Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Unión Europea (UE) y a sus estados miembros imponer sanciones individuales contra el dictador Daniel Ortega y seis altos mandos de la Policía Orteguista (PO), responsables de graves violaciones de derechos humanos contra los nicaragüenses en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril del año pasado.
La exdirectora de la PO, Aminta Granera; el subdirector general Ramón Avellán y los comisionados generales Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina son los funcionarios orteguistas propuestos por HRW para ser sancionados por la UE.
Las sanciones incluirían prohibirles el ingreso a países europeos y el congelamiento de activos.
La solicitud de HRW es parte de una carta enviada a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, en el marco del reciente informe presentado por dicho organismo sobre la represión cometida por policías y parapolicías en Nicaragua.
“El presidente Daniel Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su gobierno trabajó tan arduamente para desmantelar”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“La presión internacional intensa y persistente, incluso a través de sanciones dirigidas contra altos funcionarios implicados en graves violaciones de derechos humanos, es clave para poner fin a los abusos generalizados”, agregó Vivanco.
Estados Unidos y Canadá ya impusieron sanciones individuales contra 11 funcionarios del régimen orteguista, entre ellos la vicepresidente y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y su hijo Laureano Ortega Murillo. Sin embargo, este paquete de sanciones no incluyeron directamente a Ortega.
El informe de HRW detalla los abusos cometidos contra 23 personas, así como procesos judiciales y detenciones arbitrarias.
“Quisiéramos subrayar que el principio de jurisdicción universal podría aplicarse a graves violaciones de la Convención de la ONU contra la Tortura”, señaló la misiva de HRW.
Piden condicionar apoyo presupuestario
En la misiva dirigida a Mogherini, HRW expuso que numerosos manifestantes detenidos durante las protestas “fueron sometidos a graves abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, incluidas descargas eléctricas, violentas golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual”, y reiteró que las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades “permanecen impunes”.
Además de la sanciones individuales contra altos mandos policiales, HRW pidió a la UE “condicionar todo apoyo presupuestario, particularmente el restablecimiento del financiamiento a la policía”.
El organismo internacional de derechos humanos también exhortó al régimen de Daniel Ortega a crear una unidad especial que, junto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, “supervise la investigación de los delitos más atroces que han ocurrido en el contexto de las protestas”.
Por otra parte, HRW exhortó a la dictadura orteguista a que realice esfuerzos que sean verificables para “desmantelar las bandas armadas partidarias del gobierno (paramilitares) y procesar penalmente a sus integrantes”.
HRW considera que la presión internacional contra el régimen de Daniel Ortega es indispensable “para terminar con las violaciones de derechos humanos generalizadas, permitir que los ciudadanos nicaragüenses regresen del exilio, poner fin a la censura y restablecer la independencia judicial en Nicaragua”.
Los 11 sancionados
El primer funcionario sancionado bajo la Ley Magnitsky fue el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas; seguido del jefe de la Policía, Francisco Díaz; el tesorero del régimen, Francisco López, y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. Luego, la vicepresidente designada, Rosario Murillo; su hijo Laureano Ortega y el asesor de Seguridad, Néstor Moncada Lau. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, y Orlando Castillo, director de Telcor, fueron los últimos sancionados.
ALD/LaPrensa
