La administración actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda se sumaron a la petición de la Fiscalía General de la República de condenar a 39 años de prisión a Emilio Lozoya por los presuntos sobornos que recibió por parte de la constructora Odebrecht.
Antilavadodediner / Yahoo
De acuerdo con autoridades judiciales ambas instancias, que ostentan la calidad de víctimas dentro de este proceso asentado en la causa penal 261/2019, respaldaron la posición de la Fiscalía a través de dos escritos enviados al juez. Esto dentro del plazo de tres días hábiles con el que contaban luego de que la FGR hizo la acusación formal el pasado 3 de enero.
En dicha acusación, los fiscales pidieron que el exdirector de Pemex sea sometido a un juicio oral en el que se le declare culpable de tres delitos: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, y se le impongan las penas máximas por cada uno de esos ilícitos: 15 años, 10 años y 14 años, respectivamente.
Tanto Pemex como la UIF también consideraron que es procedente la posición de los fiscales de que se le imponga a Lozoya la obligación de reparar el daño por un monto equivalente a los sobornos que habría recibido de la constructora y que ascienden a más de nueve millones de dólares.
De igual forma se sumaron a la petición de la Fiscalía de que se imponga a Gilda Margarita Solís, madre del exfuncionario, una pena superior a los 20 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Esto por su presunta complicidad en las operaciones financieras que facilitaron el ocultamiento de los sobornos pagados por Odebrecht.
Al sumarse a la petición de la FGR, lo que ocurrirá es que tanto la UIF como Pemex serán partes activas en el eventual juicio oral que se lleve a cabo en contra de Emilio Lozoya y su madre, y podrán sumarse al ofrecimiento de pruebas, fijar posicionamientos y ofrecer testigos.
Lo que procede ahora, explicaron las autoridades consultadas, es que el juez federal Artemio Zúñiga (responsable del proceso) notifique a la defensa de Emilio Lozoya los posicionamientos de la Fiscalía y las otras partes involucradas para que, pro escrito, manifiesten en un plazo máximo de diez días hábiles su contestación a dicha acusación, así como la relación de sus propias pruebas.
Posteriormente el juez convocará a las partes para que acudan a la audiencia intermedia, en la que se expondrán verbalmente los posicionamientos que ya se expresaron por escrito y se debatirán las pruebas que se mantendrán y desecharán de cara al eventual juicio.
Al término de dicha audiencia el juez decretará cerrada la fase intermedia y dará luz vez para que se convoque a la celebración del juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento.
Caso Agronitrogenados, la misma ruta
El viernes de la semana pasada el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte recibió la segunda acusación de la FGR en contra de Lozoya, esta por el caso de los sobornos que presuntamente recibió de la empresa Altos Hornos de México y que derivaron en la compra, por parte de Pemex, de su planta Agronitrogenados.
De forma similar al caso Odebrecht, en este proceso la Fiscalía le ha solicitado al juez que imponga la pena máxima de 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, que es el que se le imputa dentro de la causa penal. Se prevé que tanto Pemex como la UIF se sumen también a dicha petición.
Siguiendo la misma ruta del caso anterior, esta semana se hará la notificación formal de la acusación a la defensa para que prepare su propia respuesta.
Lozoya busca acuerdo de última hora
Pese a que desde noviembre pasado la FGR no se ha movido de su posición de llevar a juicio a Lozoya por los delitos que se le imputan en ambos procesos, como quedó confirmado en los escritos de acusación enviados al juez, el exfuncionario federal ha ordenado a su defensa continuar con las gestiones para tratar de cerrar un acuerdo.
De acuerdo con fuentes del caso, aunque la defensa preparará la respuesta a ambas acusaciones, también mantiene las gestiones – principalmente con Petróleos Mexicanos – para lograr un acuerdo reparatorio en el caso de Altos Hornos, que le permita cerrar dicho caso sin juicio. Es la misma solución que, en su momento, logró alcanzar el coacusado en este caso, Alonso Ancira.
Respecto al proceso de Odebrecht, la ruta en la que insiste la defensa es en cerrar el criterio de oportunidad, es decir, un acuerdo con la FGR para que se suspenda – al menos temporalmente – el proceso en su contra, a partir de la información que Lozoya ha entregado para que se proceda en contra de otros exfuncionarios de mayor rango.
En las últimas audiencias de ambos procesos realizadas en diciembre, el juez federal explicó que la oportunidad de alcanzar un acuerdo o salida alterna subsiste hasta en tanto no se haya llevado a cabo la audiencia intermedia y se de luz verde al juicio oral.
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