Los diputados Inés Castillo y Laura Marroquín, discutieron sobre el cierre del primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República que concluyó en medio de un impasse político y legislativo alrededor de las reformas y actualización de la ley contra el lavado de dinero y otros activos.
En el programa se analizó las razones políticas, técnicas y económicas que han impedido su aprobación, las tensiones entre bancadas, los riesgos para la estabilidad y credibilidad del sistema financiero guatemalteco, así como los escenarios necesarios para destrabar la discusión y alcanzar consensos legislativos.
Marroquín dice que desconocían “enmiendas de última hora”
Marroquín calificó como una “sorpresa” que no se aprobara la iniciativa antilavado, pues existía un acuerdo político sobre las enmiendas que se habían discutido de forma técnica. “En la Comisión de Economía estuvieron representados todos los bloques, pero ayer se atrincheraron, VALOR, Vamos con Allan Rodríguez y la UNE. Se presentaron con cosas estéticas y era muy irresponsable pasarlas. Así se respondió con el rompimiento de quórum, que fue la medida más acorde”, dijo.
Sobre los cambios consensuados en comisión y los presentados de forma repentina, Marroquín señaló que en la instancia se discutieron 12 enmiendas bajo la “luz y la sabiduría” de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). “Lo que buscaban era los grandes cambios, como de las definiciones y otros. Sobre ayer lo desconozco, y el grupo Raíces no se comprometió a comprobar cosas que no conocíamos. Fue una falta de respeto, pues teniendo la presidencia VALOR, el vicepresidente se prestó a armar nuevas enmiendas”, indicó.
Marroquín explicó que la ley establecerá un régimen especial para las personas obligadas, no solo con notarios, sino en juegos de azar y casas de empeño, entre otros. “Con la IVE se dijo que este régimen especial no revela secretos, sino que crea un sistema en los que debe hacerse reportes. En Panamá quisieron hacer enmiendas y no pasaron por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), entonces es un ejemplo, porque tener una ley más o menos, no significa que se pasará la calificación”, resaltó.
Sobre las “personas políticamente expuestas” (PEP), la diputada dijo que en la ley vigente, se mantienen en ese estatus tras 5 años de dejar el cargo, pero ahora hay una “cultura de discriminación”. “Si se llegaba a abrir una cuenta de ahorros, se le negaba la cuenta. Ser este tipo de personas, no significaba el acceso bancario, u otros servicios, y ahora se limitó a los padres, conyugue y a los hijos. Lo que vemos no es que haya dudas técnicas, sino que están protegiendo las fuentes de donde viene el lavado”, señaló.
Critica negociaciones por beneficios pero evaluación se acerca
En cuanto a “rumores”, sobre una negociación de reactivar visas a sancionados, aprobar el cambio a la ley orgánica del MP, y modificar la ley de extinción de dominio para “no tener otra Cicig”, como requisito para aprobar la ley antilavado, Marroquín reconoció que la semana pasada sí se discutieron en algunos bloques. “Ayer todavía habían rumores de que querían pasar la reforma a ley de extinción de dominio. Están pensando cuál será su beneficio, pero lo que no saben es que no tenemos más tiempo. Cuando sea la evaluación en 2027, el ente evaluará resultados y no solo que esté aprobada la ley, pues hay que hacer reglamentos. En septiembre el GAFI empezará a pedir ciertos resultados”, señaló.
Marroquín señaló a diputados de la UNE y vinculados a Allan Rodríguez de haber tenido la oportunidad para presentar enmiendas en la comisión referida, en donde, aseguró participaron de forma activa pues fueron incluidos sus bloques.
La legisladora indicó que no tener la ley “afecta la vida cotidiana de la gente” y mencionó a las remesas. “Los diputados deben tener conciencia de que es un tema de país. Ahora que viene el embajador de Estados Unidos, y parece que no están haciendo nada. Ojalá que la llegada del embajador cambie prioridades en el Congreso”, resaltó.
Castillo asegura que votos de la UNE han permitido avances de la ley
En el segundo segmento del programa, Inés Castillo respondió a las alusiones de Marroquín sobre las enmiendas de última hora, y afirmó que la UNE “ha estado apoyando la ley”. “De hecho por nuestros votos va en tercera lectura. Estas fuerzas políticas que tanto critican, pero somos los que hemos llevado la ley hasta donde está por nuestros votos”, dijo.
Castillo indicó que el propio Presidente del Congreso les visitó en donde estaban arreglando las enmiendas “de forma”, durante la sesión del pasado martes.
El legislador además citó algunos detalles sobre las enmiendas que modificaron. “Hay una sanción por incumplimiento de los notarios de US$500 a US$300 mil, por lo que es desproporcionado. Nosotros proponemos que se haga una tabla, porque es desproporcionado que a un notario se le compare a una sanción de una entidad financiera. Por eso dicen ellos que son enmiendas raras, pero eso es”, explicó.
El diputado agregó que además discutían la “obligatoriedad” que una entidad financiera le preste servicios a una persona políticamente expuesta. “No podemos obligar porque es un ente privado. Si quiere lo hace o no”, explicó.
Castillo criticó que además que “ya no es momento de relatos y mentiras”. “Marroquín dice que se oponen a enmiendas pero no las conocen porque no permitieron que las presentáramos”, criticó.
Añadió que el “producto” de la Comisión de Economía “fue revisado”, por lo que tenían que incluir enmiendas. “Valoramos el trabajo de la comisión pero ayer se estaba haciendo la última revisión”, dijo.
También señaló que los PEP “no están en la ley actual”, sino que fueron “producto de una circular” de la IVE. “En la propuesta de la comisión es que sea el conyugue y los hijos. En el caso de los papás es complicado, porque ¿Qué culpa tiene el suegro que el yerno esté políticamente expuesto? Lo que pasa es que nadie es dueño de la verdad; se dice que la comisión ya lo había trabajado, pero si hay algo que arreglar, hay que hacerlo”, explicó.
Rechaza señalamientos de “lavadores”
Sobre las declaraciones de diputados oficialistas que señalaron a su pares como “lavadores” por no avanzar con la normativa, Castillo optó por no hacer muchos comentarios. “El grupo Raíces solo son 15 votos. Pero la UNE responsablemente hemos votado por esta iniciativa”, señaló.
El diputado fue más allá con sus críticas pues aseguró que algunos integrantes de la Directiva son “títeres” de los diputados de la facción de Raíces. “El martes no estaba el quórum necesario porque estábamos trabajando las enmiendas, y el presidente nos visitó para ver cómo íbamos. Pero cuando regresamos dijeron que no estaban de acuerdo y no nos dejaron presentarlas”. Agregó que las enmiendas mencionadas “no son más de 10”.
Castillo comentó que la Comisión de Economía le da 6 meses a la IVE para hacer los reglamentos, pero en la propuesta que trabajaron, solo disponen de 2 meses. “Estamos que solo sean 2 meses, y ese es el gran problema. Ellos terminarán el gobierno echándole la culpa al vecino”, dijo.
El diputado reveló que el lunes 18 de mayo ya tendrán la discusión de las referidas enmiendas, por lo que un día después, se podría convocar a una plenaria para la aprobación de la normativa.
Castillo desmintió que existiera una negociación por visas, la ley orgánica del MP y otros temas que se achacan, como condicionantes para aprobar la normativa antilavado.
“Venden que si no estamos con la ley nos vamos a morir; dicen que hay una visita en septiembre de la GAFI. Son recomendaciones las que hace la GAFILAT. Creo que le hemos hecho más bulla. No solo es la ley pero es cómo funciona la IVE, cómo investiga el lavado el MP, cuántas sentencias hay; entonces son una serie de resultados”, finalizó.
