El Gobierno de Perú comunicó que no aceptará la propuesta de la empresa OLI Lux (perteneciente al Grupo Odebrecht) de iniciar un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la cancelación en 2017 del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
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«En vista de hechos ilícitos y prácticas corruptas expresamente reconocidos por el Grupo Odebrecht en relación con el Proyecto GSP, el cual es el objeto de la demanda arbitral de OLI Lux, y mientras no se determine de forma certera el alcance de tales hechos y prácticas, no puede la Comisión Especial aceptar la propuesta de OLI Lux», informó el Gobierno en un comunicado.
La Comisión Especial es el órgano multisectorial encargado de representar al Estado en controversias internacionales de inversión.
En enero, Odebrecht anunció que OLI Lux había iniciado un proceso arbitral en el CIADI en el que exige el pago de 1.200 millones de dólares como indemnización.
El Gobierno peruano no sólo se niega a participar de la iniciativa de OLI Lux, sino que también afirma que, contrario a lo dicho por la constructora, esta no agotó todas las vías para buscar una solución amistosa.
«OLI Lux, a pesar de haber indicado que desplegó todos sus esfuerzos para que las partes puedan alcanzar acuerdos que permitan resolver sus diferencias, en ningún momento luego del año 2017 (año en el que presentó la Notificación de Disputa) se comunicó con la Comisión Especial (…) para buscar una solución amistosa a la disputa», expresó
Asimismo, asegura que de haber existido una «verdadera voluntad de buscar una solución al problema», habría contactado a la Comisión antes de tomar la decisión de ir ante el CIADI.
Por esta razón, dijo, «no es posible aceptar negociar con una empresa que utiliza medidas de presión en contra del Estado».
Asimismo, la Comisión Especial afirma que no dará declaraciones «sobre el curso del arbitraje», habiendo dejado su defensa en manos del estudio de abogados estadounidense Arnold & Porter.
