La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que archive la pieza “Entidades”, en la que se investiga si los bancos Santander y BNP Paris Bas colaboraron en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre los años 2005 a 2008, con la intención de ocultarlos a la Hacienda Pública española.
Antilavadodedinero / kaosenlared
Anticorrupción considera que existen indicios sólidos para acusar de blanqueo imprudente tanto al Santander como al BNP, por actuar como sucursal del HSBC Suiza y colaborar en sus operaciones opacas, tanto en efectivo como de compraventa de valores, por cerca de 500 millones de euros. Pero el delito de blanqueo imprudente, apunta el Ministerio Público en su escrito, tiene una vigencia de cinco años y por ello esta causa abierta en 2016 a raíz de las revelaciones de la lista de clientes facilitada por el informático Hervé Falciani ha prescrito y las entidades ya no pueden ser acusadas.
La Fiscalía reprocha al Santander que obvió todas las prevenciones en blanqueo de capitales y dio al HSBC la calificación de riesgo bajo, a pesar de estar involucrado en el caso Gescartera, del conocimiento de la lista Falciani o las sanciones del Reino Unido o Estados Unidos por participar en una estafa piramidal o blanquear capitales del narco mexicano.
Anticorrupción pide el archivo pero los problemas para los bancos pueden no haber concluido, porque también reclama remitir la documentación a la CNMV al advertir irregularidades porque ayudaron al HSBC a ocultar que era el titular real de un gran porcentaje de acciones de Bankinter.
La lista Falciani
Entre 2006 y 2008, el ingeniero informático del banco HSBC de Ginebra, Hervé Falciani, copió datos de su empresa que contenían los nombres de clientes defraudadores de varios países de la Unión Europea.
La lista sirvió en el año 2010 para identificar a 659 presuntos evasores fiscales del Estado Español. La Agencia Tributaria española, en una decisión muy criticada como «trato de favor», notificó a 558 de ellos para que regularizaran su situación. De estos, 306 se acogieron a esa amnistía fiscal y presentaron declaraciones complementarias a las que se les impuso el recargo correspondiente a tributaciones fuera de plazo.
El Ministerio de Hacienda no publicó nunca la lista íntegra, aunque trascendieron algunos nombres como el de Emilio Botín (presidente del Banco Santander), que pagó 200 millones de euros para regularizar su situación con Hacienda. Entre los defraudadores también se encontraban directivos de empresas conocidas como Cirsa o Pepe Jeans y otro largo listado de empresas dedicadas al mercado inmobiliario, ventas de obras de arte y servicios de exportación.
