El equipo especial atribuye a empresario presunto fraude en la administración de personas jurídicas por aportes a Fuerza Popular. Fiscal José Domingo Pérez emitió una nueva disposición vinculada al caso de presunto lavado de activos a las campañas del 2011 y 2016.
AntilavadoDeDinero / elcomercio.pe
Pocas horas antes de que Keiko Fujimori solicitara ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 la inscripción de su candidatura presidencial, el fiscal José Domingo Pérez emitía una nueva disposición vinculada al caso de presunto lavado de activos por los aportes a las campañas del 2011 y 2016 de Fuerza Popular.
El viernes pasado, el fiscal del equipo especial Lava Jato dispuso ampliar la formalización de la investigación preparatoria que incluye a Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper y Adriana Tarazona, en calidad de autores del delito de organización criminal, así como de autores del delito de lavado de activos, en las modalidades de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia.
En la disposición fiscal de 1.513 páginas, a la que accedió El Comercio, han sido incluidos nuevos elementos que corroborarían la tesis sobre el caso, obtenidos en recientes diligencias. Además, se han precisado las imputaciones contra los investigados y los presuntos delitos.
En el documento, el equipo especial especifica los aportes recibidos por Fuerza Popular durante las campañas del 2011 y 2016 a los que atribuye ilicitud. Este es el caso del financiamiento del empresario Dionisio Romero Paoletti, quien declaró el año pasado ante el fiscal Pérez que había entregado US$3′650.000 a Keiko Fujimori para la campaña del 2011. Para la fiscalía, este monto “tiene su origen en los hechos de fraude en la administración de personas jurídicas vinculada al grupo empresarial Romero, por intermedio de su presidente Dionisio Romero Paoletti”.
Según indica la fiscalía, se ha determinado que Romero, en su condición de presidente del directorio de Credicorp y presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú, infringió en su deber de usar el patrimonio de su representada “para el desarrollo de las actividades propias de la misma, tomó la decisión de realizar retiros de dinero en efectivo a través del Banco de Crédito del Perú, por US$3′650.000 con el propósito de entregarlos a la organización liderada por Keiko Fujimori”.
José Ugaz, abogado de Dionisio Romero, sostuvo que “una imputación así no tiene ningún sustento” y que “el delito [fraude en la administración de personas jurídicas] es un delito de acción privada”, es decir, que, para que pueda investigarse tiene que ser alegado por la persona afectada. “Era patrimonio de la compañía y está dentro de los límites de gastos que está autorizado a hacer la gerencia con la presidencia”, dijo.
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