La Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió cambiar la composición de la sala que procesará a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos a partir del próximo 1 de julio, según una resolución publicada este jueves en el diario oficial El Peruano.
La entidad judicial dio por concluida la designación del juez Raúl Caballero Laura en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional e incorporó a Juana Caballero García, a quien designó como presidenta de la sala.
Caballero García también integrará el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, precisó la resolución administrativa.
La jueza Nayko Coronado Salazar, quien era presidenta de la sala hasta el miércoles, y su colega Max Vengoa Valdiglesias permanecen asimismo como integrantes del juzgado.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional programó para el 1 de julio próximo la instalación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 imputados por el delito de lavado de activos.
El juicio oral contra Fujimori responde a los millonarios aportes que presuntamente recibió de empresas como la brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, y en las que su entorno más cercano en el partido Fuerza Popular participó aparentemente como intermediario.
Para justificar ese dinero en las cuentas del partido, los comandos de campaña organizaron cócteles con simpatizantes, de ahí que el juicio esté denominado como el Caso Cócteles, y también recurrieron a amigos y conocidos para que simulen el aporte de grandes sumas de efectivo.
El exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró en 2018 a la Justicia peruana que entregó 1,2 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en 2011, así como lo hizo con los entonces candidatos y expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Agencia EFE
jue, 7 de marzo de 2024, 12:11 p. m. GMT-4·2 min de lectura
Lima, 7 mar (EFE).- La Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió cambiar la composición de la sala que procesará a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos a partir del próximo 1 de julio, según una resolución publicada este jueves en el diario oficial El Peruano.
La entidad judicial dio por concluida la designación del juez Raúl Caballero Laura en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional e incorporó a Juana Caballero García, a quien designó como presidenta de la sala.
Caballero García también integrará el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, precisó la resolución administrativa.
La jueza Nayko Coronado Salazar, quien era presidenta de la sala hasta el miércoles, y su colega Max Vengoa Valdiglesias permanecen asimismo como integrantes del juzgado.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional programó para el 1 de julio próximo la instalación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 imputados por el delito de lavado de activos.
El juicio oral contra Fujimori responde a los millonarios aportes que presuntamente recibió de empresas como la brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, y en las que su entorno más cercano en el partido Fuerza Popular participó aparentemente como intermediario.
Para justificar ese dinero en las cuentas del partido, los comandos de campaña organizaron cócteles con simpatizantes, de ahí que el juicio esté denominado como el Caso Cócteles, y también recurrieron a amigos y conocidos para que simulen el aporte de grandes sumas de efectivo.
El exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró en 2018 a la Justicia peruana que entregó 1,2 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en 2011, así como lo hizo con los entonces candidatos y expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
A raíz de los cargos, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido 30 años y 10 meses de prisión contra la heredera política del expresidente Alberto Fujimori, excarcelado a raíz de un indulto, y la disolución del partido Fuerza Popular, bajo el argumento de que ha sido creado por una presunta organización criminal.
En una ceremonia pública en enero pasado, la excandidata presidencial dijo que «finalmente este proceso, que llega a su etapa final, es en parte el camino para acabar con tantas injusticias”.
“Estuve tres veces injustamente en prisión, más de 16 meses alejada de mis hijas, y no solamente quien habla. Más de 40 personas de Fuerza Popular hemos sufrido una serie de abusos”, declaró la también excongresista.
Añadió que si algo les ha caracterizado, en este proceso, ha sido “siempre dar la cara”.
