Unos 35 fiscales en las especialidades de narcotráfico, anticorrupción y delitos económicos celebran en Granada la I Jornada formativa sobre estos temas. El encuentro nacional de jueces de Vigilancia Penitenciaria destaca la labor de garantizar los derechos del reo y su reinserción.
Solo en torno al 1% de los bienes y ganancias procedentes del crimen organizado consiguen finalmente ser decomisados y adjudicados al Estado, una cifra «desmoralizante» que no obstante está siendo combatida con nuevos instrumentos legales procedentes fundamentalmente de la Unión Europea.
Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal de sala de Cooperación Penal Internacional, Francisco Jiménez Villarejo, en la inauguración, en Granada, de la I Jornada sobre recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado.
Según ha explicado Jiménez Villarejo a preguntas de los periodistas, la principal dificultad a la que se enfrenta cualquier operador jurídico en la lucha contra el crimen organizado es disminuir la «enorme diferencia» existente entre las ganancias delictivas y lo que se embarga y recupera finalmente.
«Las estadísticas son desmoralizantes: se estima -ha agregado- en unos 139 billones de euros la media de las ganancias delictivas en la Unión Europea. Y, sin embargo, se embarga el 2% y se consigue finalmente decomisar y que se venda, reparta y adjudique al Estado un 1%».
Ese es el «gran vacío», ha dicho Jiménez Villarejo, que se ha referido no obstante, a la aparición en los últimos años de nuevos instrumentos legales en el Derecho, «sobre todo a partir del inicio del siglo veintiuno», procedentes muchos de ellos de transposiciones de decisiones marco o directivas europeas, como el reglamento de recuperación de activos desde el punto de vista transnacional, que es de aplicación directa.
Se trata, ha explicado, del primer instrumento europeo de este tipo que tiene que ser aplicado directamente por los fiscales y jueces españoles, lo que genera «muchas dificultades», de ahí que apueste por la formación de los operadores jurídicos a través de jornadas como las celebradas en Granada, que han sido inauguradas, vía telemática, por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En estas jornadas, una treintena de fiscales de España especializados en narcotráfico abordarán entre este miércoles y mañana jueves cuestiones como la conservación y administración de los bienes intervenidos en causas penales relacionadas con el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la corrupción o las estafas.
El fiscal general se ha referido a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Orga), un órgano estatal creado hace unos años en Algeciras (Cádiz) y cuya función es auxiliar a los órganos judiciales en la recuperación y administración de los bienes intervenidos en blanqueo de capitales, tráfico de drogas, trata de personas, corrupción o estafas.
El espíritu de este organismo, ha indicado, es «atacar al crimen donde más le duele», es decir, ir contra los bienes ilícitos para acabar con la productividad de las bandas organizadas.
Aunque funciona «muy bien», según el fiscal general del Estado, han detectado que se puede mejorar su funcionamiento, para lo que han organizado encuentros como el celebrado en Granada, donde tiene su sede la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya titular, Ana Tárrago, se ha referido a la situación del crimen organizado en esta comunidad.
Andalucía: Aumento de armas y blanqueo de capitales
Durante el último año, en Andalucía se han llevado a cabo 854 intervenciones relacionadas con el crimen organizado, de las que un tercio han derivado en investigaciones de blanqueo de capitales, según la fiscal superior andaluza.
Además, ha aumentado el volumen de intervenciones de armas -«hasta fusiles de asalto-«, y se está dando la circunstancia de que en provincias como Almería y Cádiz hay «vigilantes armados en los invernaderos y cultivos de plantas de marihuana».
Tárrago se ha referido al plan especial contra el narcotráfico impulsado en 2018 por el Ministerio del Interior en el Campo de Gibraltar y extendido posteriormente al resto de provincias costeras andaluzas y a Sevilla, que ha permitido, ha dicho, aumentar las detenciones y los alijos de droga.
«Pero hay que acabar también con los entramados patrimoniales«, algo que genera muchas dificultades por la volatilidad de los bienes y el difícil acceso cuando se trata, por ejemplo, de las criptomonedas, cada vez más presentes en el patrimonio de las organizaciones criminales, ha expuesto Tárrago.
