La Policía brasileña realizó este martes una operación anticorrupción en el marco de una investigación de desvío de recursos destinados para la salud en los estados de Sao Paulo (sudeste) y Pará (norte), la cual tiene lugar en medio de la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus.
AntilavadoDeDinero / EFE
En total, la Policía cumple 260 órdenes de allanamiento y 57 de prisión temporal, la mayoría de ellas en los estados de Sao Paulo, el más rico y poblado del país con 46 millones de habitantes, y en el amazónico de Pará en la denominada Operación Raio X, que cuenta con el apoyo del Ministerio Público (fiscalía).
De acuerdo con las investigaciones, que comenzaron hace dos años, la red desviaba «millones», sin cuantificar todavía el monto, usando algunas instituciones filantrópicas que administran algunos hospitales públicos y sus dueños son acusados de pagar coimas para beneficiarse con contratos y licitaciones.
En Pará, la Policía Federal cumplió órdenes de allanamiento en el despacho del gobernador Helder Barbalho y sus secretarios de Transportes, Antonio de Padua, y de Minas y Energía, Parsifal de Jesús Pontes, mientras que el asesor Leonardo Maia Nascimento fue preso en el operativo.
En ese amazónico estado, las autoridades sospechan de fraudes en hospitales administrados por organizaciones de caridad, incluso de algunos de campaña creados durante la pandemia por el COVID-19.
En Sao Paulo, las autoridades allanaron un gabinete de la Cámara Municipal de Concejales y una de las dependencias de la Secretaría de Salud regional.
Según las autoridades, uno de los investigados por liderar los fraudes es un asesor del concejal Eliseu Gabriel, pero la Policía Civil aclaró que el legislador municipal no está en la lista de investigados.
En la Secretaría de Salud, por su parte, se sospecha de la participación de una médica y de una abogada en la red.
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Algunas de las órdenes de allanamiento y detención se realizan también en los estados de Minas Gerais (sudeste), Mato Grosso do Sul (centro-oeste) y Paraná (sur) y los implicados deberán responder por los cargos de fraude en licitación, falsedad ideológica, peculado, corrupción pasiva y activa, lavado de dinero y organización criminal.
En el operativo participan agentes de la Policía Civil de Sao Paulo, de la Policía Federal y del Ministerio Público.
