Las entidades federativas tienen las facultades para legislar en materia de lavado de dinero, lo que además de reforzar el combate a una fuente de ingresos para actividades criminales, le podría generar recursos a través de acciones legales, sostuvo Esaú Sánchez, autor del libro “Identificación y combate a las estructuras patrimoniales y financieras de la delincuencia en México”.
Mencionó que ha trabajado en varios estados y que son contados los casos de éxito de acciones emprendidas por las entidades federativas contra el lavado de dinero y en lo que respecta a Chihuahua explicó que no hay alguna sentencia de la cual exista información obtenida contra este ilícito.
Agregó que falta la disposición de legislar en la materia, ya que se ha dejado el tema de la obtención de recursos de manera ilícita como parte de un asunto de corrupción, limitando esto a los funcionarios públicos, cuando el lavado de dinero es un concepto más amplio aplicable a cualquier persona.
Indicó que actualmente es la Federación a través de la Unidad de Inteligencia Financiera la que mantiene una vigilancia de las actividades financieras de los habitantes y que al detectar un comportamiento que sale de lo usual, realiza una revisión. Señaló que la UIF pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir de ahí se determina si existe la presunción de un delito.
Dijo que se ha mantenido la versión de que el lavado de dinero es solamente de competencia, pero en la realidad los estados tienen la facultad de legislar para aplicar leyes estatales, debido a que una investigación en este sentido permite que puedan ser revisadas cuentas bancarias, lo que ya ha sido utilizado pero en los temas de combate a la corrupción.
Expuso que en México se dio un avance importante cuando el lavado de dinero fue encuadrado en la utilización de recursos de procedencia ilícita, lo que puede ser aprovechado por los estados para seguir el rastro del dinero que llega a las actividades económicas locales, pero por ser algo complejo, en las entidades se ha dejado de lado.
Otro de los problemas es el mal manejo de la información que hacen las autoridades al señalar que realizan aseguramientos a presuntos criminales y generan la percepción que esos bienes son para el estado, lo que no ocurre en muchas ocasiones.
