con la finalidad de engrosar las cuentas de los funcionarios involucrados. Esto es, ni más ni menos, lo que señala un auto de acusación que se ventiló en el principado de Andorra.
En estos momentos, los ciudadanos del país con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta se pelean por lograr un puesto salidor en las colas para surtirse de combustible. Otros pagan coimas a funcionarios para saltarse los turnos. Otros cancelan el hidrocarburo en dólares o pesos colombianos. Los gobernadores han comenzado a implantar medidas que intentan esconder una realidad de racionamiento puro y duro. Buena parte de la explicación para esta situación se encuentra, precisamente, en los tribunales de Estados Unidos.
Por: JavierIgnacioMayorca
