La paralización del debate migratorio en el Congreso dejó al gobierno de Joe Biden con un estrecho margen de maniobra para responder a la crisis que se vive en la frontera con México, donde en los últimos tres años millones de inmigrantes indocumentados han llegado en busca de asilo tras huir de sus países de origen.
La paralización del debate migratorio en el Congreso dejó al gobierno de Joe Biden con un estrecho margen de maniobra para responder a la crisis que se vive en la frontera con México, donde en los últimos tres años millones de inmigrantes han llegado en busca de asilo.
Si bien la mayoría han sido deportados porque no tenían una causa válida de asilo o una razón legal para permanecer en Estados Unidos, más de 2 millones de casos han sido referidos a la Corte de Inmigración, que en enero de 20201 tenía 1.2 millones de casos acumulados y ahora la cantidad de expedientes supera los 3 millones.
A principios de febrero un grupo bipartidista de senadores que desde octubre del año pasado venía trabajando en un proyecto de ley respaldado por la Casa Blanca, pretendía aprobar $20,300 millones para aumentar la seguridad en la frontera, contratar más de 2,600 agentes de inmigración, 4,300 agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y crear 100 nuevos tribunales de inmigración, entre otras medidas.
Cuando el plan iba a ser sometido a voto, los republicanos cancelaron el acuerdo, que tampoco tenía garantizados los 51 votos demócratas, entre ellos 3 independientes.
Días después, circularon versiones de prensa, citando fuentes de la Administración, quienes indicaban que el gobierno analizaba “opciones ejecutivas” para responder a la crisis y silenciar las críticas de la oposición republicana por el manejo de la crisis en la frontera con México.
Otra vez las fuentes anónimas
Este martes, un segundo informe publicado por la cadena de noticias NBC, señala que el gobierno de Biden busca hacer más difícil para los inmigrantes pedir y obtener asilo en la frontera sur. Y que entre los cambios al reglamento se incluye modificar el procedimiento de evaluación inicial en la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo de impulsar una política de deportaciones aceleradas de aquellos extranjeros que no reúnan los requisitos de asilo.
La pregunta que se hacen abogados de inmigración es cómo lo hará el gobierno. “La ley de asilo político vigente, obviamente fue aprobada por el Congreso”, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de derecho migratorio en la Universidad de California, en San Diego. “Si la pregunta se refiere al reglamento, este sí se puede modificar cambiarse y de hecho han tratado de hacerlo muchas veces, pero seguimos en la misma situación, la gente sigue llegando les apruevben o no sus casos de asilo”.
A la pregunta si basta con procesar los casos en la frontera de manera rápida y acelerar las deportaciones de aquellos que no califiquen bajo nuevos reglamentos, como señalan algunas versiones de prensa, Velásquez respondió que “no creo que eso pueda suceder, porque el debido proceso es intachable”.
“No se puede aceptar que sean los inspectores o agentes fronterizos sean quienes determinen quién califica o no para obtener asilo. No están capacitados (los guardias de la frontera). Y el servicio de inmigración no tiene tantos agentes de asilo para procesar tantos casos que a diario llegan. Por más que el gobierno quiera cambiar todo esto, no es posible”, indicó.
¿Respuesta de campaña?
Univision Noticias preguntó a la Casa Blanca y al liderazgo demócrata del Senado sobre los planes de cambio y no hubo ni negaciones, ni tampoco afirmaciones al respecto. Sólo silencio.
“Lo que nosotros vemos es que, por un lado, el gobierno está tratando de responder al fracaso de las negociaciones migratorias bipartidistas en el Senado y, por el otro, responder a las acusaciones por mal manejo de las crisis que lanzan los republicanos en medio de la campaña”, dice Velásquez.
“Pero de lo que se olvidan es que la ley es la ley y todos tenemos que respetarla. Tenemos una obligación por ser parte del tratado de refugio de asistir a estas personas, protegerlas, cuidarlas y tratarlas con toda humani8dad”, agrega.
Velásquez dice además que, “lo que vemos es que no saben qué hacer. Los reclamos y advertencias de cerrar la frontera es política. Y cualquier cambio en esta dirección que se haga, quedará sujeto a batallas en los tribunales por justicia para defender el debido proceso migratorio”.
La ley actual señala que cualquier persona que llega a la frontera puede pedir asilo. Pero el gobierno de Biden, en enero del 2023, cambió la regla indicando que algunos deben tener un patrocinador autorizado (en el caso de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) y el resto debe utilizar la aplicación CBP One y postularse en cualquier beneficio legal disponible para ingresar a Estados Unidos.
“Pero si entra de manera ilegal, puede ser deportado por no tener una causa legal de permanencia en el país”, advirtió José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Esta regla, sin embargo, está sujeta a la decisión que vaya a tomar una corte federal de Distrito”, advirtió.
El camino probable de Biden
Entonces, ¿qué camino le queda disponible a Biden que lo aleje de probables demandas los tribunales de justicia? “Lo que ya hizo en marzo de 2022”, dice Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, sur de Florida. “Ordenar los casos, dirigirlos hacia lugares específicos y procesarlos dentro de un tiempo razonable”.
Leal señala que el gobierno “sí puede cambiar el procedimiento de asilo” y que “lo ha hecho en estos tres años. “Lo que no puede cambiar es el requisito legal para poder calificar para el asilo”, puntualiza.
Pone como ejemplo una regla implementada en marzo de 2022 para el manejo de casos en la frontera en respuesta al desmantelamiento del Título 42, que permitió la deportación de cientos de miles de extranjeros por la pandemia del COVID-19, incluyendo a peticionarios de asilo.
“Bajo estas reglas el gobierno se comprometió a celebrar citas de miedo creíble en cinco días y luego, en un periodo entre 21 y 45 días procesar sus casos de asilo. SI la persona calificaba, era referida a un tribunal de inmigración. De lo contrario era deportada”, indicó.
“Me imagino que están considerando esta regulación incluida en el Código Federal. Es una manera de responder al problema de la frontera de manera inmediata, aunque no sé ti tendrán los recursos necesarios para implementarla”, previno.
El tema de los recursos fue contemplado en el plan migratorio bipartidista del Senado que asignaba fondos para contratar 4,300 nuevos agentes de asilo de USCIS y 2,600 nuevos agentes para Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
