Nuevas voces se alzaron esta semana en Perú para exigen la renuncia de la fiscal general, Patricia Benavides marcado por supuestas irregularidades que van desde mentir con sus títulos universitarios hasta encubrir a personajes poderosos de la política, la justicia o el crimen.
Centro parlamentario Susel Paredesque investiga la forma en que Benavides obtuvo su maestría y doctorado en derecho, propuso la renuncia como salida al fiscal, quien se niega a mostrar las tesis que confirman sus logros académicos.
Pero el titular del Ministerio Público, que Todo lo atribuye a las revanchas por su protagonismo en las acciones contra el derrocado presidente Pedro Castillono solo insistió en que sus logros académicos son válidos, sino que dejó entrever que no hay posibilidad de que renuncie.
“A través de mi persona se pretende deslegitimar a la institución que hoy represento y eso no lo voy a permitir (…). No me dejaré usar como chivo expiatorio por quienes quieren un Ministerio Público sujeto a sus intereses y caprichos personales”, dijo Benavides en un discurso.
Benavides, de 54 años, ha estado bajo el escrutinio público desde que asumió el cargo el año pasado y, en una de sus primeras jugadas, reemplazó a un fiscal que investiga a su hermana Emma, una jueza acusada de liberar narcotraficantes a cambio de dinero.
Las investigaciones periodísticas también encontraron indicios de las relaciones de Benavides con “Los Cuellos Blancos”, una poderosa banda integrada por jueces, fiscales y abogados litigantes para negociar fallos y dictámenes.
El insólito protagonismo de la Fiscalía contra Castillo, a quien se le abrieron investigaciones que no habían sido permitidas para los presidentes de turno, provocó que diversos sectores acusaran a su jefe de maniobras para ganarse los favores de la derecha y protegerse de posibles juicios en su contra.
“El (actual) fiscal general no tiene autoridad moral para acusar a nadie”lamentó el politólogo Alonso Cárdenas.
Una de varias de estas polémicas tiene que ver con la maestría y doctorado que supuestamente Benavides cursó en la universidad Alas Peruanas, la cual ahora está cerrada por las autoridades por la mala calidad académica y cuyos dueños están inmersos en un caso de lavado de dinero muy publicitado. . que podría estar relacionado con el narcotráfico.
Según datos biográficos, el ahora fiscal Hizo sus estudios, que engrosaron su currículum para llegar al puesto, en muy poco tiempo. Tan breve, que para analistas como Rosa María Palacios resulta sospechoso. Además, ninguno de los que supuestamente eran sus compañeros de clase la recuerdan como alumna.
Paredes, quien ha hecho una minuciosa investigación, buscó revisar las tesis, pero la universidad no se las entregó porque dice que se perdieron. La fiscal afirma que sí las tiene, pero no las divulgará porque sus adversarios, a los que acusa de buscar la popularidad, “solo quieren burlarse”.—
“Yo sí controlo, no un circo. No se espera silencio de un funcionario, sino comunicados. Buscar la verdad no es burlarse de ellos”, comentó Paredes, quien desde antes de entrar en política fue popular como actriz de televisión y activista LGTBI, por lo que ha respondido con ironía al argumento de que quiere hacerse famosa.
La tesis, sin embargo, es solo una de las irregularidades que se le atribuyen a Benavides, pues sus críticos sostienen que hay otras aún peores.como la supuesta inacción de la Fiscalía para investigar las cerca de 50 muertes ocurridas en las recientes protestas populares tras la destitución de Castillo.
Como documentó esta semana la revista Hildebrandt en su Trece, el fiscal de la causa, Marco Huamán, no ha practicado ni un solo interrogatorio, con el argumento “inverosímil” de que no se ha identificado a los policías y militares que intervinieron en la represión.
“Hechos y documentos comprometen al Ministerio Público en un pacto por la impunidad”, dijo el semanario en un reportaje de investigación. Las principales acusaciones en la represión apuntan contra la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Gobierno Alberto Otárola, contra quienes se abrieron investigaciones que, sin embargo, se encuentran paralizadas.
Los cuestionamientos a la fiscal general comenzaron desde que asumió el cargo y testigos confirmaron que la jueza Emma Benavides negoció sentencias con mafiosos. El caso lo llevó una fiscal de muy buena reputación, Betsabé Revilla, pero fue destituida y todo quedó en nada.
El entonces flamante titular de la Fiscalía también desmanteló de inmediato el equipo que investigaba las ramificaciones de “Los Cuellos Blancos”, uno de cuyos principales integrantes, Antonio Camayo, está documentado por tener contacto frecuente con ella desde hace algún tiempo.
El clamor por la renuncia de la titular del Ministerio Público se reactivó en marzo, cuando fue condecorada por el alcalde de Lima, el conservador Rafael López Aliaga, pese a que la ley prohíbe a los miembros de la Fiscalía recibir favores de esos , como el alcalde, son objeto de investigaciones, en su caso por presunto blanqueo de capitales.
La ola de sospechas continuó en las últimas semanas, cuando Benavidestras la extradición desde Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo, se acercó a él para supuestamente ofrecerle un acuerdo de cooperación.
Entre las muchas personas que señalaron que Benavides no tiene competencia directa con Toledo estaban el fiscal del caso, José Domingo Pérez, y el coordinador de fiscales anticorrupción, Rafael Vela, a quienes se abrió un proceso disciplinario interno en respuesta.
En el Congreso, mientras tanto, los partidos de derecha radical que controlan la entidad y que apoyan a Boluarte han cerrado filas a favor de Benavides, de quien dicen es víctima de los “caviares”, como llaman despectivamente a sectores de centro y centroizquierda. .
En ese marco, el Congreso inició acciones por supuestas irregularidades contra una de las más prestigiosas integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, que, según la oposición, tiene como objetivo deshacerse de quien es un reconocido objetor de Benavides.
