La Asociación de Operadores de Juegos de Azar denuncia que las autoridades son “complacientes”.
Las máquinas tragamonedas que aún se encuentran expuestas en la vía pública a pesar de la implementación de la ley que lo prohíbe, despertaron la indignación de los operadores legales de juegos de azar que denuncian que existen “autoridades complacientes” que no avanzan con todo el peso de la ley.
Desde la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) le dijeron al medio local ABC que los tragamonedas abundan en las calles, en abierta violación de las disposiciones de la Ley N° 6903/2022.
En ese sentido, Lorena Rojas, presidente de Apoja, criticó: “La ley no es letra muerta. En realidad lo que existe son autoridades complacientes y operadores privilegiados, pues en Encarnación no hay máquinas en calle y en Limpio se actualizó su normativa pero esto no es así en la gran mayoría de los municipios del país”.
La normativa, reglamentada por el Decreto N° 938/2023, estipula explícitamente que las máquinas pueden funcionar únicamente en salas de juegos de azar autorizadas por los municipios y que cuenten con el Registro de Operador de Juego de Azar emitido por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Asimismo, obliga a las municipalidades a que notifiquen la cantidad de salas que habilitaron.
En ese sentido, la ley establece la total prohibición de que las máquinas tragamonedas estén en la vía pública, por lo que ya no se tolerará la presencia de slots en despensas, kioskos, ferreterías, al aire libre o cualquier lugar público.
Además, el citado decreto establece que esas salas autorizadas deberán contar y mantener durante todo el tiempo de explotación del local de juegos electrónicos un sistema de monitoreo y control en línea de las mismas, que opere en dicho local y a cuyo sistema tendrá acceso Conajzar. El objetivo de este sistema es controlar el flujo de dinero en circulación.
Para Rojas, las autoridades son cómplices pues impiden un control del dinero que circula en las máquinas, y de esta manera, también permiten una forma de evadir impuestos, ya que ahora, con la vigencia de la ley, están obligados a cumplir las normas para el control del lavado de dinero. “Estamos recopilando informes y vamos a presentar denuncias serias y responsables”, adelantó.
Por su parte, el titular de Conajzar, Carlos Liseras, afirmó en ABC que los 263 municipios tienen hasta el jueves 8 de febrero para adaptarse a las disposiciones en cumplimiento del decreto.
En ese sentido, Liseras detalló que solo el municipio de Fernando de la Mora actualizó su ordenanza para unificar con las disposiciones del decreto y Naranjal notificó a Conajzar la cantidad de salas que había habilitado a la fecha.
Para concretar los controles, el titular de la Conajzar indicó que se encuentra articulando acciones con la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
“Estamos coordinando las tareas para combatir el juego clandestino en todo el país, tanto en la Región Oriental como Occidental, y no sólo las tragamonedas, sino que todas las apuestas clandestinas”, advirtió Liseras e indicó que conforme a sus estimaciones, la recaudación podría ser el doble, y de esta manera, sería mucho más lo que se destine a la Diben, organismo que se dedica a la asistencia sanitaria a la gente de escasos recursos.
