El expresidente Alejandro Toledo intentó hasta último momento que la justicia de California retrase su extradición por un caso de corrupción durante su gobierno en Perú.
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Perú parece haberse acostumbrado a que sus autoridades y sobre todo sus expresidentes sean protagonistas de las principales investigaciones contra la corrupción y de importantes casos judiciales. Desde el encarcelado Alberto Fujimori, han pasado ya varios exmandatarios por los tribunales y muchos siguen involucrados en investigaciones fiscales.
El último de ellos ha sido Alejandro Toledo, presidente del Perú entre 2001 y 2006, y el primero en ser elegido después del régimen de Fujimori y su escándalo electoral del año 2000. Su extradición al Perú se debe a un proceso largo pero que apunta a uno de los casos más claros de corrupción dirigida desde el despacho presidencial de Palacio de Gobierno.
Se le acusa de recibir un soborno de hasta 31 millones de dólares (unos 28 millones de euros) de Odebrecht –una constructora brasileña involucrada en múltiples casas de corrupción– a cambio de favorecerle en la licitación de un tramo de la carretera Interoceánica durante su mandato.
Aunque la orden de extradición fue dictada en septiembre de 2021 por un juez de California, estado donde Toledo reside desde hace ya varios años, el equipo legal del expresidente intentó hasta último momento presentar recursos para retrasar el proceso.
De hecho, estuvo ocho meses en prisión y pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020. Sin embargo, luego de agotar todas las posibilidades legales, se espera su llegada al Perú en los próximos días para ser recluido probablemente en la misma prisión en la que está Fujimori y ahora el golpista Pedro Castillo.
Pero no es la única investigación de corrupción en la que está involucrado Toledo. Hace unos días, comenzó otro juicio oral por lavado de activos en el que también están involucrados la exprimera dama Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, y Avraham Dan On, su exasesor de seguridad, entre otros.
En el «Caso Ecoteva», Toledo está acusado de comprar inmuebles y pagado hipotecas en Perú con dinero proveniente de empresas constituidas en Panamá y Costa Rica. Según la tesis fiscal, esos fondos provenían del pago de sobornos por la carretera Interoceánica.
Según informa la Agencia EFE, la Fiscalía peruana solicita para Toledo penas de 20 años y 6 meses de cárcel por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres; 16 años y 8 meses por lavado de dinero en el caso Ecoteva; y 35 años por el caso vinculado a la concesión del tramo 4 de la Carretera Interoceánica. Además, también pidió la expropiación de los bienes inmuebles de Toledo y su entorno familiar.
Haciendo un recuento, todos los presidentes elegidos después de Fujimori (1990-2000) mantienen casos abiertos con la Justicia, Al mencionado Toledo, le siguieron Alan García (1985-1990; 2006-2011), que se suicidó hace ya cuatro años minutos antes de ser detenido por la policía, Ollanta Humala, hoy también investigado junto a su esposa por casos de corrupción, y posteriormente Pedro Pablo Kuczynski y también su vicepresidente y sucesor Martín Vizcarra.
Toledo se defiende
Este jueves y ante una situación límite, Toledo ofreció declaraciones a EFE para dar su versión y además hacer ciertas solicitudes a las autoridades judiciales peruanas. El expresidente volvió a negar que la constructora le haya pagado sobornos y pidió a la Fiscalía que haga públicas las declaraciones de los testigos en ese caso.
Además, pidió a la justicia peruana «que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos». Por eso razón agregó que «lo único que estoy pidiendo, dadas mis condiciones de salud, es que me den un arresto domiciliario o una situación similar a la del expresidente Kuczynski. No puedo escapar porque si lo haría estaría admitiendo que he participado en algo ilícito».
