El presidente del PP, Pablo Casado, anunció dos días después del mayor descalabro electoral de su partido en Cataluña que la dirección nacional no iba a volver a dar explicaciones “sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle”. “No nos lo podemos permitir”, aclaró, “más con el calendario judicial que se avecina. Las hipotecas en política no son hereditarias, no lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo para el nuestro”.
Antilavadodedinero / elpais
Su compromiso de silencio sobre la corrupción del PP se topará en los dos próximos años con una decena de juicios que pondrán bajo sospecha a un partido político que ha gobernado 15 años en España y que ha vencido en cinco elecciones generales de la reciente etapa democrática.
Estos son los principales procesos judiciales por corrupción a los que se enfrenta el PP y sobre los que no piensa volver a hablar la dirección nacional que preside Pablo Casado.
1.- ‘La caja b’: El PP, supuesto responsable civil subsidiario. La Audiencia Nacional juzga desde el 8 de febrero y hasta finales de mayo si el PP utilizó una caja b alimentada por donaciones ilegales de empresarios para pagar una parte de las obras de reforma de su sede central. Se trata de la misma sede en Génova, 13, que ahora Casado ha decidido abandonar para huir del pasado corrupto que persigue a su partido. La Abogacía del Estado pide 1,2 millones de euros al PP como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos supuestamente por quien fue su tesorero, Luis Bárcenas.
2.- ‘Caso Gürtel’, segunda etapa: el PP, supuesto partícipe a título lucrativo. En otoño comenzará el juicio por lo que se denomina segunda etapa del caso Gürtel y que dirime las supuestas corruptelas del grupo empresarial de Francisco Correa con algunas administraciones gobernadas por los populares entre 2005 y 2009. El partido fue condenado como participe a título lucrativo a pagar 245.000 euros en la sentencia de la primera etapa de Gürtel confirmada por el Tribunal Supremo. En el juicio de la segunda etapa, el auto de procesamiento señala que el Partido Popular “habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas” por este.
3.- ‘Caso Taula’: el PP, supuesto responsable civil por financiación ilegal de campañas electorales. La juez que instruye el caso Taula sentará en el banquillo en los próximos meses al Partido Popular como responsable civil subsidiario en el presunto desvío de fondos públicos a través de la firma Thematica Events para financiar campañas electorales de candidatos populares. La instructora de este caso dirige la acusación contra quien fue gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, que ha confesado los delitos y colaborado con la investigación; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina y varios empresarios y funcionarios. La fiscalía relata en su escrito de acusación que salió dinero de la empresa pública Imelsa para financiar campañas electorales del PP. El sistema consistía en elevar los costes de servicios que contrataba Imelsa con determinadas empresas y estas compañías hacían trabajos electorales para candidatos del PP sin cobrar nada a cambio.
4.- Arganda del Rey: supuestas comisiones ilegales a cargos del PP por un pelotazo inmobiliario. La investigación está concluida y pendiente de celebrar el juicio donde se investigará un supuesto pelotazo inmobiliario a favor de Martinsa, empresa que supuestamente pagó grandes cantidades de dinero en comisiones ilegales a cargos del PP a cambio de hacerse con unos terrenos para levantar miles de viviendas.
5.- ‘Caso Púnica’: supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. El caso Púnica es un proceso abierto hace siete años con numerosas piezas separadas donde se investiga, entre otras cosas, la financiación ilegal del PP de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre. El juez instructor tiene que concluir sus trabajos este verano y dictar el auto de apertura del juicio oral. Tres ex presidentes autonómicos del PP, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, están imputados en la causa. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, se ha ofrecido a colaborar con la justicia en este caso y aportar documentación que demostraría los métodos ilegales de financiación del partido durante la presidencia de Esperanza Aguirre. El juicio se celebrará en 2022.
6.- ‘Caso Lezo’: contratos amañados y mordidas a favor de altos cargos del PP. La Audiencia Nacional investiga distintas operaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid (compra de una empresa de distribución de aguas en Brasil a cambio de una mordida de seis millones de dólares; obras de construcción de un campo de golf en el centro de la ciudad a favor de una empresa amiga, pago de comisiones ilegales por la adjudicación de un trazado ferroviario). El expresidente Ignacio González es el principal imputado en una causa cuya investigación finalizará este verano para abrir el juicio oral.
7.- ‘Caso Ciudad de la Justicia’: el jefe anticorrupción que puso Casado, juzgado por corrupción. El juez José de la Mata dictó en noviembre pasado un auto de procesamiento contra Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre y hombre de confianza de Pablo Casado, que lo puso al frente de la Oficina del Cargo Pupular encargada de investigar anomalías e irregularidades en la actuación de los cargos públicos del PP. El juez De la Mata encontró durante la investigación suficientes indicios de prevaricación, fraude a las administraciones y malversación de caudales públicas en la gestión de la Ciudad de la Justicia por parte de Alfredo Prada, que hace tiempo dejó cualquier cargo de responsabilidad en el PP de Pablo Casado.
8.- ‘Caso contratos Valencia’: el expresidente Camps, procesado. El juez José de la Mata dictó un auto de procesamiento contra numerosos dirigentes del Gobierno valenciano del PP por la adjudicación de contratos a favor de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La Fiscalía pide dos años de cárcel para Francisco Camps, el expresidente valenciano que ha salido indemne hasta ahora de todos los casos de corrupción que afectaron a su Ejecutivo y por el que han sido condenados más de una decena de altos cargos que él nombró. La Fiscalía acusa a Camps de favorecer a la trama Gürtel para que obtuviera al menos 13 contratos amañados por cientos de miles de euros.
9.- ‘Caso Kitchen’: obstrucción a la justicia en la investigación de la caja b del PP. La cúpula policial del ministerio del Interior puso en marcha una operación ilegal pagada con fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su familia, según la investigación. El objetivo del espionaje era robar documentación comprometedora para el Gobierno de Mariano Rajoy, según las pruebas recabadas por el instructor. El juez imputó al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al exsecretario de Estado, Francisco Martínez, ante los indicios existentes sobre que fueron estos dos cargos políticos quien idearon y ordenaron una operación que se ocultó en todo momento al juez que investigaba el caso. La instrucción de esta causa, con media docena de comisarios imputados, finalizará en los próximos meses. El juicio no se celebrará antes de 2022. El Congreso de los Diputados ha creado una comisión de investigación para analizar estos hechos.
10.- ‘Caso Villarejo’: el comisario preso que ayudaba al PP. El macrosumario que atiende al nombre de Tándem y que mantiene encarcelado desde hace más de tres años al comisario José Manuel Villarejo está cargado de múltiples pruebas contra el PP. No solo en el caso Kitchen sino en algunas grabaciones y diversa documentación de Villarejo, aparecen cargos públicos del PP a los que ayudaba supuestamente el comisario. Desde la conversación que grabó en julio de 2009 en el despacho de la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, para definir estrategias que evitasen daños mayores en la investigación del caso Gürtel hasta sus encuentros con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Algunas de las piezas separadas del caso Villarejo salpican al PP como el partido para el que trabajó el comisario, intentando obstaculizar investigaciones de los tribunales sobre la corrupción de la formación conservadora.
