Expresidentes de Perú caen uno por uno y la clase política de la nación andina se tambalea y se asusta.
Opositores afirman que José Domingo Pérez, quien es el rostro de la investigación sobre corrupción que involucra a cuatro exjefes de Estado y docenas de funcionarios de menor nivel, lleva a cabo una persecución contra sus líderes.
El miércoles, la fiscalía a la que pertenece Pérez acusó a Ollanta Humala y su esposa de lavado de activos. El mes pasado, el antecesor de Humala se suicidó cuando iba a ser detenido por la policía y otro expresidente cumple arresto domiciliario.
Pese a que la fiscalía cuenta con una avalancha de pruebas, parlamentarios prometen dificultar el encarcelamiento de sospechosos sin cargos y algunos exigen la renuncia de Pérez tras el suicidio del exmandatario Alan García.
No obstante, la ciudadanía peruana, cansada de la corrupción y recelosa ante intentos previos de sacar a Pérez del camino, visten camisetas con su imagen.
En toda América Latina, abogados y jueces que luchan contra los actos cometidos en interés propio se han convertido en héroes populares. La exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, quien encarceló al presidente y al vicepresidente del país y al timonel del Banco de Guatemala, es candidata presidencial y está adelante en las encuestas.
Sergio Moro, quien encabezó la investigación brasileña sobre los sobornos realizados por el gigante de la construcción Odebrecht, se convirtió en enero en ministro de Justicia. Pérez, de 42 años, es el principal fiscal del equipo que aborda el caso Odebrecht en Perú y se ha convertido en el nuevo paladín judicial del país.
Frustración acumulada
«Han obtenido mucho apoyo porque la gente siente que expresan este deseo muy frustrado de justicia», comentó Hernán Chaparro, director de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos.
«Algunos podrían llamarlo populismo judicial, pero ellos terminaron llenando un vacío de liderazgo».
Durante más de una década, gobiernos latinoamericanos entregaron miles de millones a Odebrecht para construir aeropuertos, autopistas, ferrocarriles y embalses, pero la fiebre del oro se detuvo luego de que la policía federal brasileña que investigaba un fraude fiscal en un lavado de autos se encontrara con el rastro de sobornos de la constructora.
La empresa acordó con las autoridades de Estados Unidos en 2016 pagar la mayor multa por corrupción de la historia, lo que motivó a otros países a tomar medidas.
El equipo de Pérez ha abierto más de 30 casos y las pesquisas se agilizan después de que la fiscalía suscribiera un acuerdo con la compañía para obtener acceso a testimonios y documentos sobre pagos ilícitos.
Rastro de documentos
La fiscalía interrogó el mes pasado al exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y el ejecutivo habló de más de 40 millones de dólares en donaciones a campañas y sobornos.
Su testimonio, y la promesa de 4 mil páginas de evidencia, pueden conducir a más arrestos. El miércoles, Humala y su esposa, Nadine Heredia, se convirtieron en los primeros funcionarios peruanos en ser acusados.
Mientras tanto, la aprobación pública de la fiscalía encabezada por Zoraida Ávalos aumentó a un récord de 38 por ciento frente al 25 por ciento del mes anterior, en una encuesta publicada el 28 de abril por el Instituto de Estudios Peruanos.
Ávalos le pidió dinero al gobierno para ampliar el equipo de investigación y lo trasladó de una oficina ubicada cerca de una ruidosa vía del centro de Lima a un edificio frente a la bolsa de valores de la capital.
Sin embargo. desde el suicidio de García las críticas crecen y partidos de oposición buscan frenar los arrestos preventivos que según los fiscales evitan que los sospechosos huyan o entorpezcan las investigaciones.
Investigación fatal
Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, grupo político cuya líder, Keiko Fujimori, fue encarcelada como parte de la investigación, aseguró que las tácticas de Pérez provocaron el suicidio de García y el fiscal debe renunciar.
«No puedes poner a alguien en la cárcel y luego investigar a ver qué encuentras», señaló Salazar. «Esto es una persecución política».
Pérez se unió a la fiscalía en 2005 y se integró al equipo del caso Odebrecht en 2017. Rápidamente se hizo cargo de uno de los casos más controvertidos: la investigación a Keiko Fujimori, hija del exautócrata Alberto Fujimori y líder del partido con mayor presencia en el Congreso.
Pérez la acusó de lavar 1 millón de dólares de Odebrecht durante su campaña presidencial de 2011.
Encerrados
Fujimori niega las acusaciones, pero en octubre, Pérez consiguió una orden para encarcelar a ella y a su círculo íntimo durante tres años por intentar sabotear su investigación.
Durante una audiencia, el fiscal leyó textos en los que parlamentarios de Fuerza Popular debatían formas de desacreditarlo y «chancarlo».
La audiencia convirtió a Pérez en una estrella.
Luego vino García. El dos veces presidente se había mudado a Madrid tras fracasar en la carrera presidencial de 2016. Viajó a Lima en noviembre para ser interrogado por Pérez e inesperadamente se le impidió salir del país durante 18 meses.
La fiscalía asevera que García lideró un grupo de funcionarios corruptos durante su segundo gobierno, entre 2006 y 2011, cobrando sobornos y ayudando a Odebrecht a obtener contratos que incluían una línea de metro.
Un exfuncionario confesó haber recibido 1.3 millones de dólares de la constructora y entregar efectivo a García, a veces en el mismo palacio presidencial.
Mañana sangrienta
Un tribunal ordenó el arresto de García el 17 de abril junto con otras ocho personas. La policía llegó a su casa temprano esa mañana, pero antes de que pudieran arrestarlo, el exmandatario se disparó.
En una vigilia, Alfredo Barnechea, un exparlamentario del partido Apra de García, aseguró que el equipo de Pérez era parte de una «mafia judicial».
Dos días después, la orden de detención del expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue un punto de inflexión. El hombre de 80 años fue hospitalizado por una afección cardíaca cuando la policía llegó a esposarlo.
Políticos de todos los sectores declararon que encarcelarlo fue demasiado. Incluso el actual presidente de la nación, Martín Vizcarra, manifestó que la prisión preventiva ahora parece ser la regla y no la excepción.
Los fiscales cedieron y solicitaron arresto domiciliario. No obstante, congresistas de Apra alistan un proyecto de ley para acortar los plazos de prisión preventiva, que actualmente pueden llegar a 36 meses, y permitir la remoción de jueces que imponen la medida con demasiada frecuencia.
Pese la controversia, la investigación de Pérez es indestructible, indicó Gino Costa, parlamentario independiente.
«Va a avanzar lentamente, de batalla en batalla», sostuvo. «Esta es una demostración de la vitalidad de la democracia peruana. Eso demuestra que en el Perú nadie está por encima de la ley».
ALD/EF
