El pedido es también para otras doce personas. Se les imputa haber montado una estructura financiera para dotar de apariencia lícita 160 millones de dólares, provenientes de fondos que las empresas del Grupo Báez percibieron del Estado nacional, entre los años 2005 y 2009.
Antilavadodedinero / Mdzol
El fiscal Gerardo Pollicita le solicitó al juez Julián Ercolini la elevación a juicio de la causa en la que está procesado el financista K Ernesto Clarens junto a otras personas por haber lavado 160 millones de dólares que al cambio oficial de entonces representaba más de 504 millones de pesos provenientes de obra pública vial, entre los años 2005 y 2009.
Según el dictamen de 140 páginas del fiscal al que MDZ tuvo acceso, “Lázaro Báez recurrió a Ernesto Clarens para instaurar conjuntamente una compleja ingeniería financiera -en la que intervinieron el resto de los imputados- con el objeto de dotar de apariencia lícita a los fondos que las empresas del Grupo Báez percibían del Estado nacional a través del fraude en la obra pública vial por el que está acusado en la referida causa conexa”.
Así las cosas, Pollicita entiende “que existe una íntima conexión entre la asociación ilícita, el fraude a la administración pública y el lavado de activos aquí investigado, ya que en esta causa se ha podido comprobar que, una vez sustraídos los fondos al Estado nacional mediante el fraude en la obra pública vial, se recurrió a un proceso de distanciamiento y reciclaje para permitir a Lázaro Antonio Baéz, organizador de la asociación ilícita y beneficiario de los fondos, disponer libremente de ese dinero”, señaló.
Recordó el representante del Ministerio Público Fiscal que la maniobra ilícita imputada se enmarca en el contexto de la asociación ilícita que tiene como principales imputados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez, quienes son juzgados actualmente ante el Tribunal Oral Federal N°2.
En el dictamen se sostuvo que Lázaro Báez dueño de Austral Construcciones, -contratista del Estado nacional- “recurrió a Ernesto Clarens y juntos desarrollaron un complejo mecanismo de lavado de activos, valiéndose de la contribución del resto de los imputados, basado en la celebración ficticia de sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a dotar de apariencia lícita a más de quinientos millones de pesos -ciento sesenta millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces- y convertirlos a dinero en efectivo”.
Cómo fue la maniobra desarrollada
El primer paso de la maniobra según refiere la fiscalía, consistió en canalizar, al menos, 790 millones de pesos desde Austral Construcciones hacia la firma Gotti S.A. lo que permitió a la primera empresa desviar a la segunda más de un cuarto de sus ingresos, convirtiéndola en una sociedad puente, para poner los fondos a disposición de Clarens, quien controlaba la financiera Invernes S.A., que tenía delegado el manejo financiero de Gotti.
Luego, los imputados consiguieron la salida contable de los fondos hacia afuera del Grupo Báez, para lo cual simularon costos inexistentes que aparentaron ser operaciones -documentadas en facturas de 65 proveedores distintos- por 677 millones de pesos, vinculadas a gastos comunes de las obras públicas encomendadas a Gotti.
Una vez obtenida la salida contable de los fondos hacia empresas ajenas al Grupo Báez, el tercer paso de la maniobra diseñada por Báez y Clarens consistió en el canje de los cheques librados en virtud de aquellas facturas apócrifas en financieras -la principal de ellas, COFICRED, controlada por el propio CLARENS-, lo que posibilitó interponer otro paso más en el distanciamiento de los fondos y convertirlos en efectivo, dificultando su trazabilidad.
Para finalizar su dictamen consideró que teniendo en cuenta la gravedad institucional que representan los ilícitos descriptores y los compromisos internacionales asumidos por la argentina en materia de lucha contra la corrupción “se impone el pronto avance de este proceso hacia la etapa de debate oral”.
