Nadie está a salvo. Entre enero y setiembre del 2022 se registraron 7.209 denuncias a nivel nacional, 62% más que en 2021. Lima y La Libertad concentran mayoría de los casos de extorsión.
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Puede ser una bodeguera o un exfutbolista, en nuestro país ya nadie está libre de los extorsionadores. Eso lo saben bien doña Paulina Quispe y Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quienes, en diferentes situaciones y lugares, esta semana fueron víctimas de este delito.
Según la Policía Nacional, solo entre enero y setiembre del 2022 se han registrado 7.209 denuncias por extorsión a nivel nacional. Un 62% más que en el mismo periodo del 2021.
Lima es la región que más denuncias acumula en todo el país con 3.059, seguida por La Libertad con 1.328. No obstante, las estadísticas representan apenas una pequeña parte de esta pavorosa realidad, pues existe un alto subregistro debido a casos no denunciados por miedo a represalias.
Jorge Nureña, historiador y especialista en criminalidad, indica que esto sucede porque la Policía no tiene cómo garantizar la protección de las víctimas.
Lamentablemente, los esfuerzos que pueda realizar la PNP se ven manchados por malos efectivos que, en vez de proteger al ciudadano, terminan haciendo las veces de extorsionadores. Así lo denunció la última semana doña Paulina Quispe, una comerciante de San Juan de Miraflores que grabó cómo le ‘sembraron droga’ minutos antes de que la policía interviniera su local. Según su testimonio, una vez en la comisaría, un suboficial le solicitó dinero a cambio de su libertad.
Control territorial
Los extorsionadores tienen en la intimidación a su mejor aliado; sin embargo, es el control territorial lo que determina su dominio. En el artículo ‘Crimen organizado en Perú: crecimiento y expansión del fenómeno extorsivo a nivel nacional’, de Julio Corcuera, especialista en seguridad pública, se explica cómo estos colectivos criminales tienen espacios y acuerdos estructurados que les permiten coexistir con sus enemigos.
Este equilibrio se rompe —por ejemplo— cuando alguno decide no respetar su palabra y ‘choca’ con la cartera de clientes o el territorio del otro, como pasó con José Becerra, el jefe de la banda de extorsionadores ‘Los Ochenta’, en Trujillo.
Las investigaciones policiales indican que este fue asesinado por sicarios de la banda contraria, ‘Los Pulpos’, en un ajuste de cuentas.
Asimismo, la extorsión se ha permitido diversificar sus modalidades y expandir su número de víctimas.
Hoy apuntan a cualquier persona mientras tengan acceso a sus datos personales. Como en el caso del exfutbolista Luis Guadalupe, quien el pasado 3 de noviembre denunció ser extorsionado por supuestos integrantes del ‘Tren de Aragua’, una banda criminal de origen venezolano. Con él aplicaron la modalidad del cobro de cupo a negocios, una de las más populares entre los delincuentes junto al ‘gota a gota’, el ‘chalequeo’, el ‘sticker’ y el rescate de vehículos.
Otro factor que permite que las extorsiones sean un negocio redondo es que pueden cometerse desde cualquier lugar, incluso desde dentro de los penales. De acuerdo a Jorge Nureña, “las cárceles son uno de los principales puntos de operaciones para las bandas que se dedican a este ilícito”. Esto, señala, porque solo requieren un celular para someter a sus víctimas y en muchas prisiones no funcionan los bloqueadores de señal telefónica.
Según reportes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), entre enero y setiembre del 2022, se han incautado 232 teléfonos inmersos en este delito durante intervenciones policiales.
Normas garantistas o incapacidad
Para Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter), actualmente “estamos viviendo una delincuencia muy violenta que no tiene escrúpulos para hacer daño”.
Sin embargo, resalta que la policía hace grandes esfuerzos para contrarrestar este escenario, pero se ven limitados por un marco normativo garantista que “protege más al delincuente que a la víctima”.
Por otra parte, durante la entrevista con LR Data, afirmó que el 99% de las extorsiones son cometidas por extranjeros.
Pero esto no sería así. De acuerdo con información de la Dirincri que nos proporcionó el propio Mininter, de las 93 personas detenidas por este ilícito en lo que va del 2022, solo el 34% es extranjero. Y de ellos, la mayor parte son venezolanos, y — en menor medida— colombianos y ecuatorianos.
Es necesario señalar que, al consultarle respecto a las políticas que se vienen implementado para reducir y prevenir las extorsiones, el viceministro solo mencionó la inauguración de brigadas contra el crimen, una ya establecida en San Juan de Lurigancho y otras tres más por ser inauguradas. “Esperamos que estas brigadas puedan reducir un poco la violencia delincuencial”, señaló.
En consecuencia, según Nureña y diversas investigaciones consultadas por este medio, las extorsiones se manejan como parte de un paquete de delitos contra el patrimonio o como un problema de seguridad ciudadana más, sin tomar en cuenta las estructuras de organización criminal que presentan.
Origen y trayectoria de las extorsiones
Según Jorge Nureña, este fenómeno criminal tiene origen en los distritos trujillanos de Florencia de Mora, La Esperanza y El Porvenir. Tras abarcar y controlar esta zona, expandieron el negocio en toda la región liberteña, para luego pasar por los departamentos colindantes como Piura —la tercera con más casos denunciados en el territorio nacional— o Lambayeque hasta finalmente establecerse en Lima. De acuerdo al Ministerio Público (MP), en la capital se procesaron 2.719 denuncias por este delito solo entre enero y agosto del 2022.
La palabra
“Llegan a Lima porque en algunos casos tenían redes familiares establecidas o son corridos por autoridades u otros delincuentes. Siempre hubo conexión entre Trujillo y Lima en el mundo del hampa”.
