El equipo negociador logró avances en París, pero todavía se impone la posible sanción que haría colapsar el plan de ingreso de dólares a través del blanqueo y las inversiones del RIGI. Las críticas están centradas en el accionar judicial y en la UIF de la era macrista. Será la primera definición que tomará Elisa Anda Madrazo en el ente encargado de combatir el lavado.
El Gobierno intentará exprimir todos los minutos disponibles, en una carrera contrarreloj, para forzar que se imponga una decisión más política que técnica en las negociaciones abiertas en París, en donde se evalúa el ingreso de la Argentina a la temida lista gris que arma el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De recibir un revés, la decisión les meterá ruido a las expectativas positivas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al blanqueo de capitales que la administración de Javier Milei impulsó para atraer dólares propios y ajenos que sostengan el modelo de competencia de monedas, previo a la dolarización.
Según una fuente oficial de primer nivel consultada por PERFIL, los representantes argentinos que están en la negociación utilizarán todo el tiempo posible para revertir una sanción de parte del organismo internacional. “Es un proceso. Entiendo que las reuniones en París fueron positivas ante el borrador que habían preparado. Y seguirán trabajando hasta la fecha formal de la evaluación”, confió, off the record, el funcionario libertario.
Hoy, la Argentina tiene un pie puesto en la lista gris del organismo intergubernamental, por deficiencias en el combate contra el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. Según otras fuentes consultadas por PERFIL, en el plenario del GAFI, que se realizará entre el 21 y 25 de octubre próximo en la capital francesa, la novedad “no será beneficiosa para el país” y tendrá impacto sobre un contexto muy complejo para la Argentina.
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Sucede que la degradación en la calificación de la entidad antilavado “por falta de resolución en las causas denunciadas” cortaría el proceso de blanqueo de capitales, ya que en su sanción legislativa prohíbe la exteriorización de activos no declarados de países en lista gris. El propio país en donde se aplica quedará excluido. Además de poner en duda las condiciones de estabilidad legal de las inversiones multimillonarias que se agolpan por ingresar al país con los beneficios del RIGI.
Este último viernes, por caso, más de 200 empresas multinacionales alineadas a los Estados Unidos se reunieron con cinco provincias mineras para explorar proyectos en ese sector.
El GAFI, creado en 1989 por el G7 (los países considerados potencias mundiales en ese momento), se apresta a incluir a la Argentina en una lista gris que por ahora integran una veintena de países, entre los que se encuentran Burkina Faso, Camerún, Haití, Kenia, Siria, Mónaco, Croacia y Venezuela.
En la lista negra, que es el paso siguiente, solo están Irán, Birmania y Corea del Norte. La inclusión argentina será parte de las primeras medidas que tomará la flamante presidenta del organismo, la mexicana Elisa Anda Madrazo.
“La inclusión en la lista gris es un hecho casi inevitable. En el mejor de los casos, el país puede aspirar a que el GAFI le dé un plazo de un año, aproximado, para regularizar los puntos cuestionados, pero generalmente esa instancia se pone en marcha para evitar la degradación a lista negra”, señaló una fuente consultada por PERFIL, que asesoró a la Unidad de Información Financiera (UIF) durante una parte de la gestión kirchnerista.
De confirmarse la sanción, el impacto tendrá consecuencias en el flujo de dinero en el país que esperaba el Gobierno, lo que complicaría la necesidad de circulación de dólares en la economía doméstica.
El problema que enfrenta la gestión Milei es la objeción a los procesos judiciales inconclusos, en donde se cruzan tramas de corrupción y posible lavado de activos financieros. En París quieren que Argentina cuente con mayores medios para la investigación de comportamientos sospechosos, que permitan más acciones cuando se detecte una irregularidad.
Pero, especialmente “una acción judicial más efectiva, con más magistrados y sanciones disuasorias y proporcionadas”. Es un requisito habitual a los países que están en lista gris.
Un hecho que generó ruido en el GAFI fue la frustrada intervención de la consultora K2 Integrity, representada en el país por el exjefe de la UIF durante la gestión Cambiemos, Mariano Federici. La firma internacional, que se especializa en temas de antilavado, participó de reuniones de análisis, pero luego quedó marginada por falta de acuerdo con el Gobierno.
“Esa desprolijidad dejó un mal antecedente”, señaló un experto en la materia. Justamente, el exfuncionario macrista fue un crítico del juez y candidato del oficialismo para integrar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo, por haber dejado “planchada la parte restante de la investigación financiera para garantizarles la impunidad a (Amado) Boudou y a algunos empresarios poderosos vinculados al financiamiento político de Sergio Massa”.
La revisión del estatus de Argentina es parte de la herencia extendida que recibió Milei. Sucede que la pandemia hizo pasar por alto la calificación que el país debía enfrentar en 2020, cuando estaba cuestionada la acción judicial por la propia UIF, que había sido comandaba hasta diciembre de 2019 por el cuestionado Federici. En el medio, pasó la gestión de Alberto Fernández, con Carlos Cruz y Juan Carlos Otero como interventores del organismo antilavado.
Según pudo saber PERFIL, las críticas del GAFI hacia el trabajo antilavado está fuera del control del Gobierno y es lo que preocupa a los intermediarios. “Se trata de una resolución política y está vinculado con la potestad que le darán a Milei de aumentar el flujo de dólares en el país, muchos de los cuales dejarán los mal llamados paraísos fiscales para instalarse en la Argentina, bajo las condiciones extraordinarias del blanqueo y el desarrollo de actividades de alto rendimiento, como las energéticas y las mineras”, sintetizó otra fuente conocedora del tema.
