La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, ante las denuncias de supuestas irregularidades en la compra de respiradores, anunció una investigación ante una «posible corrupción».
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Los aparatos fueron duramente cuestionados por su utilidad, pero también por las posibles irregularidades en su adquisición que por los altos costos que pagaron podría haber «posible corrupción».
Los respiradores se cotizaron en Bolivia con el representante de los equipos GPAInnova en 12.500 dólares; pero se compraron en España en casi 28 mil con un crédito del BID, según la cotización No. 05/2020 del proponente, Grupo Cosin.
El gerente de general de la empresa GPA Innova, Pau Sarsanedas, informó que los 170 respiradores que adquirió Bolivia fueron mediante intermediarios, ya que la empresa encargada de la elaboración de los equipos no comercializa directamente el producto.
Los equipos tienen dos precios de acuerdo al modelo fabricado, el básico cuesta 6.000 euros sin accesorios y el modelo avanzado 9.500 sin accesorios, el intermediario para el país por la urgencia optó por el primer modelo.
Ante esta situación, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva ya advirtió que los aparatos “no cumplen ni con el 10 por ciento de las especificaciones técnicas de la OMS”.
Esto provocó que la empresa GPAInnova anuncie una actualización, sin recarga en el costo, en el software de los respiradores para que se conviertan en modelos más avanzados.
Sin embargo, los profesionales en terapia intensiva sostienen que esos equipos, AMBU automatizados, no se podrán utilizar en terapia intensiva ni con esa actualización. El Gobierno afirma que los aparatos permitirán salvar muchas vidas.
Entretanto, el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, anunció que el Ministerio Público va a investigar si hubo sobreprecio en la adquisición de los ventiladores españoles.
Esta tarde ya se procedió con la aprehensión del director de Adquisiciones del Ministerio de Salud, vinculado a la compra de los respiradores de emergencia.