El asesinato de Fernando Villavicencio, quien era el candidato del Movimiento Construye para ganar la Presidencia de Ecuador, trae a la memoria los asesinatos de los presidenciables colombianos Luis Carlos Galán en 1989 y Carlos Pizarro Leongómez en 1990, y el del mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994. En todos estos crímenes estuvieron involucrados, presuntamente, cárteles del narcotráfico.
Este nuevo magnicidio encendió las alertas de todos aquellos que buscan salvaguardar las frágiles democracias latinoamericanas. Pero este déjà vu nos devuelve al problema que hace décadas viene amenazando, por su correlato de violencia y muerte, la vigencia del Estado y sus instituciones en ciertos países de la región.
Ecuador, que hace una década solo representaba un lugar de tránsito de drogas, se ha convertido en un país de “almacenamiento, procesamiento y distribución”. Esto conlleva la configuración de franquicias locales que responden a los intereses de los cárteles mexicanos, que son considerados por el Gobierno de Estados Unidos como uno de los más poderosos del mundo.
En julio, el administrador adjunto de la DEA, Georges Papadopoulos, publicó el documento Protección del territorio nacional de Estados Unidos: lucha contra el flujo procedente de la frontera suroeste. Ahí se da cuenta de la dimensión y el poder que tienen los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación a través de una red de franquicias y alianzas criminales a escala mundial.
Con respecto al Cártel de Sinaloa, señala que esta organización cuenta con más de 26.000 miembros, asociados, facilitadores y corredores afiliados en un centenar de países. Mientras tanto, Jalisco Nueva Generación tiene más de 18.800 personas entre miembros y allegados, y también opera en más de 100 países. Estas cifras contrastan con las de la DEA, que opera solo en 69 países y cuenta con alrededor de 9.000 empleados.
Complementariamente, el Centro Internacional Marítimo contra el Narcotráfico, de Colombia, elaboró en 2021 un mapa de las cinco rutas del narcotráfico que documenta el paso de la droga entre Ecuador y las costas de México. Una constante en los territorios tomados por el crimen organizado es que, para optimizar sus operaciones y negocios, resulta cada vez más indispensable hacerse con franjas de las instituciones públicas y de representación política en los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios) para tener una suerte de muro de contención contra decisiones políticas adversas a sus intereses.
En este propósito de crear un Estado paralelo, estas organizaciones han acudido a la presión, la intimidación y el asesinato de los líderes sociales, así como también de los dirigentes políticos que se han opuesto a ese proceso de captura de las instituciones públicas.
La incertidumbre que se vive actualmente en Ecuador, también se vivió en México durante las elecciones concurrentes de 2021, cuando los distintos grupos del crimen organizado se convirtieron en el gran elector, especialmente en los estados de la costa del Pacífico, e intervinieron violentamente en la selección de candidatos, en las campañas electorales y el día de los comicios. Incluso, cerca de un centenar de dirigentes, militantes y candidatos murieron asesinados.
De acuerdo con el Primer informe de violencia política en México 2021, de la organización civil Etellekt, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 30 de mayo de 2021 hubo 782 agresiones contra políticos y candidatos, y entre las agresiones registradas, fueron asesinados 35 candidatos a algún cargo público. En general, 89 políticos fueron asesinados.
En estos días en que en México están en marcha procesos para definir quiénes serán los candidatos presidenciales de las dos grandes coaliciones que se prefiguran para competir en 2024, el problema de los cárteles y su violencia está prácticamente ausente del debate público. Esto, a pesar de que la mayoría de los mexicanos consideran que este asunto es su mayor preocupación.
En definitiva, los asesinatos de los presidenciables colombianos Galán y Pizarro, así como el del mexicano Colosio, y ahora el del ecuatoriano Villavicencio (este, por cierto, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se hiciera cargo del problema que exporta su país), son las consecuencias que sufren aquellos que osan desafiar el poder del narco. Por ello, hace falta algo más que declaraciones y pronunciamientos políticos para detener este flagelo.
