La Policía Federal de Brasil inició este jueves una nueva fase de la operación Lava Jato para investigar posibles fraudes en operaciones de cambio contratadas por la petrolera estatal Petrobras con un banco de Sao Paulo entre 2008 y 2011.
AntilavadoDeDinero / EFE
Cerca de 110 agentes cumplen 25 órdenes de allanamiento en domicilios de los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo en busca de pruebas para avanzar en las investigaciones, según informó la Policía Federal en un comunicado.
La justicia también determinó el bloqueo de activos financieros de los investigados en cuentas de Brasil y el exterior hasta un límite de 97,6 millones de reales (18,4 millones de dólares).
El caso se refiere a una supuesta red corrupta que se calcula que causó un perjuicio a las arcas públicas de más de 18 millones de dólares mediante transacciones fraudulentas de compra y venta de moneda extranjera entre 2008 y 2011.
De acuerdo con la Policía Federal, los investigados inflaban los precios de las operaciones de cambio por encima del valor del mercado para aumentar el margen de beneficio del banco, cuyo nombre no fue divulgado, pero la prensa local señaló que se trata del Banco Paulista.
Ese beneficio extra se lo dividían entre «empleados de la institución financiera» y «operadores» de Petrobras, que recibían los pagos en concepto de sobornos a cambio de realizar los negocios con el citado banco de Sao Paulo.
La Policía Federal brasileña estima que la trama realizó transacciones de cambio que totalizaron «más de 7.000 millones de reales» (1.320 millones de dólares).
Asimismo, también indaga la posible práctica de delitos de blanqueo de capitales por medio empresas inscritas en paraísos fiscales, la compra sobrefacturada de inmuebles y negocios, o mediante contratos ficticios para la prestación de servicios firmados entre el banco y empresas de los sospechosos.
En Brasil, la operación Lava Jato investiga desde 2014 los millonarios desvíos de recursos ocurridos en el seno de Petrobras, la mayor empresa del país, en una vasta red corrupta que ha llevado a prisión a numerosos empresarios y políticos.
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El caso no se limitó a Brasil y se expandió por otra decena de países de Latinoamérica y África, cuyas autoridades aún investigan el pago de sobornos a sus políticos por parte de empresas.
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Sin embargo, los fiscales de la Lava Jato, cuyo centro de operaciones se encuentra en la ciudad brasileña de Curitiba (sur), viven su momento más difícil, cercados por las críticas internas y externas por su presunta falta de transparencia y parcialidad en las investigaciones.
Tras varios días de incertidumbre, la Procuraduría General de Brasil decidió prorrogar cuatro meses más los trabajos de la Lava Jato, que expiraban este mismo jueves.
