La importancia de esta ley es que permite a las autoridades obtener la información necesaria para investigar las llamadas actividades vulnerables en las que incurren tanto personas físicas y morales, dado que, si éstas no cumplen con la normatividad, pueden ser sancionadas por incumplimiento, señaló en entrevista Alejandro Ponce Rivera y Chávez, director general de “Consultoría en Actividades Vulnerables”.
Abundó que los sujetos obligados a cumplir con estos mandatos son todos aquellos que se dedican a los servicios de desarrollos inmobiliarios, arrendamiento de vivienda, construcción, joyerías, distribución de vehículos, organizaciones que reciben donativos y en algunos casos, dependiendo de los servicios que ofrezcan, contadores y abogados.
Dijo que toda operación económica debe ser notificada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de que se pueda analizar toda la información de las transacciones, es decir, quién participó como cliente y cuánto pagó, lo que ayudará a identificar si los recursos son de procedencia ilícita, por lo que señaló, que en caso necesario, la UIF contaría con los datos suficientes para presentar ante el Ministerio Público una denuncia por probable lavado de dinero.
Indicó que aquellas personas que realizan actividades consideradas como vulnerables, están obligadas a brindar a las autoridades federales toda la información requerida, porque de no hacerlo, son acreedores a diversas sanciones por incumplimiento “la multa por no identificar a un cliente es de 16 mil 898 pesos, la multa por no presentar los reportes es de 844 mil 900 pesos, esto independientemente de que el cliente haya utilizado recursos lícitos o ilícitos”, apuntó.
“Hay muchas personas o empresas que realizan estas actividades vulnerables y no conocen la ley o no han sido bien asesorados, por lo que no cumplen cabalmente. La autoridad ha detectado eso y en este 2019 sacó un programa de beneficios, un programa de auto regularización, el cual permite que aquellos que no han cumplido con la ley desde noviembre de 2013 (cuando entró vigor), puedan regularizar su cumplimiento sin que sean sancionados por las omisiones del pasado”, acotó.
En ese sentido, ejemplificó que, si una inmobiliaria vende una propiedad, a más tardar el día 17 del mes siguiente deberá reportar la operación, porque si no lo hace, la ley contempla que existe una omisión o extemporaneidad, por lo que le estaría imponiendo una multa económica.
“Este programa permite que todas las personas que no han cumplido con la ley en los últimos cinco años, lo hagan en este momento sin que sean sancionadas, todo con el objetivo de que se pongan al corriente con la UIF”, refirió.
Comentó que cada persona obligada a cumplir con estas disposiciones, debe contemplar si le conviene ingresar al programa de auto regularización o llevar a cabo una normalización espontánea, la primera con autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la segunda sin el visto bueno de esta institución, pero en ambos casos, debe ajustar su cumplimiento para evitar la imposición de multas monetarias.
Detalló que el próximo 21 de junio entran en vigor las reglas de dicho beneficio.
Finalmente, aseveró que, de acuerdo con la Ley de Ingresos de 2019 (en la cual está el programa de regularización) se tiene identificado que cerca del 50 por ciento de los sujetos obligados no han cumplido con estas normativas.
En tanto, algunos especialistas estiman que el monto de lavado de dinero asciende a por lo menos 10,000 millones de dólares al año, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.
Sin embargo, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, advirtió hace más de una semana, que México se encuentra en el tercer lugar de países proveedores de capitales ilícitos a nivel global y detalló que en los últimos siete años exportó al mundo financiero más de 514 mil 259 millones de dólares ilícitos.
ALD/Diariodemexico
