Todo indica que el gobierno de AMLO protege a Peña Nieto, al Ejército y a los mandos de la desaparecida Policía Federal y a los narcotraficantes que son responsables directos de la masacre de Ayotzinapa.
Antilavado de Dinero / DW.
Han pasado siete años de la desaparición de los normalistas. Desde 2014 hasta ahora he continuado la investigación sobre los hechos ocurridos aquella noche en Iguala y seguido el rastro a la participación de autoridades y del crimen organizado. He buscado reconstruir lo ocurrido a los 43. En los últimos meses he viajado a diversas partes de México para recabar más testimonios y encontrar los pedazos faltantes en el rompecabezas del caso. Y he encontrado nuevas piezas que arrojan luz donde ha habido sombra. Hace un año revelé que en los hechos habría participado el narcotraficante Martín Villegas Navarrete, quien era un operador muy importante del clan de los Beltrán Leyva, que tras la caída de Arturo Beltrán Leyva, el líder del clan, se habría quedado con una parte del territorio de Guerrero y Morelos.
Hablé con Villegas Navarrete personalmente en 2016, cuando estaba preso en una cárcel en la Ciudad de México. Nunca negó que era narcotraficante. De hecho, me lo confirmó. En 2019 se declaró culpable en la Corte de Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, y fue sentenciado a 13 años de prisión. Me reveló que tenía un amigo muy querido y cercano: Federico Figueroa, hermano del cantante fallecido Joan Sebastián, a quien también durante años se le había vinculado al crimen organizado.
Desde 2014, Federico Figueroa fue señalado por miembros de la delincuencia organizada de ser el autor intelectual del ataque contra los normalistas. En 2015, en Morelos, fueron colocadas diversos desplegados públicos, escritos en mantas clandestinas. «Señores guerrerenses, padres de los normalistas de Ayotzinapa, no se dejen engañar y que tampoco se les olvide lo de sus hijos y familiares, pregúntenle a Federico Figueroa a dónde están sus hijos, él sabe el paradero de los normalistas, él mandó a levantarlos…”, decía una de las llamadas narcomantas. El propio gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, a principios de 2016, acusó públicamente a Federico Figueroa de ser líder del grupo criminal Guerreros Unidos. La PGR lo llamó a declarar en enero de 2016 solo por trámite y lo dejó ir sin más ni más.
En mi investigación sobre el caso de los 43, supe que Federico Figueroa tenía una fuerte presencia en Iguala y en esa región. Oficialmente era el encargado de organizar la Feria en Iguala, uno de los principales eventos populares de la región que se lleva a cabo anualmente en el mes de febrero. Con el pretexto de la Feria, Federico habría podido manejar sus negocios criminales y los de su amigo y presunto jefe Martín Villegas Navarrete, sin llamar mucho la atención. Cuando hablé con Martín, él estaba muy preocupado por Federico y quería que yo me encontrara con él. Eso nunca ocurrió, pero el nombre de Federico fue para mi una nueva línea de investigación. En 2018 tuve acceso al testimonio de una persona que dijo haber participado en el ataque contra los normalistas. Parte de su testimonio lo publiqué el año pasado en esta columna, en el texto titulado «Ayotzinapa: ¿la verdad se oculta en el Cañón del Zopilote?”. El testigo reconoció que el motivo del ataque fue ir a recuperar droga del jefe superior. Fue un operativo coordinado con el Ejército, la Policía Federal y municipal. Afirma que cuando se comenzaron a repartir a los normalistas, a los 43, algunos iban muertos, otros moribundos. Algunos se los llevó el propio Ejército al 27 Batallón de Infantería. Afirmó que los cuerpos del grupo de estudiantes que a él le consta que murieron, fueron destazados, no los quemaron, los tiraron al Cañón del Zopilote, en Mezcala. En su relato afirmó con claridad que Federico Figueroa era parte del grupo criminal que ordenó el ataque contra los normalistas, y que tenía un hotel a las afueras de Iguala que servía como madriguera de la organización.
Figueroa podría ser «El Patrón” o «El Caminante”, apodo que aparece en diversas comunicaciones telefónicas identificadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 y 2016 para investigar de manera independiente la desaparición de los estudiantes.
Peña Nieto en reunión con Arturo Beltrán Leyva y Joan Sebastián
En 2021 entrevisté por largas horas a un secretario del Cartel de los Beltrán Leyva: no es un sicario, tampoco uno que se encargase de las operaciones de tráfico de drogas, sino uno que se encargaba de cargar los teléfonos, transportar personas, y hacer algunos mandados para jefes de dicha organización criminal. Él no tenía permiso de estar presente en los cónclaves importantes, a eso solo tenía acceso otro nivel de integrantes del cartel. Pero un día, a finales del 2007, principios del 2008, el capo para el que trabajaba había olvidado una cosa y le encargaron a él llevársela al sitio donde se encontraba. El testigo me narró que llegó a una finca en Juliantla, Morelos, un poblado que se encuentra en el municipio de Taxco, a unos ochenta kilómetros de distancia de Cuernavaca. Ahí estaban reunidos los narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva, Edgar Valdés Villarreal, Sergio Villarreal Barragán y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien gobernó dicha entidad del 2005 al 2011. El anfitrión era el cantante José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastián, el hermano de Federico Figueroa. «El ambiente era de negocios”, me dijo el testigo quien estuvo presente en el lugar al menos 40 minutos, suficiente para identificar claramente a Peña Nieto. Narró que el evento se llevaba a cabo en un amplio jardín donde estaban colocadas mesas, como si se fuera a servir una cena. Aunque el lugar estaba custodiado por sicarios armados, y estaba ahí la crema y nata de la organización de los Beltrán Leyva y otros sanguinarios narcotraficantes; Peña Nieto conversaba tranquilamente, estaba a sus anchas.
«En el cartel (de los Beltrán Leyva) todos sabíamos que Joan Sebastián era narcotraficante”, dijo el testigo, y que Peña Nieto estaba coludido. Atando cabos recordé que en expedientes de la ahora Fiscalía General de la República (antes PGR) Los Beltrán Leyva tenían varias casas de seguridad en distintos puntos del Estado de México cuando Peña Nieto era el gobernador. Ahí tenían la protección de policías municipales y de la policía estatal. Los hechos se unen con otros. En 2018 y principios de 2019, durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera «El Chapo”, llevado a cabo en la Corte de Distrito Este de Nueva York, se había ventilado que miembros de la cúpula del Cartel de Sinaloa, a la que pertenecieron los Beltrán Leyva, había dado millones de dólares a Peña Nieto para su campaña presidencial.
AMLO protege a Peña Nieto y al Ejército
Cuando en diciembre de 2018 AMLO tomó posesión como presidente, anunció que habría verdad y justicia en el caso de los 43. Se creó la Comisión de la Verdad, en la Secretaría de Gobernación, encabezada por el Subsecretario Alejandro Encinas. Desapareció como siglas la PGR y fue sustituida por la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero. Y se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la FGR, cuyo titular es Omar Gómez, uno de los integrantes del equipo técnico del que fuera el GIEI. En su último reporte dado por Gómez el 24 de septiembre pasado confirmó que, como lo había afirmado en mi libro La Verdadera Noche de Iguala, publicado en noviembre de 2016, los restos incinerados del estudiante Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos, fueron sembrados en el Río San Juan por la PGR, como parte del operativo de Estado para ocultar lo que había sucedido a los normalistas, y proteger a los altos mandos del narcotráfico, el Ejército, la Policía Federal y Estatal involucrados. El principal artífice de esa siembra fue el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia por negligencia o complicidad del gobierno de AMLO. Zerón fue Coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría General del Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador, y era uno de sus hombres de mayor confianza. Por eso lo invitó a trabajar con él cuando tomó posesión como presidente de México (2012-2018).
Si bien es cierto que después de siete años el medio ambiente y el tiempo habrán borrado en buena parte el rastro de los normalistas desaparecidos, lo que no se ha borrado es la culpabilidad de los perpetradores, sus cómplices, y quienes los protegieron. En sus memorias están los pedazos que faltan para conocer toda la verdad. Solo a través de un proceso de investigación, interrogatorios, y pesquisas dirigidas sobre esos responsables es que se pueden encontrar los restos de los normalistas. Peña Nieto y Federico Figueroa son ahora parte clave de la infame trama. Deben ser investigados a fondo, no como lo hizo la PGR en 2016 protegiendo al hermano narco de un amigo narco del presidente.
Ya han pasado tres años de aquella promesa de justicia hecha por AMLO a las familias de los 43 normalistas desparecidos y de los sobrevivientes. Pero no ha cumplido. Su falla no es menor, porque no es la falla de un hombre que al menos lo ha intentado, es la falla de un hombre que ha protegido con intención a Peña Nieto, al Ejército y los altos mandos de la Policía Federal. No nos ha dicho por qué los protege, hay que averiguarlo. El hecho es que esa protección ha provocado impunidad y se le ha negado justicia a los estudiantes y sus familias. Condenar a los familiares de los 43 a la injusticia, a la desesperada eterna espera, es condenar a miles de víctimas del Estado mexicano. Las de gobiernos pasados, presentes y futuros. Sería una condena para todos. Yo no me resigno. No lo acepto. Espero que ustedes tampoco.
