El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) le concedió una prórroga a la Secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, para concluir la investigación preliminar sobre el chat de Telegram en el que participaba el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y once hombres de su confianza.
Así lo confirmó la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, a El Nuevo Día, pues el término que tenía Justicia para la investigación venció el pasado 14 de octubre.
La agencia comenzó su investigación preliminar el 16 de julio, en medio de manifestaciones que exigían la renuncia del entonces mandatario y días antes de que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, constituyera el comité especial para iniciar el proceso de residencia.
La Ley para crear la Oficina del PFEI provee para que se le pueda conceder a Justicia tres meses adicionales, para un total de seis meses. “Ellos, en su comunicación, presentan la razón por la cual no han podido culminar”, contestó Cotto Vives.
A preguntas de este diario, la presidenta del PFEI rechazó que la complicación haya sido la negativa del cabildeo Elías Sánchez Sifonte y el estratega de comunicaciones Edwin Miranda Reyes en entregar sus celulares. Ambos acudieron al Tribunal Apelativo, para evitar cumplir con la orden judicial.
Los otros integrantes del chat denominado “War Room Fortaleza” eran el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el ex asesor principal del gobernador, Alfonso Orona; el exdirector de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Christian Sobrino; el exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el director de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Llerandi; el director de Puertos, Anthony Maceira; así como los exasesores en comunicaciones, Rafael Cerame y Carlos Bermúdez.
Con la prórroga, el término nuevo que tiene Justicia para culminar su investigación es el viernes, 10 de enero. Sin embargo, la agencia anticipó al PFEI que espera culminar antes de esa fecha.
Estas conversaciones del gobernador y sus colaboradores encolerizaron a la ciudadanía, que se manifestó en oposición al gobierno durante 23 días consecutivos frente a la mansión ejecutiva y alrededor de la Isla, lo que forzó a Rosselló Nevares a presentar su renuncia efectiva el 2 de agosto.
El comité especial constituido por Méndez identificó como posibles delitos graves: el aprovechamiento ilícito de servicios públicos, la malversación de fondos públicos, la negligencia en cumplimiento del deber, las violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por usar el cargo para obtener beneficios privados y personales, así como por el delito menos grave de promover intereses electorales y partidistas mientras se ejercen funciones del oficio público.
Además de estos posibles delitos, el Colegio de Abogados identificó otros: alegado uso de violencia o intimidación contra la autoridad cuando Sobrino expresó que estaba “salivando por caerle a tiros” a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto; posible recopilación ilegal de información personal para discriminar contra la esposa del senador independentista Juan Dalmau en el empleo; obstrucción a la autoridad y conspiración contra el monitor asignado por el Tribunal Federal en el caso de la Reforma la Policía, Arnaldo Claudio.
En las 889 páginas divulgadas del chat, los funcionarios públicos planificaron asuntos oficiales basados en consideraciones partidistas y electorales, permitieron la injerencia de personas privadas en asuntos de gobierno, incluyendo materias confidenciales; y planificaron dañar la reputación de periodistas, políticos de la oposición y hasta funcionarios federales por afectar la imagen de la administración.
La Secretaria de Justicia tendrá que rendir un informe detallado de la investigación al PFEI, con su recomendación sobre si procede la designación de un Fiscal Especial. A partir del análisis del expediente, el Panel podrá, a su discreción, nombrar un Fiscal Especial y ordenar la investigación del caso.
“Estamos en la espera de que ellos nos la refieran y cuando nos refieran ese expediente con la carta de la secretaria de Justicia, en el Panel vamos a hacer un análisis y nos reunimos para tomar una decisión de forma colegiada”, comentó Cotto Vives.
ALD/Elnuevodia
