Brindar confianza, evitar pérdidas financieras y daños a la reputación son beneficios que brindan los programas de compliance a las empresas.
Antilavadodedinero / Larepublica
Estos mecanismos se pueden implementar en diversas áreas de la compañía para evitar delitos de corrupción dentro de las organizaciones, además de establecer parámetros de tipo ético en los procesos.
“Para construir y liderar un marco de cumplimiento y transparencia en las empresas se necesita una buena estructura en la gobernanza de la organización donde exista igualdad, transparencia e independencia al momento de regular a la alta dirección”, dijo Dayanna Zúñiga, Coordinadora del Departamento de Compliance de Nassar Abogados.
Asimismo, la incorporación de estos programas permite a las empresas prevenir y controlar que no se están llevando a cabo a lo interno y externo de su organización conductas ilícitas en el ejercicio de su actividad.
“El programa es como un seguro para las organizaciones, porque brinda protección y disminución en la materialización de riesgos por incumplimientos normativos y regulatorios, brinda credibilidad y confianza a terceros interesados, y evita pérdidas financieras y daños a la reputación”, agregó Zúñiga.
Es importante mencionar que para la implementación de un programa de compliance penal dentro de una empresa, en primer lugar, se debe crear un equipo que se encargue de realizar un análisis de riesgos, definir protocolos, elaborar un Código Ético, e implementar un canal interno de denuncias, auditoria y seguimiento, entre otros aspectos.
“Las empresas deben ir más allá de tener el compliance en el papel, se debe implementar la integridad corporativa, tener una alta dirección comprometida, desde los estatutos de las empresas o el plan estratégico las altas gerencias deben ser claras en su mensaje de tolerancia cero a la corrupción, cumplimiento y prevención de estos hechos, así como los recursos humanos y financieros para lograr este cumplimiento” destacó la coordinadora.
Sanciones y multas de mil hasta diez mil salarios base, pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales, cancelación del permiso de funcionamiento y hasta la disolución, son algunas de las consecuencias que podrían tener las personas jurídicas por corrupción.
