Desde hace cinco meses que el Estado peruano sabía que Costa Rica pretendía quedarse con US$ 6.6 millones que el entorno del expresidente Alejandro Toledo ingresó a ese país de manera ilícita.
En el 2013, el Estado logró que el sistema de justicia de Costa Rica incaute el dinero por 12 meses. Y año tras año, se fue extendiendo el plazo.
El dinero confiscado por las autoridades del país centroamericano es por la investigación del caso Ecoteva, el cual fue abierto en 2013 y se acusa a Toledo manrique de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, con la complicidad de su suegra, Eva Fernenbug, y el encargado de seguridad durante su Gobierno, Avraham Dan On.
Pese a que la justicia peruana solicitó una nueva ampliación en noviembre del 2022, Costa Rica rechazó el pedido.
El 2 de febrero pasado, las autoridades costarricenses informaron al Perú que “ya no es posible proceder con la tramitación de la asistencia penal internacional” porque ha finalizado su propia investigación contra Toledo y su entorno, informó el dominical de Latina.
El documento que da cuenta de la decisión fue remitido por la Fiscalía de Legitimación de Capitales de Costa Rica a la Fiscalía general de ese país.
La fiscalía costarricense concluyó que el entorno de Toledo cometió el delito de legitimación de capitales, que en el Perú se conoce como lavado de dinero.
De acuerdo con sus investigaciones, trabajadores de un banco privado de Costa Rica violaron las normas antilavado para que el dinero ingrese al sistema financiero de ese país.
Según concluyó, el entorno del exmandatario buscó lavar más de US$ 20 millones ilícitos, lo que ha “afectado el sistema
Las autoridades costarricenses informaron al Estado peruano que iniciaron un proceso con el que “se pretende la extinción de dominio de dicho dinero a favor del Estado costarricence”.
Incluso, el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial de Costa Rica, Olger Calvo Calderón, ha detallado que los US$ 6.6 millones pasan a ser administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas, que debe hacer una distribución entre diferentes programas e instituciones que colaboran con la persecución de delitos en ese país.
Entendimiento solidario
Una fuente del equipo especial de fiscales del Caso Lava Jato señaló a El Comercio que se ha pedido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que busque un entendimiento solidario para que parte de ese dinero sea compartido con el Estado peruano.
En tanto, la procuradora ad hocdel caso Lava Jato, Silvana Carrión,añadió que su institución solicitó, mediante la cancillería, “que se hagan las acciones que el país requiere de cara a pedir que el dinero sea recuperado a favor del Estado peruano”.
