En los exponentes contemporáneos de la academia y los estudios sobre crimen organizado ha tomado cada vez mayor relevancia lo que se define como “Áreas Sin Ley o Áreas Grises”.
Antilavadodedinero / Elpaisdigital
El concepto “Área Sin Ley” apareció oficialmente por primera vez en 2002 y fue implementado por el entonces Secretario de Defensa de los Estados Unidos Donald Rumsfeld durante la Cumbre de Santiago de Chile. Mientras que, sumado a lo anterior, Mariano César Bartolomé recoge en 2003 varias definiciones de “Áreas Grises” para profundizar el debate.
Si bien puede haber matices dependientes de quien lo utilice, la mecánica del concepto siempre es similar y refiere a las zonas cuyo territorio pertenece a un Estado (estando dentro de sus límites fronterizos) pero cuya administración es poca o nula por parte del estado.
Entonces ¿Quién lo administra? La realidad es que no hay una respuesta, o al menos no una absoluta, entonces podríamos decir que hay una administración legal y una administración real.
En primer lugar, la administración legal hará referencia al Estado del que dicho territorio forma parte (en este artículo no hablaremos sobre territorios no autónomos, disputas o litigios). Pero el problema radica en la falta de medios de algunos Estados por alcanzar algunos territorios o, inclusive, por la pérdida del poder estatal a manos de otros actores en los mismos.
De esto deviene la administración real de los territorios, siendo este el punto fluctuante, este rol se adjudica de manera informal e inclusive con un carácter popular de aceptación poblacional. Dicha estrategia de administración ha estado presente a lo largo del globo y ha sido implementada por disidencias, y distintos grupos beligerantes y es una herramienta del Crimen Organizado en América Latina.
En esta línea tenemos que traer otro concepto que nos ayuda a pensar el rol de las organizaciones criminales en las Áreas Grises. La “Gobernanza Criminal” que es, a grandes rasgos, la presencia de algún grupo de Crimen Organizado en suplencia del Estado administrador y puede darse por una sumatoria de causales de las que destaca la imposibilidad de gobernar de dicho Estado. Este concepto teórico tiene diversos enfoques como los que le dan Enrique Desmond Arias (2006) o Benjamin Lessing (2020).
Sin embargo y a pesar de que la academia ha debatido esta problemática, el punto se encuentra en definir si el reconocimiento de dicha “Gobernanza Criminal” por parte de los Estados es fundamental para incluirlo en las agendas de seguridad o si por el contrario hacerlo supondría reconocer la incapacidad de gobernar.
Todas estas aseveraciones académicas no servirían de nada sin un ejemplo claro y tangible como lo es el Barrio “Pablo Escobar”, un barrio ubicado en las montañas de Medellín y que se fundó en 1984 por el conocido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
En este barrio viven más de 16.000 habitantes y quienes están desde sus inicios han catalogado al fallecido líder del Cártel de Medellín como el “Robin Hood Colombiano”, quien ha dado hogar a “los más necesitados”, ha empatizado con los pobres y les ha brindado el hogar y el cobijo que el Estado no ha podido.
Sin embargo, si suponemos que arbitrariamente el Cártel de Medellín construyó casas en un territorio y esto solo tuvo un impacto delictivo o ilegítimo, estamos equivocados. Luego de 27 años en la ilegalidad, la alcaldía de Medellín comenzó un proceso de titulación de los terrenos ocupados (que hasta ese entonces habían sido catalogados como “invadidos»), para luego de las inspecciones y revisiones necesarias, empezar a otorgar los títulos por los inmuebles. Si a esto le agregamos los reclamos de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio por la falta de centros de salud y educativos, vemos como la agenda de la política pública de Medellín se modifica forzosamente.
De todas estas cuestiones no escapa la pandemia del COVID-19, ya a un año del comienzo, y luego de un 2020 caótico, la crisis económica y sanitaria producto de esta nueva normalidad acrecentó las necesidades de las personas a lo largo del mundo, modificó los esquemas laborales y estudiantiles y su paso, una vez logre ser mitigado el virus, dejará un escenario donde el foco estará puesto en la reconstrucción y la reparación.
Aquí debemos empezar a prestar atención, con una necesidad nace un reclamo y con estos reclamos es factible que los grupos de Crimen Organizado, no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica puedan aprovechar la debilidad estatal causada por la pandemia para ganar territorio a través del visto bueno del pueblo.
Para concluir debemos plantearnos, como se aborda en los informes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que el Crimen Organizado tiene una vinculación directa con los Derechos Humanos y es ahí donde debemos mirar a futuro. La interferencia de esta problemática en las agendas estatales consolida por lo menos una preocupación territorial y un peligro en términos de narcotráfico y violencia.
Sin embargo, debemos detenernos y analizar si el rol del Crimen Organizado es netamente delictivo (y por consecuencia, afecta al goce de los Derechos) o si inclusive ocupan el lugar opuesto y se convierten estratégicamente en garantes de los mismos.
Será cuestión de los Estados decidir cómo abordar este flagelo y debatir internamente si considerar la categoría de “Gobernanza Criminal” y de hacerlo, si reconocer que esto sucede dentro de su territorio implica una ventaja para abordarlo en la agenda de seguridad o una desventaja en términos de percepción de poder.
