Un bufete de abogados al que fichó el régimen de Nicolás Maduro por 12,5 millones de dólares para tratar de sortear sanciones y, en última instancia, establecer un contacto indirecto con el gobierno de Donald Trump ha cedido a la presión de un grupo de senadores republicanos y ha roto el contrato.
Antilavadodedinero / ABC
Este diario informó de la existencia de ese contrato el 18 de enero, después de que este se publicara en la base de datos de lobistas del departamento de Justicia de Estados Unidos.
El contrato lo firmó, por la parte venezolana, el Procurador General del régimen de Maduro, Reinaldo Muñoz Pedroza. Desde que Juan Guaidó jurara el cargo de presidente encargado hace un año, la Casa Blanca ha aumentado las sanciones contra el régimen y ha presionado a sus socios europeos para que hagan lo mismo.
Por eso sorprendió a destacados políticos republicanos que un bufete norteamericano cobrara esos 12,5 millones de dólares (11,2 millones de euros) por trabajar para un régimen al que Washington acusa de vulnerar los derechos humanos más básicos.
Uno de esos senadores, Rick Scott de Florida, anunció después de que medios revelaran la existencia de esos contratos que no volvería a mantener reuniones con abogados y otros empleados de ese bufete, Foley & Lardner.
El senador Scott envió una carta al bufete en la que se describía «asqueado» por el contrato. «Es chocante, dado que Maduro está perpetrando un genocidio contra su propio pueblo. Es un matón, un dictador que asesina a niños. Ninguna entidad de EE.UU. debería hacer negocios con el gobierno de Maduro, y mucho menos para representarle y defenderle aquí».
La carta está fechada el 28 de enero, 10 días después de que ABC publicara la información. En menos de dos días, Foley & Lardner había roto el contrato, según reveló Scott.
Este senador ha sido uno de los más firmes aliados de Guaidó en el Senado de EE.UU. y fue el único senador que acudió al encuentro con la diáspora venezolana que el presidente encargado tuvo el sábado. En su visita de una semana a EE.UU.
Guaidó ha intentado verse con Trump, pero la Casa Blanca ha alegado problemas de agenda para posponer un encuentro. Guaidó no confirmó el sábado en una rueda de prensa si ha sido invitado a presenciar el discurso del Estado de la Unión en Washington el martes.
Contratos millonarios
En el contrato roto, que consta de dos documentos, el bufete Foley & Lardner y la casa de lobistas Sonoran Policy Group, subcontratada, se comprometían a «asesorar al cliente en el cumplimiento de las diversas sanciones económicas de EE.UU. que aplica la Oficina de Control de Activos Extranjeros y otras agencias del Gobierno» y «mitigar los riesgos legales y de otra naturaleza asociadas con la aplicación policial de esas sanciones». El contrato estaba fechado el 10 de diciembre.
Una ley aprobada en 1938 por el Capitolio obliga a todos los lobistas, abogados y relaciones públicas contratados por clientes extranjeros a registrarse ante el Departamento de Justicia norteamericano, que hace públicos los contratos y requiere un informe semestral con todas las comunicaciones de las partes con funcionarios y legisladores.
El año pasado la Casa Blanca reconoció a Guaidó como representante legítimo del pueblo venezolano, en un intento de destituir a Maduro, que sigue en el poder gracias al apoyo, entre otros factores, del ejército, Cuba y Rusia. Venezuela vive la peor crisis económica de su historia, con una inflación galopante y un grave desabastecimiento de productos de primera necesidad y medicinas.
