Piden al Gobierno garantías de no repetición, pues no es posible que en cada operativo como el del “Jueves negro” el estado sea tomado por la delincuencia.
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Ante la violencia que cimbró Sinaloa el jueves 5 de enero con la captura de Ovidio Guzmán, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) exigió al gobierno mexicano el desmantelamiento de estructuras financieras y políticas de organizaciones criminales.
Y aunque admite la importancia de las capturas de líderes criminales, al mismo tiempo señala la importancia de frenar también el libre e ilegal tráfico de armamento.
“Ante esa responsabilidad que tenemos como consejo ciudadano, queremos expresar públicamente las demandas y la autocrítica por los hechos que cimbraron a Sinaloa el 5 de enero, pero también por las causas que hacen posible que la tranquilidad se rompa de esa manera”, detalló el Consejo General del CESP y enumeró una serie de demandas.
Al Gobierno de México:
- Que si bien son importantes las capturas de líderes del crimen organizado, exigimos que desmantele sus estructuras financieras y políticas, así como el libre e ilegal flujo de armamento.
- Que con la misma prioridad presupuestal otorgada a los cuerpos policiales y militares, se fortalezca la prevención del delito, corrigiendo de una buena vez las causas que lo generan.
- Que se informe la verdad, con plena transparencia, de las víctimas civiles que resultaron del operativo, así como del costo patrimonial para los ciudadanos.
- Que sin regateos se les repare el daño a las víctimas civiles y a sus familias, ajenas al operativo, y se les restituyan las afectaciones patrimoniales.
- Que para este proceso se personalice en Sinaloa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación para que tome responsabilidad.
- Que brinde garantía de no repetición, pues no es aceptable que cada vez que ocurra un operativo de esta magnitud, el territorio del estado sea tomado por la delincuencia.
- Que garantice la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico, ya que nueve reporteros fueron agredidos en la cobertura del 5 de enero.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
- Que al ser la instancia competente para salvaguardar los derechos fundamentales, haga lo propio porque a la fecha no ha actuado sobre las vejaciones de las cuales fueron victimas los Culiacanenses ante el operativo implementado por las fuerzas federales.
Al Gobierno de Sinaloa:
- Que eficientice puntualmente sus procesos de comunicación útil en casos de enfrentamientos. El Ejecutivo estatal no debe dejar vacíos de información que sólo generan incertidumbre y permiten el espacio para noticias falsas, como ocurrió el jueves 5 de enero y como también sucedió el jueves 17 de octubre de 2019.
- Que actúe con interés y presupuesto importante en la prevención del delito del fuero común. En la incidencia delictiva de Sinaloa confluyen una serie de delitos que han dañado el tejido social, lo que a la postre de alguna manera ha fortalecido al crimen organizado.
- Que en caso de enfrentamientos atienda con prontitud el resguardo y auxilio de la ciudadanía de manera proactiva, no reactiva.
- Que a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Sinaloa se brinde atención y apoyo oportuno a las víctimas de estos hechos en coordinación con la Comisión federal.
- Que fortalezca con prontitud a las corporaciones de Seguridad Pública, tanto a nivel estado como municipal, pues la falta de protocolos claros para la contención de la delincuencia, dan muestra de la debilidad que se tiene ante hechos violentos como los de 2019 y del 5 enero pasado.
A la Fiscalía General del Estado:
- Que cree una mesa especial de Ministerio Público para la atención pronta y expedita a las víctimas del 5 de enero, así como para su seguimiento puntual hasta que cada uno de los casos haya quedado resuelto o concluido.
- Que fortalezca y sea proactiva en la investigación del narcomenudeo, delito de su competencia, para abatir uno de los ingresos ilegales con que se financian las estructuras del crimen organizado.
Al Gobierno de Culiacán:
- Que investigue la labor de la Secretaría de Seguridad Pública municipal durante los acontecimientos del 5 enero, dado el consenso entre la ciudadanía que advierte que no hizo acto de presencia. Lo que quedó de manifiesto con la serie de saqueos registrados.
A las Diputadas y Diputados de Sinaloa:
- Que despierten y actúen. Su participación tras el jueves 5 de enero ha sido pasiva. Como representantes de los sinaloenses, les exigimos liderazgo. Su posición es la indicada para lanzar una Gran Convocatoria Pública para corregir la situación de inseguridad de Sinaloa, dejando de lado las agendas partidistas.
Por todo lo anterior, el llamado final es a todas las y los sinaloenses para que seamos autocríticos y pongamos cada quien de nuestra parte.
“Tenemos que vivir en una democracia que respeta el Estado de Derecho y la convivencia con las demás personas: en la familia, en la colonia, en el trabajo, en la calle y en todos los espacios públicos donde interactuamos con otras personas”, insiste el consejo ciudadano.
Incluso pide a la ciudadanía no hacer negocios con empresarios o prestanombres de la delincuencia organizada, no consumir sus productos o servicios ni invertir con ellos, mucho menos otorgarles nuestra confianza.
