Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, ha dado el aval para que su oficina abra procesos por denuncias contra Juan Francisco Sandoval, el fiscal que ha encabezado las investigaciones anticorrupción más importantes en el país en la última década. Si las denuncias prosperan, Sandoval podría perder su trabajo o incluso enfrentar cargos criminales.
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Es un capítulo más en la larga saga de hostigamiento contra una de las pocas oficinas que sigue investigando el crimen organizado y la corrupción de las elites guatemaltecas.
Esta vez, el acoso a Sandoval y la unidad que él dirige, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), viene desde el mismo Ministerio Público (MP), lo cual no había ocurrido desde que la fiscalía especial empezó a funcionar la década pasada en estrecha colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El 7 de octubre pasado, Porras anunció que había avalado la apertura de nueve procesos contra Sandoval y al menos otros dos fiscales adscritos a FECI.
La fiscal general dijo que había dado luz verde a las investigaciones porque “ningún funcionario… es superior a la ley… la labor del MP es atender todas las denuncias que recibe, y bajo estos principios, no se puede limitar el derecho ciudadano de denuncia”, según un comunicado que la institución subió a su cuenta de Twitter.
Sandoval dijo a La Hora que le llama la atención que, de las nueve denuncias avaladas por la fiscal general, tres fueron “sugeridas” por asesores de la misma Consuelo Porras, y seis fueron presentadas por personas a las que FECI ha abierto investigaciones.
Documentos a los que InSight Crime tuvo acceso indican que entre el 6 de julio de 2018 y el 7 de octubre de 2020, el MP ha recibido al menos 48 denuncias contra Sandoval. Las nueve últimas avaladas por la fiscal general son parte de esa lista.
Esas nueve denuncias entraron directamente al despacho de Porras, y no a la oficina de atención permanente del MP, que es la que usualmente recibe las quejas. Fue la fiscal general quien decidió abrir procesos administrativos en esos casos y, en uno de ellos, también una investigación penal.
La mayoría de quejas contra Sandoval se han originado por denuncias de funcionarios, exfuncionarios o particulares a los que FECI investigó o llevó a tribunales por sospechas de corrupción, de cometer delitos, o de participar en grupos criminales. Entre los denunciantes están la ex primera dama Sandra Torres, acusada entre otras cosas de financiamiento electoral ilícito; el diputado Felipe Alejos, investigado por presunta corrupción; y el operador político Gustavo Alejos, preso por varios delitos.
Al menos una de las denuncias fue presentada por el ciudadano ruso Igor Bitkov, quien fue acusado de comprar documentos falsos a una red criminal en la que estuvieron implicados funcionarios migratorios. El caso, que terminó con condenas a 39 personas, fue luego usado como un argumento para desmantelar a la CICIG.
El 40 por ciento de todas las denuncias contra Sandoval y la FECI fueron presentadas por la misma persona jurídica: la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala, una organización de ultraderecha que fue clave en el cabildeo interno a favor de la salida de CICIG y cuyo presidente, Ricardo Méndez Ruiz, ya había sido denunciado por Sandoval por simulación de delitos y obstruir la acción penal de la fiscalía especial.
Claudia González, abogada de Sandoval, explicó a InSight Crime que la mayoría de denuncias de la Fundación contra el Terrorismo se refieren a hechos que no son delitos.
“En los últimos meses la fundación ha puestos casi una denuncia semanal contra Juan Francisco Sandoval. Mi impresión es que es una forma de amenazarlo e intimidarlo para que deje su trabajo como jefe de la FECI”, dijo González.
La FECI ha abierto cerca de 200 casos de corrupción y criminalidad organizada de alto nivel, y ha encabezado los procesos penales que desbarataron unas 60 estructuras criminales y llevaron a decenas de exfuncionarios y empresarios a la cárcel, entre ellos al expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Las denuncias avaladas por la fiscal Porras son solo el intento más reciente del estado guatemalteco contra FECI.
En el comunicado en el que justifica las nuevas investigaciones, la fiscal Porras “hace un llamado a evitar rumores y especulaciones, pues bajo ninguna circunstancia se busca debilitar a la FECI”. Los acontecimientos recientes dicen otra cosa.
A mediados de este año, la jefa del MP había quitado a la fiscalía especial una investigación por narcotráfico derivada del famoso expediente La Línea, que forzó las renuncias y arrestos posteriores de Pérez Molina y Baldetti en 2015 y del cual se han desprendido una docena de casos más que implican a otros exfuncionarios, a empresarios privados y a grupos criminales.
Porras también sustrajo de FECI, en septiembre pasado, una investigación por supuestos malos manejos en al compra de medicamentos en el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), algo a lo que incluso el presidente de la institución se opuso.
En julio, la fiscal general anunció la apertura de una nueva oficina anticorrupción en el Ministerio Público, al frente de la cual puso a un colaborador que enfrenta señalamientos por intentar favorecer a un alto funcionario judicial en una investigación. La decisión abrió preguntas sobre la posibilidad de que la nueva oficina fuese un intento de quitar más expedientes a FECI.
La decisión de Porras de investigar a Sandoval y a la FECI ha puesto a la fiscal general en medio de una tormenta política, que incluye una inusual reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En un trino el 8 de octubre pasado, el subsecretario adjunto para América Latina, Michael Kozak, emplazó a Porras en un tono tajante: “La fiscal general tiene como deber perseguir legítimas investigaciones de corrupción hasta donde lleven. Persiga a los corruptos, no a sus fiscales anticorrupción en la FECI”, escribió.
Porras respondió a Washington a través de un comunicado en el que alega que todo el proceso de denuncias contra Sandoval se ha hecho de acuerdo con el “ordenamiento jurídico” de Guatemala y apela a la “soberanía” del Ministerio Público.
La nueva tensión entre Porras y FECI ocurre cuando Guatemala lleva casi un año sin elegir a sus altas cortes. Varios de los que han denunciado a FECI, entre ellos Gustavo Alejos, han intentado dilatar el proceso luego de que la fiscalía especial reveló que él dirigía, desde la cárcel, una red de corrupción que incluía a diputados y magistrados que pretendían tomarse la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones.
El 9 de octubre pasado, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al estado guatemalteco que refuerce las medidas de seguridad a Sandoval y otros dos fiscales de FECI que “son víctimas de actos de intimidación y amenazas”. La CIDH ya había ordenado proteger a los fiscales en abril de 2020, pero, desde entonces, el acoso en contra de Sandoval y sus investigadores no ha hecho más que aumentar.
