El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas va a subastar más de 500 relojes de distintas gamas, agrupados en 108 lotes diferentes, procedentes de diversas sentencias, y de marcas como Cartier, Rolex, Bulgari, Jaguar, TAG Heuer, IWC Schaffhausen, Omega, Breitling o Viceroy.
Así lo anunció este lunes el gabinete de Mónica García en un comunicado en el que recordó que la Delegación del Gobierno gestiona el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados y que dicho fondo está integrado por los bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros delitos relacionados y, de esta forma, los activos que llegan al mismo se pueden enajenar y liquidar a través de subasta pública.
En concreto, se subastarán 68 lotes de relojes de alta gama, en los que cada lote se compone de un único reloj, 40 lotes de relojes de media y baja gama, lotes que en algunos casos son de una única unidad y en otros incluyen varias unidades de relojes similares.
Cada lote a subastar ha sido previamente valorado por una empresa especialista en el sector de la joyería y relojería para la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, detallándose su marca y modelo, características, funciones y estado actual.
La comercialización de todo este material se realizará a través de una subasta electrónica, en la que podrá participar cualquier persona física o jurídica de acuerdo con el pliego de condiciones de la subasta, que estará abierta a pujas hasta el 12 de septiembre, con presentación en directo en YouTube el 9 de septiembre a las 20.00.
En cada caso, se ha establecido un pliego de condiciones a disposición de los potenciales interesados, quienes para participar deberán depositar la garantía solicitada previamente a la subasta.
El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico.
Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos.
Según cálculos del ministerio, en los últimos años, aproximadamente el 70% de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 30% a la reducción de la oferta, incluyendo persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras.
