El dilema por el destino final del cadáver de Abimael Guzmán continúa en Perú. El Gobierno de Pedro Castillo había dejado la decisión en manos de la Fiscalía: ¿qué hacer con los restos del fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, culpable -directa e indirectamente- de la muerte de 69.000 personas durante el conflicto armado interno, entre 1980 y 2000? Distintas voces pidieron que se incinere el cuerpo y se desaparezcan las cenizas, por temor a que el lugar de entierro se convierta en zona de culto.
Antilavado de dinero / DW.
Guzmán murió el pasado sábado 11 de septiembre, a los 86 años, en la Base Naval del Callao, donde cumplía cadena perpetua desde 1992, precisamente un día antes de conmemorarse un año más de su captura. Las autoridades informaron que su salud había empeorado desde julio, por lo que requirió ser hospitalizado en más de una oportunidad, y que finalmente murió por neumonía bilateral.
«La muerte física de Guzmán marca ciertamente un hito, pero lo más significativo es su muerte política, que comenzó el 12 de septiembre de 1992, cuando fue capturado. Ahí empezó a desmoronarse su organización», explica a DW la politóloga Jo-Marie Burt, investigadora de WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el grupo terrorista de ideología marxista-leninista-maoísta, es responsable directo del 54 por ciento de las muertes durante el conflicto, pero «adoptó una estrategia orientada a provocar de manera consciente y constante respuestas desproporcionadas por parte del Estado.»
Burt, autora del libro «Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori», recuerda que Sendero Luminoso es el grupo insurgente latinoamericano más dogmático, violentista y con más muertes causadas por sus propias manos: «Siempre llamó la atención que, sin ninguna preocupación, mataban a gente que ellos mismos decían defender: campesinos, población indígena o a los pobres urbanos. Si estos mostraban una actitud distinta, los mataban sin piedad.» Especialmente en Ayacucho, en los Andes peruanos, Sendero Luminoso se ensañó con la población: acuchilló a mujeres embarazadas y les cortaba los dedos a quienes acudían a votar en las elecciones, tildándoles de «traidores».
Vacío legal ante muerte de terroristas
Por su parte, el analista peruano Pedro Yaranga, experto en seguridad integral y terrorismo, coincide en que la muerte del líder terrorista es «simplemente la desaparición física de Guzmán», que era una muerte anunciada desde hace semanas. Y critica que el Gobierno no haya preparado una normativa al respecto. «El Ejecutivo ni siquiera se preparó para facilitar algunos protocolos. Guzmán no es cualquier preso. Es un criminal que ha causado miles de muertes y sus ideas continúan en sus seguidores como el Movadef (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales)», advierte Yaranga.
La ley peruana establece que solo los familiares directos pueden recibir los restos de una persona que fallece en prisión. Pero Guzmán no tenía contacto con sus familiares. Y su esposa, Elena Iparraguire, quien era la número dos de Sendero Luminoso, también cumple cadena perpetua.
Iparragurre le dio una carta poder a una excondenada por terrorismo para reclamar los restos. Sin embargo, esta no tendría validez al no haber pasado por un notario. Ante el vacío legal y tras la insistencia de distintas bancadas del Parlamento y de la Defensoría del Pueblo, el ministro del Interior, Juan Carrasco, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto para «permitir la incineración» del líder de Sendero Luminoso.
«Uno de los antecedentes que existen en el mundo es lo que se hizo con el cuerpo del terrorista Osama Bin Laden. El Gobierno estadounidense tomó la decisión de desaparecer su cuerpo en el fondo del mar. Eso es lo que también se debería hacer en Perú, incinerar los restos y tirar las cenizas al mar», afirma el experto Yaranga. De ese modo, se evitaría que una posible tumba se convierta en lugar de peregrinación o de homenaje para el mayor terrorista de la historia peruana. En Perú, rendir homenajes o hacer movilizaciones en memoria de Guzmán es considerado apología al terrorismo, y está penado por la ley con hasta 15 años de prisión.
¿Golpe político para el Movadef?
La muerte de Guzmán, según distintos analistas y políticos, sería un golpe político para el Movadef, aparente brazo político de Sendero Luminoso. El movimiento, que se creó tras las derrota de Sendero Luminoso en 1992, busca hasta hoy un proceso de amnistía para senderistas encarcelados, así como también para militares procesados por violación a los derechos humanos.
«Indudablemente, es un golpe para el Movadef, uno de los remanentes de Sendero Luminoso, porque su líder Guzmán había llamado a deponer las armas y trabajar políticamente, algo que ellos tomaron como bandera. Pero también hay remanentes en el Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (Vraem), que se quieren distanciar de Guzmán, pero tienen un vínculo histórico con él. Estos últimos se han convertido en una organización de narcotráfico», indica la politóloga Burt, de WOLA.
Según el experto en terrorismo Pedro Yaranga, Perú ha vencido al terrorismo en el aspecto policial y militar, pero falta vencerlo en el campo político e ideológico: «Se tiene que continuar con una fuerte campaña política a nivel nacional para hacer frente a esta organización. Y los partidos políticos tienen que asumir ese rol. Los senderistas no se han arrepentido ni tampoco han entregado las armas. En el Vraem continúan alzados en armas.»
Yaranga lamenta que el Gobierno de Castillo no haya tomado una posición firme desde un primer momento, especialmente después que algunos de sus ministros hayan sido relacionados con Sendero Luminoso.
El caso del Vraem, insiste por otro lado la politóloga estadounidense Burt, se tiene que combatir como un elemento del narcotráfico, pero, además, se necesita una estrategia multidimensional que abarca más sectores: «El desarrollo económico y social en el Vraem es indispensable. Ellos no tienen muchas alternativas y terminan dedicándose al cultivo de la coca. El Estado tiene que lograr para ellos un proyecto de desarrollo a nivel local.»
