Ecuador es un país que llama poco la atención. Su tasa de homicidios es baja y no hay carteles de la droga como los que han dominado la criminalidad de México y Colombia. Sin embargo, Ecuador es una de las superautopistas de la cocaína del mundo. Es tal como le gusta el narcotráfico internacional: poco ruido y bajo perfil.
Más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llega actualmente a Ecuador, según fuentes antinarcóticos ecuatorianas. La droga sale de los puertos, las costas y los aeropuertos del país, y de allí se envía a todo el mundo, con destino a Estados Unidos, Europa e incluso Asia y Oceanía.
Detrás de este comercio hay un complejo y fluido inframundo conformado por grupos especializados y subcontratistas que son coordinados por los operadores de poderosas organizaciones transnacionales de narcotráfico y protegidos por redes de corrupción que penetran profundamente en el Estado.
*Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime sobre cómo Ecuador se convirtió en uno de los principales puntos de despacho del comercio mundial de cocaína.
Un eslabón clave en la cadena de suministro
El papel de Ecuador en el tráfico de drogas se remonta a la década de los ochenta, cuando era una ruta de tránsito para la base de coca peruana que se traficaba a Colombia, y contaba con redes de tráfico de precursores químicos que abastecían a los laboratorios colombianos que procesaban esa base hasta convertirla en cocaína.
Sin embargo, no fue hasta principios del nuevo siglo cuando el tranquilo vecino de Colombia surgió como un importante eslabón en la cadena transnacional de suministro de cocaína. Todo comenzó con la dolarización de la economía, como resultado de la crisis económica y política del año 2000, que inmediatamente convirtió a Ecuador en el sueño de cualquier blanqueador de dinero: un país en la frontera con el mayor productor de cocaína del mundo y que utiliza la moneda del mayor mercado de cocaína del mundo.
Por la misma época, un ataque militar y la masiva fumigación aérea de cultivos de coca en Colombia forzaron a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a los cultivadores de coca hacia la frontera con Ecuador. Las FARC establecieron el control sobre la producción de cocaína en la región y comenzaron a abastecer a los traficantes del Cartel del Norte del Valle, quienes abrieron rutas de entrada y salida de Ecuador. Los mexicanos no tardaron en querer entrar en el juego, y el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ordenó a sus hombres establecer sus propias redes en el país.
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La convergencia de estas fuerzas del hampa en Ecuador coincidió con un momento crucial en la historia política y criminal del país: las elecciones presidenciales de 2006, que llevaron a Rafael Correa al poder.
La administración Correa resultó ser paradójica. El mandatario logró una fuerte disminución de la violencia y niveles récord de incautaciones de drogas, a la vez que alcanzó un momento de estabilidad política sin precedentes. Pero su gobierno estuvo plagado de escándalos de narcotráfico, y su autoritario estilo debilitó la capacidad del Estado ecuatoriano y de la sociedad civil para oponerse al narcotráfico.
Una de las primeras medidas de Correa como presidente consistió en poner fin a la operación de la base naval estadounidense en Manta —una promesa electoral hecha a las FARC a cambio de financiamiento de campaña, según comunicaciones obtenidas de la guerrilla, aunque Correa niega cualquier conocimiento del tema—. Esta decisión creó un enorme punto ciego en las aguas y cielos de Ecuador, que pronto se llenaron de barcos y aviones cargados de drogas.
El cierre de la base de Manta fue el comienzo de una postura de política exterior hostil que llevó a malas relaciones del gobierno con Colombia y Estados Unidos. Como resultado, la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda entre los que se encuentra Ecuador se redujera al mínimo.
Las políticas internas de Correa también facilitaron el auge del narcotráfico. Politizó el poder judicial, utilizándolo como herramienta para acabar con sus oponentes. Además, llevó a que las fuerzas de seguridad y las unidades de inteligencia abandonaran la lucha contra el crimen organizado, y en su lugar los puso en contra de sus adversarios políticos, según fuentes policiales y de inteligencia, e intimidó a la prensa y a los observatorios no gubernamentales con su vehemente retórica y sus acciones legales.
Ya sea involuntariamente, a propósito, o quizá de ambas maneras, la administración Correa redujo la resiliencia de Ecuador frente al narcotráfico en un momento crucial. Más de una década después de su elección, Ecuador es ya un refugio del crimen organizado y quizá el principal punto de despacho de la cocaína colombiana, después del propio Colombia.
Las rutas del narcotráfico
Hay dos vías por las que la cocaína cruza por Ecuador: la ruta del Pacífico y la ruta amazónica.
La ruta del Pacífico es abastecida en su mayor parte por la cocaína que se produce en Nariño, departamento fronterizo que tiene más coca que cualquier otro lugar de Colombia. Las drogas ingresan a Ecuador bien sea en pequeñas embarcaciones que navegan por las intrincadas vías fluviales de la selva y convergen en el río Mataje, el cual separa a Nariño de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, o bien ocultas en vehículos que cruzan el puente internacional Rumichaca hacia la provincia de Carchi.
Los cargamentos son recolectados en puntos de acopio cerca de la frontera. Las drogas que cruzan a Esmeraldas son escondidas en viviendas y en las playas que salpican la costa de Esmeraldas, mientras que las cargas que pasan por Carchi son almacenadas en granjas y fincas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Algunas cargas son transportadas en barcos que navegan por la línea costera, ocultándose en escarpadas ensenadas. Sin embargo, la mayor parte de las drogas se transportan por carretera, ocultas en camiones comerciales, vehículos privados e incluso en el transporte público.
La ruta amazónica se abastece en su mayor parte de cocaína de Putumayo, el departamento colombiano con el segundo nivel más alto de cultivos de coca después de Nariño, y se adentra a la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.
Los principales pasos fronterizos son los ríos San Miguel y Putumayo, donde pequeñas embarcaciones depositan cargas en puntos de acopio ubicados en sitios del hampa donde no existe ley, como Puerto Nuevo, Puerto Mestanza y Tarapoa. Sin embargo, las drogas también cruzan directamente por el puente internacional de San Miguel luego de ser cargadas en vehículos en Colombia. Los traficantes salen de Sucumbíos y de allí toman las principales carreteras del país hacia los puntos de despacho.
Las cifras proporcionadas por fuentes antinarcóticos indican que, en 2018, 44 por ciento de las incautaciones de drogas iban con destino a Estados Unidos, 22 por ciento a Europa, cuatro por ciento a Centroamérica, un uno por ciento se dirigía a Asia y otro a Oceanía. Se desconoce el destino que tenía 28 por ciento de las drogas incautadas. El mercado estadounidense es abastecido principalmente por barcos que zarpan de las costas y por aviones livianos, mientras que la cocaína se envía a Europa mezclada con el transporte de carga regular.
Actualmente, la mayor parte de la cocaína que se envía de Ecuador hacia el mercado estadounidense sale de las costas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y, en menor medida, de Guayas y El Oro, y lo hace en lanchas a motor, aunque los traficantes también utilizan buques pesqueros, sumergibles y barcos desvencijados con revestimientos de fibra de vidrio que las autoridades antinarcóticos llaman vehículos de bajo perfil (en inglés, Low-Profile Vehicles, o LPV).
El tráfico suele comenzar con un robo. Grupos de piratas acechan frente a las costas, donde amenazan con armas a los pescadores para que les entreguen sus barcos y motores fuera de borda. Luego conforman la tripulación de esos barcos con personas que reclutan en los pueblos pesqueros pobres, donde la oferta de US$30.000 por un viaje de cinco días es una propuesta tentadora, a pesar del riesgo de terminar en prisiones extranjeras con otros cientos de pescadores ecuatorianos, o de pasar a engrosar las listas de los que desaparecen sin dejar rastro.
Los traficantes pueden elegir entonces entre tres rutas. Desde Esmeraldas pueden hacer un recorrido directo hasta Centroamérica, pero ello los acerca peligrosamente a las patrullas estadounidenses y colombianas. Por eso la mayoría prefiere navegar por el norte o el sur de las Islas Galápagos. La más reciente Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas, publicada por Estados Unidos, estima que, en 2017, 17 por ciento de la cocaína con destino a Estados Unidos pasó inicialmente alrededor de las Islas Galápagos, en comparación con solo cuatro por ciento en 2016 y uno por ciento en 2015.
Los barcos utilizados por los traficantes para los recorridos por el Pacífico no están equipados para viajes de larga distancia en alta mar y deben repostar hasta seis veces en su trayecto. El combustible es proporcionado por buques pesqueros que salen de la ciudad de Manta cargados de gasolina y un teléfono satelital y que los esperan en lugares establecidos con anterioridad. Los barcos pesqueros llevan cinco tanques a la vez, lo que les permite repostar varios barcos. Cada tanque cuesta US$35.000, lo que en teoría les genera US$175.000 por un viaje de una o dos semanas.
El viaje de los traficantes suele terminar en las costas del Pacífico de México o Centroamérica, sobre todo en Guatemala o Costa Rica. Allí entregan sus cargamentos a otros barcos, pero el miedo a ser traicionados ha llevado al uso de radios con GPS o boyas satelitales. Esto les permite arrojar sus cargas por la borda y luego darles las coordenadas a las tripulaciones que las recogerán, siguiendo las señales emitidas por las boyas.
Si bien enviar cargamentos desde las costas continúa siendo el principal método para traficar cocaína con destino a Estados Unidos, el uso de Ecuador como puente aéreo ha venido en aumento, como resultado, según las autoridades, de la creciente presión sobre las rutas marítimas.
Los traficantes utilizan principalmente avionetas Cessna, las cuales son desvencijadas y modificadas para que puedan transportar una mayor cantidad de drogas y combustible, y que incluso pueden reabastecerse en el aire. Estas avionetas pueden transportar entre 400 y 700 kilos, y tardan alrededor de seis horas para llegar a Costa Rica o Guatemala, donde descargan su contenido, o bien repostan y continúan hacia México.
Los aviones despegan desde diversas pistas clandestinas o improvisadas. Los traficantes construyen pistas de aterrizaje nivelando terrenos en zonas aisladas, aprovechan pistas ya existentes en propiedades privadas o comerciales, como las utilizadas para el riego de los cultivos de frutas, o bien utilizan aeropuertos abandonados e incluso carreteras cerradas por construcciones.
Pero en el caso de la cocaína enviada a Europa, las principales rutas pasan por los puertos de Ecuador: Puerto Bolívar y, sobre todo, Guayaquil, centro del comercio internacional en el país. En los puertos hay pocos controles y mucha corrupción, y los traficantes pueden apoderarse de los cargamentos de diversas maneras.
Algunos intentan controlar totalmente los cargamentos utilizando empresas de exportación fachada para hacer sus envíos. Estas compañías fachada se establecen a nombre de testaferros, generalmente personas con pocos recursos económicos y sin antecedentes criminales. En otros casos compran empresas ya existentes con un largo historial de exportaciones legales, y de este modo son sometidas a inspecciones menos rigurosas. Así organizan exportaciones aparentemente legales, pero con cocaína oculta entre los demás productos.
Sin embargo, una técnica más común consiste en contaminar los cargamentos legales, ocultando drogas en los contenedores antes de que estos ingresen al puerto, cuando están ya en el puerto o bien después de que los buques zarpan.
Para poner sus drogas en los cargamentos antes de que ingresen al puerto, o “contaminarlos”, los traficantes no utilizan las mercancías, sino los contenedores mismos. Introducen drogas en compartimentos ubicados en el suelo, el techo o las paredes de los contenedores vacíos que se encuentran en los patios de almacenamiento, y luego utilizan contactos en las compañías navieras para asegurarse de que su contenedor sea enviado a una empresa que esté planeando hacer una exportación al destino a donde pretenden enviar las drogas.
Los contenedores también pueden ser contaminados después de entrar al distrito portuario. Los camiones de carga con drogas escondidas en compartimentos secretos entran al distrito y allí se mueven por puntos ciegos conocidos por los traficantes, quedando por fuera de la cobertura de las cámaras de seguridad, y allí descargan su contenido. Luego, empleados del muelle abren los contenedores y ubican las drogas entre los productos legales. Finalmente colocan un sello falso para encubrir la manipulación.
Los contenedores, e incluso los mismos barcos, también pueden ser contaminados después de haber zarpado. Otros barcos más pequeños se acercan a los buques en los estuarios de Guayaquil y les pasan las drogas a los contactos de la tripulación, quienes las empacan en un contenedor o en un escondite a bordo.
Los actores criminales
Estas rutas de la droga son operadas por una mezcla de redes criminales ecuatorianas, colombianas, mexicanas y europeas.
Los operadores de cocaína colombianos, como el grupo criminal La Constru en Putumayo y el misterioso narcotraficante conocido como “El Contador” en Tumaco, hacen negocios en Colombia o en centros criminales ecuatorianos como Lago Agrio, cerca de la frontera con Putumayo, al igual que en Guayaquil.
Se hacen acuerdos por cantidad de cocaína “puesta en”. Para los carteles mexicanos en particular, el traspaso puede hacerse alrededor de la frontera con Colombia. Sin embargo, los traficantes colombianos también pueden organizar la entrega a puntos de despacho en Ecuador o a puntos de entrega en Europa o en las costas de México y Centroamérica.
Estos negociantes de cocaína subcontratan el trabajo de abastecimiento y transporte de cocaína con los proveedores de servicios criminales que operan en cada eslabón de la cadena.
En la región fronteriza, los actores clave son las redes que quedaron luego de la desmovilización de las FARC, las cuales actúan a ambos lados de la frontera. Las células guerrilleras rearmadas y criminalizadas se encargan de reunir los cargamentos en Colombia y garantizar su transporte de manera segura hasta Ecuador. El tráfico se coordina utilizando especialistas en logística y transporte y redes de funcionarios corruptos que antes trabajaban traficando la cocaína producida por las FARC.
Las redes de transporte hacen entregas a las redes de despacho ecuatorianas especializadas. Estas sofisticadas organizaciones de bajo perfil están dirigidas por traficantes que en su mayor parte viven ocultos entre las élites sociales, económicas y políticas de la región.
Estos traficantes se encargan de la logística de los cargamentos: coordinación de redes de corrupción, reclutamiento de traficantes y adquisición de combustible, equipos y demás suministros necesarios. También contratan actores armados para proporcionar seguridad, cobrar deudas y llevar a cabo asesinatos.
Los diversos métodos de tráfico requieren diferentes habilidades logísticas y contactos, y si bien algunos traficantes utilizan diferentes métodos, la mayoría son especializados.
Los cargamentos que salen de las costas son organizados por grupos criminales que en su mayor parte se concentran en la ciudad de Manta. Estas redes reclutan pescadores en las comunidades costeras para tripular sus barcos, organizar escalas para el reabastecimiento y dotar los barcos de equipos de comunicación y suministros.
Además de conseguir las pistas de aterrizaje, las redes que utilizan avionetas proporcionan combustible mediante contactos corruptos del sector privado o estatal, equipos de comunicaciones que les permiten coordinar con los pilotos que ingresan, y placas falsas de aviones con autorización para volar en la zona donde aterrizarán.
Para los envíos desde los puertos, la clave son los contactos corruptos. Para contaminar los contenedores antes de cargar las drogas, necesitan contactos en las compañías navieras, sobre todo despachadores de contenedores, quienes son los que controlan cuáles se envían a qué empresas, así como en los patios de almacenamiento para que puedan cargar las drogas. Si contaminan los contenedores dentro del distrito portuario, necesitan camioneros, estibadores, guardias de seguridad y operadores de cabrestantes que tengan acceso a información sobre los movimientos y la ubicación de los contenedores.
Un mar de corrupción
Estos traficantes y las rutas que controlan están protegidos por redes de corrupción cuyo alcance es asombroso.
Los policías y militares no solo pasan cargamentos de drogas a través de sus controles, sino que incluso ha habido casos en los que han proporcionado seguridad para los cargamentos de drogas y sus traficantes, han transportado cocaína en sus vehículos oficiales, e incluso se cree que han llevado a cabo asesinatos, según fuentes de inteligencia.
Si los traficantes son capturados, la mayoría pueden comprar la manera de salir del problema. Las fuentes indican que los traficantes les pagan a fiscales y jueces para sabotear las investigaciones y obtener fallos favorables. Pueden además incluir a los políticos en sus pagos, con el fin de que muevan los hilos necesarios para poner fin a sus problemas.
Aunque tanto la corrupción como el narcotráfico han estado presentes en Ecuador, fuentes oficiales y expertos concuerdan en que durante el mandato de Rafael Correa alcanzaron proporciones endémicas, expandiéndose en todas las ramas del Estado.
La elección del presidente Lenin Moreno en 2017 al parecer trajo cambios. Moreno se puso en contacto con los socios internacionales alejados por Correa. El regreso del apoyo de Estados Unidos ha permitido aumentar enormemente la capacidad de Ecuador para rastrear lanchas, mientras que la estrecha cooperación con Colombia les permitió a los dos países capturar al criminal más buscado en la región fronteriza y desmantelar gran parte de su red.
Moreno también estuvo al frente de la detención de altos funcionarios políticos por cargos de corrupción, y ha prometido investigar los vínculos entre Rafael Correa y grupos criminales, aunque los partidarios de Correa y otros críticos denuncian esto como una purga política disfrazada lucha contra la corrupción.
Sin embargo, cuando se desató una ola de protestas con violentos disturbios en octubre de 2019, el ambiente político volvió a cambiar. Moreno culpó a los partidarios de Correa de vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico por escamotear lo que había comenzado como una protesta indígena contra los subsidios a los combustibles. Si bien esas afirmaciones no han podido verificarse, una cosa está clara: la polarización y la crisis política que las protestas desataron amenazan con acaparar la atención de su administración, lo que sacaría al narcotráfico de la agenda y lo volvería a poner en donde más le gusta: en las sombras.
* Mayra Alejandra Bonilla
