Ricardo Sabela, especialista en normativa antilavado y socio de BST Global Consulting habl+o sobre la estrategia de Uruguay para el combate al lavado de activos tuvo un cambio legislativo en la ley de urgente consideración (LUC), que modificó la normativa integral votada en 2017.
Antilavadodedinero / Ladiaria
El primer año de aplicación fue parcial –porque la LUC se votó a mediados de 2020– y el factor pandemia limitó los análisis, por lo que los datos de 2021 sobre los reportes de operaciones sospechosas (ROS) por el origen de los fondos de una transacción, que hacen tanto bancos como profesionales y agentes inmobiliarios, cobraban relevancia para ver el efecto pos LUC.
Conocido el reporte, distintos especialistas advirtieron que por diversos factores ocurrió una baja en la percepción del riesgo de incumplimiento, lo que derivó, por ejemplo, en un menor nivel de ROS del sector no financiero, dentro del cual se advierte por la escasa participación en el esquema de control de escribanos e inmobiliarias.
La lógica detrás de la estrategia de 2017, que recogió estándares internacionales, fue crear una red que actúe como filtro para los casos de operaciones en que hay dinero sin un origen lícito. Por eso, además de los agentes financieros se sumó a un grupo de actividades –abogados y contadores que administran fondos de terceros, casinos y rematadores, entre otros– bajo la idea de que cuantos más ojos estén alertas, mejor para la prevención del lavado.
En atención a un reclamo especialmente por parte de las organizaciones gremiales de escribanos y contadores, la LUC flexibilizó su tarea y la de los demás actores no financieros, que pueden hacer controles simplificados siempre que el dinero haya pasado previamente por un banco, y se mantiene el resto del esquema de la ley integral.
Tanto en el debate legislativo, en que la propuesta del gobierno sufrió cambios, como en la discusión pública, varios expertos en la materia alertaron que la modificación legal traería una caída en la percepción de riesgo de los agentes no financieros, que terminarían aportando menos dentro del esquema de prevención del lavado.
Según los datos que divulgó días atrás la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) –que recibe y evalúa los ROS de todo el sistema–, tanto en relación a 2020 como a la prepandemia (2019), crecieron los reportes totales y los hechos por los agentes financieros, mientras que cayeron de forma pronunciada los hechos por actores no financieros.
La cifra de ROS alcanzada el año pasado por profesionales y otras actividades abarcadas por la normativa (39) fue casi siete veces menor que en 2018 (263) y la cuarta parte de 2019 (149). En tanto, para hacer la comparación con 2020 el informe de la UIAF dejó por fuera a los casinos –que estuvieron cerrados durante buena parte de la emergencia sanitaria– y marcó que la caída de los reportes fue de 14%.
La unidad técnica del BCU apuntó que “sigue observando con mucha preocupación el escaso número de reportes realizados por algunos de los sectores de sujetos obligados no financieros, especialmente de aquellos que participan en la actividad inmobiliaria, que es considerada una de las actividades de mayor riesgo” en materia de lavado.
Especialistas ya habían advertido esto tras los datos de 2020, con la salvedad de que la actividad inmobiliaria había decaído producto de la pandemia. El sector se recuperó el año pasado y, según datos que divulgó El Observador a partir de información de la Dirección General Impositiva, movió en operaciones de compraventa un monto aproximado a 1.600 millones de dólares, que no sólo mejoró frente al año previo, sino respecto de 2019.
Sin embargo, los ROS por sospechas sobre el origen de los fondos por parte de inmobiliarias fueron apenas cinco en el año.
Los escribanos son otro sector plenamente ligado a las transacciones con inmuebles, y tienen las mismas obligaciones respecto de indagar en el origen de los fondos y ante algún riesgo enviar un reporte a la unidad del BCU. En este caso, hubo 13 ROS en 2021, con lo que se consolida una baja pronunciada año a año desde 2018.
Ya tres años atrás, en su reporte anual, la UIAF planteaba que veía el descenso en los ROS de escribanos como “una debilidad” del sistema de control y cuestionaba que “la gran mayoría de los reportes (66% de los recibidos en 2019) sean consecuencia de la existencia de información pública sobre investigaciones de las que han sido objeto las personas reportadas y no por la detección de inusualidades respecto del origen de fondos de clientes”.
Riesgos, números e interpretaciones
Al acudir días atrás a una comisión especial del Parlamento que sigue el combate al lavado de activos, el jefe de Análisis Estratégico de la UIAF, Fernando Fuentes, dijo que “no es razonable” el nivel de ROS en los rubros ligados a la compraventa de inmuebles.
Repasó que el cambio de conducción en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), así como el freno de las inspecciones a los sujetos obligados por la pandemia, hicieron caer “la percepción de riesgo”.
Así lo explicó: “Si yo veo que el supervisor no me va a supervisar, por la causa que sea, es más probable que tenga menos incentivos para reportar que cuando yo sé que si hago una transacción me están llamando a la semana siguiente para preguntarme qué hice”.
Similar es el pensamiento del abogado Ricardo Sabella, especialista en normativa antilavado y socio de BST Global Consulting: “La percepción de menos riesgo continúa, abonada por la persistente sensación de que el lavado es un problema de los bancos. Sumado a esto, los escasos resultados en términos de condenas y casi inexistentes originados en reportes generan poca motivación para aportar al sistema”.
En diálogo con la diaria, agregó que en su opinión “la tendencia a la baja” de los ROS del sector no financiero continuó más allá del impacto de la LUC –el descenso ya venía de antes–, y que pese a la pandemia en “la mayoría” de los países de la región “han subido los reportes”.
Una lectura coincidente con las voces anteriores, aunque con mayor énfasis en la implicación de la LUC en la baja en “la percepción del riesgo”, mostró el exsecretario antilavado Daniel Espinosa al ser entrevistado en No toquen nada, de la FM Del Sol.
Con la nueva legislación “se asume” que el control –denominado “debida diligencia”– lo hace “un banco y los otros actores que intervengan en la operación tendrían que trabajar menos; esto contradice las recomendaciones internacionales de que haya controles cruzados por parte de cada sujeto”, dijo el exjerarca tiempo atrás a la diaria.
