El Gobierno de Perú evalúa declarar el estado de emergencia en el puerto limeño del Callao y la provincia norteña de Trujillo para combatir el incremento de casos de actividades ilegales de sicarios y extorsión, informó este miércoles (15.12.2021) el ministro del Interior, Avelino Guillén.
Antilavado de Dinero / DW.
«Necesitamos medidas severas e intensas. Está en evaluación la adopción de determinadas medidas que, por ahora, no puedo revelar. Pero sí tengo en claro que hay tal situación de impunidad y violencia que exige una respuesta más firme de parte del Estado», remarcó Guillén este miércoles en una rueda de prensa.
El funcionario dijo que llevará su planteamiento ante el Consejo de Ministros, ya que en localidades como el Callao, la provincia portuaria anexa a Lima, se reporta un clima «de extrema violencia».
La delincuencia y las organizaciones criminales se han incrementado en los últimos meses en Perú, hasta el punto de que los medios locales informan diariamente de robos, atentados y asesinatos en el país, principalmente en Lima y el Callao.
En ese sentido, Guillén dijo que también se analiza la posibilidad de desplegar a agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional para la vigilancia en el Callao y detectar la procedencia del tráfico ilegal de armas mediante acciones de inteligencia.
«Terrorismo extorsivo»
El ministro informó de que este martes visitó unos laboratorios donados por la embajada de Estados Unidos para uso de la Policía Nacional en el Callao, así como la central de emergencias del lugar, desde donde se hace una vigilancia electrónica de las zonas más peligrosas del puerto.
A pesar de ello, agregó que aún falta más equipamiento para las labores de seguridad, por lo que se está en proceso de lograr una mayor presencia policial en la provincia.
Guillén adelantó, además, que su sector evalúa proponer que la extorsión sea tipificada penalmente como «terrorismo extorsivo», para que se pueda aplicar las máximas sanciones a los que cometan este delito.
El ministro señaló que durante una visita que hizo a la región andina de Huancavelica se le informó de que el acoso de los extorsionadores ha provocado que varias empresas abandonen las obras que se realizan.
«Piden dinero a las empresas para permitirles trabajar. Hasta van al mismo domicilio de los empresarios para pedirles ‘cupos’ a cambio de dejarlas trabajar. Entonces, el empresario paga el cupo y deja de pagar impuestos o no hace la obra y se genera desempleo», dijo.
