El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada dictó ocho meses de impedimento de salida contra el excandidato presidencial Julio Guzmán, investigado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht.
Antilavadodedinero / diariocorreo
De este modo, dicha instancia judicial declaró fundado el requerimiento formulado por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial.
Asimismo, el Poder Judicial dispuso que se oficie a la autoridad administrativa competente para su registro y cumplimiento inmediato.
La fiscalía consideró que el viaje de Julio Guzmán a Estados Unidos para dictar clases en la Universidad de Yale, tras dejar la presidencia del Partido Morado, confirmaba la existencia de un “riesgo procesal”, por lo que decidió solicitar la medida restrictiva.
“Que a ello se debe aunar, el dato objetivo y cierto, proporcionado por la propia ONPE, que existen dos aportes de campaña realizados por la empresa METCO TRADING, de los cuales su representante legal, Juan Wilfredo Nuñez Marin, sólo reconoce haber efectuado uno de ellos, encontrándose en cuestionamiento el otro aporte declarado, desconociéndose, por el momento, su origen, pudiéndose inferir a este nivel de la investigación que dicha suma de dinero provendría de la supuesta entrega efectuada por la empresa Odebrecht, tal como sostiene la Fiscalía”, detalló.
Como se recuerda, en agosto de 2020, el equipo especial Lava Jato abrió diligencias preliminares contra Julio Guzmán y los que resulten responsables por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht.
La decisión de abrir investigación contra Guzmán fue a raíz de la denuncia presentada por el ciudadano Carlos Huerta Escate, basada en una publicación del diario Exitosa del 30 de enero de 2019.
Dicho medio dio cuenta sobre una declaración del excongresista del Frente Amplio Humberto Morales, quien pidió investigar a Julio Guzmán por un presunto aporte de U$400 mil que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña presidencial con miras a las elecciones generales del 2016.
