El Parlamento boliviano aprobó por unanimidad la derogación de una polémica ley de lucha contra el lavado de dinero, que había desatado las mayores protestas sociales y regionales en el primer año del Gobierno socialista de Luis Arce.
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“Se abroga la ley 1.386 del 16 de agosto de 2021, Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias”, dijo el escueto artículo único de la norma sancionada en dos días de sucesivas sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, a pedido del presidente.
La norma, que entrará en vigencia en cuanto sea firmada por el mandatario, pretendía ordenar y endurecer el actual ordenamiento legal contra el lavado de dinero, según sostuvo el Gobierno antes de ceder ante la presión de seis días de paros en varios departamentos.
La estrategia contra el dinero sucio fue rechazada especialmente por organizaciones de comerciantes minoristas, que convocaron a los paros iniciados el 8 de noviembre, a los que se sumaron con demandas de carácter político varios comités cívicos controlados por la derecha.
“El Parlamento ha cumplido su compromiso y ahora no quedan más motivos para movilizaciones, que no sean los intentos subversivos”, dijo a reporteros el presidente del Senado, al término de la votación final.Las votaciones unánimes en favor de la abrogación de la estrategia anti-lavado se realizaron -el lunes en la Cámara de Diputados y el martes en el Senado- al final de largos debates en los que la oposición rechazó la denuncia gubernamental de que los cívicos estaban empeñados en un plan subversivo.
Arce envió el fin de semana al Parlamento el proyecto de anulación de la ley anti-lavado, tras lo cual comenzaron a desactivarse los paros de los comerciantes minoristas, transportistas y otros sectores sociales.
Sin embargo, persistían los paros declarados por los comités cívicos de Santa Cruz (este) y Potosí (suroeste), que exigen la anulación de otras leyes, en especial un plan quinquenal de desarrollo recién puesto en vigencia.
