La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de diez años de prisión para el que fue comisario jefe en el Aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, y un total de seis meses de cárcel para Francisco Menéndez, el empresario que denunció lo que ahora se ha convertido en la macro causa Tándem sobre José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional. Los delitos: cohecho, prevaricación, y contra los extranjeros.
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Mientras, Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa, solicita hasta 15 años y medio de cárcel para Salamanca por un delito continuado contra los derechos de los extranjeros y otro delito continuado de cohecho, mientras insta que Menéndez sea condenado a dos años y tres meses por el cohecho.
Salamanca y Menéndez fueron procesados el pasado mes de noviembre por auto del juez Manuel García Castellón por la colaboración que habrían sostenido. Según relata el escrito de Anticorrupción, siendo el comisario jefe en el puesto fronterizo de Barajas, habría aceptado regalos y dádivas del empresario para facilitar que unos guineanos sin cumplir los requisitos entrasen en España y además, con trato VIP en el aeropuerto.
Constan en esa lista de regalos, relojes y coches de lujo, pero también entregas en metálico por los «servicios prestados en abuso de su condición» como «ordenar que se expidiera por su mera voluntad y de forma arbitraria la autorización administrativa excepcional del visado en frontera en al menos cuatro ocasiones entre los años 2012 y 2013, incumpliendo groseramente los requisitos legalmente».
En cuanto a Menéndez, es el administrador de una empresa denominada Framen Consultores. De acuerdo a la investigación, facturó a sus clientes de Guinea Ecuatorial «para que llevaran a cabo negocios ilícitos en España» más de 17,1 millones de euros en 2011 y otros 4,2 millones en el año 2012 por servicios «irreales».
Actuaba «a modo de cortafuegos para enmascarar el origen del dinero procedente de sus socios guineanos y con objeto de recabar la prestacion de servicios de apoyo para dichos clientes» que solo se podían prestar «mediante el abuso de la condición policial», se reunió con Salamanca, que entonces era el jefe del puesto fronterizo en el Aeropuerto de Barajas y desde 2016, comisario jefe de la Unidad de Fronteras. Los hechos que se investigan abarcan hasta 2015.
