Nuevo golpe de la Justicia a la democracia española con un caso relacionado con Banco Santander. El juez Santiago Pedraz ha archivado definitivamente el caso de blanqueo de capitales en el que el banco cántabro estaba implicado.
Lo sorprendente (que en España, al parecer, no lo es cuando el Santander está por medio) es que el juez instructor reprocha a la entidad presidida por Ana Patricia Botín la falta de control y que su actividad contribuyó a la ocultación de hechos constitutivos de comisión de delitos.
Según Pedraz, las pruebas presentadas no son suficientes, además de alegar que el delito de blanqueo de capitales ya habría prescrito.
El informe de los peritos, demoledor
¿Qué más pruebas necesitaba Pedraz después del demoledor informe presentado por los peritos del Banco de España? Ese documento indicaba con claridad que el Santander puso su red al servicio de HSBC para que sus clientes pudieran realizar movimientos en las cuentas opacas que tenían en Suiza sin necesidad de salir de España.
Toda la operativa permitía que la Agencia Tributaria no tuviera forma de conocer esos movimientos y, según las investigaciones de Hacienda derivadas de la publicación de la lista Falciani, un elevado porcentaje de esas operaciones nunca fue declarado.
La propia Fiscalía, que fue siempre favorable al archivo de la causa, puso de manifiesto que la documentación pericial demostraba graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza.
A pesar de todo esto, Pedraz ha archivado la causa, siguiendo la argumentación presentada por la Fiscalía.
Andrea Orcel tiene la clave
¿Protege una parte de la Administración de Justicia al Santander? Los datos son elocuentes, sobre todo, si se confirmara la existencia de una grabación, supuestamente en posesión de Andrea Orcel, en la que un alto directivo del banco cántabro, presuntamente Jaime Pérez Renovales, se jactaba o amenazaba al transalpino con una frase en la que supuestamente se afirmaba que el Santander sólo pierde en los tribunales los casos que quiere. Esta afirmación, de demostrarse, es un verdadero atentado al Estado de Derecho y llevaría a España a convertirse en un verdadero país fallido.
La gravedad de la existencia o no de dichas grabaciones, y de su presunto contenido, es la razón por la que un ciudadano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, fechada el 12 de marzo de 2021, a la que Diario16 ha tenido acceso, y en la que se señala que, de ser cierta la existencia de dicha grabación en la que se sugiere por el presunto autor de esas palabras un «supuesto control por el Banco Santander de la judicatura española, estaríamos, o bien ante un delito de calumnias hacia el poder judicial en su conjunto y, en particular, hacia los jueces que intervengan en casos que afecten al Banco Santander o bien ante un caso de corrupción judicial, que afecta y desprestigia a toda la judicatura española», afirma la denuncia.
La gravedad de las afirmaciones supuestamente contenidas en la grabación que Orcel afirma que tiene en su poder es, según la denuncia, causa suficiente para que desde la Fiscalía se abra, en primer lugar, una investigación de oficio. Por otro lado, en el documento se insta a la proposición por parte del Ministerio Público de medidas cautelares a los diferentes órganos judiciales en los que se están practicando diligencias en las que una de las partes sea Banco Santander hasta que estos hechos sean resueltos.
El Santander y la Justicia, un problema para España
El problema para el Estado español está en que las afirmaciones supuestamente recogidas en las grabaciones de Orcel tienen para la ciudadanía presunción de veracidad. Millones de ciudadanos sospechan que el Santander tiene control sobre la Justicia. Sin embargo, ya no se trata sólo del ciudadano o la ciudadana de a pie, sino que, tal y como publicamos en Diario16, hasta una jueza ha indicado en el auto en el que elevaba una cuestión prejudicial al TJUE que el Supremo ha realizado interpretaciones de la Ley «en exclusivo beneficio de las entidades financieras».
Los amigos de Villarejo y el Santander
El magistrado Santiago Pedraz forma parte de un grupo de miembros de la Administración de Justicia que, por razones de amistad o de intereses profesionales, han adoptado decisiones siempre favorables al Santander. Además, todos ellos son cercanos al excomisario Villarejo.
Las cesiones de crédito y la Doctrina Botín, el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza, el presunto cohecho del pago de los cursos de Baltasar Garzón coetáneos con el archivo de la querella de Rafael Pérez Escolar, el indulto de Alfredo Sáenz Abad, o el escándalo de BANIF Inmobiliario, son algunos de los muchos escándalos judiciales protagonizados por el Santander en los últimos años y que, en principio, podrían estar relacionados con el poder de influencia que pudieran tener los abogados del despacho Uría y Menéndez.
Sin embargo, hay algo más. En muchas de estas decisiones tuvo que ver un círculo de amistades entre importantes miembros de la Justicia y José Manuel Villarejo. En uno de los registros policiales realizados en el domicilio del excomisario, se encontraron las siguientes notas en una libreta
Como se puede comprobar, aparece el nombre del abogado Manuel Medina que, casualmente, es un punto de unión con personas muy importantes dentro de la Administración de Justicia en España: Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a quien sus amigos la llaman «Lola» y a quien Villarejo también llama «Lola».
Este círculo no dudó en acudir a la presentación del libro de Medina, Se vende banco por un euro, una publicación claramente pro-Banco Santander, un libro que fue presentado por Ángel Corcóstegui, un hombre al que Emilio Botín benefició con más de 100 millones de euros de indemnización tras la fusión con el Central Hispano.
En uno de los libros de Medina, El éxito de la humildad, se dedican capítulos exclusivos a Baltasar Garzón, Fernando Andreu y Dolores «Lola» Delgado. La amistad de este abogado con el exjuez viene de largo, lo mismo que las relaciones entre Garzón y el Santander. No hay más que recordar las cartas dirigidas a Emilio Botín que empezaban con un familiar «Querido Emilio» para lograr la financiación para los cursos de Garzón en Estados Unidos.
Un año después de que Baltasar Garzón se marchara a Estados Unidos a impartir sus cursos, archivó la querella interpuesta por Rafael Pérez Escolar contra el Santander por las irregularidades cometidas en la adquisición de Banesto.
Por otro lado, dentro del grupo del abogado pro-Santander están también Fernando Andreu, que confirmó a Diario16 que Medina era su amigo, y Dolores «Lola» Delgado. Ambos también han tomado decisiones, directa o indirectamente, favorables al banco presidido por Ana Patricia Botín. El magistrado, que ahora está destinado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, archivó la causa por los 2.000 millones de euros que la familia Botín tenía ocultos en el HSBC de Suiza desde la Guerra Civil, según se reconoció en la Lista Falciani.
El traslado de Pedraz
Ahora, Santiago Pedraz se ha sumado a esa lista con el archivo de la causa por blanqueo de capitales. Será o no casualidad, pero el magistrado fue trasladado el Juzgado Central de Instrucción 5 en enero de 2021, sólo unos días después de que la Fiscalía Anticorrupción remitiera el escrito en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa. Casualmente, Pedraz lo sobreseyó provisionalmente al poco de tomar posesión de la plaza.
Todo parecía destinado al archivo de la misma, sin embargo, un accionista del Santander intentó personarse como acusación popular y, según han confirmado fuentes conocedoras del hecho, se le pusieron todas las trabas posibles. Pedraz le impuso una fianza absolutamente desorbitada para, como confirman las mismas fuentes, evitar dicha personación. Por otro lado, tanto la Fiscalía como los abogados del Santander también se opusieron a que este accionista minoritario pudiera personarse y tener acceso a todo el sumario.
