Nicolás Macchiones, director del Instituto de Seguridad y Criminología de la casa de altos estudios sobre la efectividad de las medidas anunciadas. Definiciones sobre cuán difícil es investigar el narcolavado.
Desde la academia también se analiza lo que está sucediendo en Rosario y el impacto que podría tener en el resto del país. Nicolás Macchiones dirige desde el año pasado el Instituto de Seguridad y Criminología de la Universidad Siglo 21 (UES21).
PERFIL CÓRDOBA lo consultó sobre la efectividad de las medidas que se están adoptando, las características del fenómeno narco y del lavado de activos provenientes de ese tipo de actividad ilícita.
—¿La violencia narco de Rosario puede traspasar la frontera hacia Córdoba? ¿Sirve reforzar los controles en la frontera con Santa Fe?
—A lo mejor ya traspasó la frontera hacia Córdoba. Ahí reside el principal problema de política criminal. No se conocen estudios serios de investigación en relación a los movimientos que tiene este fenómeno criminal.
Deberíamos hablar de algunos casos que ya se investigan en la Justicia Federal, que fueron conocidos por la prensa en donde emergen posibles vínculos con Los Monos. Reforzar la frontera es un mecanismo de disuasión. Logra disuadir el traspaso terrestre de cargasmpero queda el aéreo y habría que sumar el subsuelo que acá no se detectó pero que, en investigaciones en Estados Unidos, llegó a descubrir túneles interminables para pasar droga de una región a otra. Reforzar la frontera terrestre es una medida solo disuasiva.
Presenta dos características, debe ser acotada en el tiempo y prever que el delito que deja de cometerse en un lugar se trasladará a otro o adquirirá una modalidad diferente. Sirve, en tanto y cuanto haya una política seria en materia de prevención y represión.
—¿Qué características tiene el narco en esta provincia?
—Por las causas de narcocriminalidad complejas, se evidencia que hay un mecanismo de introducción de materia prima de otros países. La marihuana en general baja desde Paraguay y Brasil; la cocaína desde Perú, pasando por Bolivia y llegan pastillas y drogas sintéticas, traídas directamente desde Europa.
—¿Cuán complejo es detectar el narcolavado?
—Es la forma menos compleja de investigar el lavado de activos. La forma de lavar del narco está desde el comienzo en la mira de los Estados. Estuvo previsto en un tipo penal específico y generó mucha doctrina. Ya con el tipo de lavado de activos como se conoce en la actualidad la casuística judicial evidencia que el narcolavado es el fenómeno con la mayor cantidad de condenas. Las causas son elevadas a juicio y se obtienen condenas en menor tiempo que en el resto de delitos de criminalidad económica según datos del CIPCE (Centro de investigación y prevención del delito) e Inecip (Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales).
—¿El fenómeno narco necesita complicidad de policías y funcionarios judiciales?
—No necesita complicidad de policías y funcionarios judiciales el delito, pero sí el grado de impunidad que se observa en la actualidad. En particular el lavado de activos del narcotráfico evidencia la falta de control por parte del Estado. Si hay personas que tienen un nivel elevado de ingresos que no lo justifiquen, el Estado podría dar cuenta del riesgo que genera por la capacidad contributiva. Esto no se hace en Argentina, cuando hay organismos que tienen ese tipo de datos, como Afip y la UIF (Unidad de Información Financiera), entre otros.
—¿Cómo ve la reacción política y las medidas del gobierno nacional y del santafesino frente a la situación de violencia desbocada en Rosario?
—Todo el arco académico tiene grandes objeciones a medidas proselitistas punitivas que se están llevando a cabo en Santa Fe y en la región. Se ha visto lo mismo en otros países, no sólo en Argentina. El cumplimiento de las garantías es necesario. La academia también demostró que no existe una dicotomía entre impunidad y garantías de los presos.
—En Argentina, ¿se detectó lavado de dinero narco en la política?
—El financiamiento de la política no es investigado en general. La forma laxa que está reglamentada la norma en Argentina de financiamiento de partidos políticos y los controles post elecciones hacen muy difícil vincular el narcotráfico del financiamiento. A pesar de eso, hay sospechas. Lo vimos con procesamientos de intendentes y jefes comunales. Para mencionar dos casos, en la provincia de Salta donde fue condenado Carlos Alberto Suárez; y en Entre Ríos, el exintendente de Paraná, Sergio Varisco.
