La Banca Privada d’ Andorra (BPA) se convirtió en un refugio para ocultar fortunas de políticos priistas y empresarios mexicanos, pese a los embates que sufrió desde su llegada y posterior salida de México, consigna este lunes el diario español El País.
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El reportaje Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI, publicado esta tarde, indica que hasta el año 2015, cuando fue intervenida la institución financiera por lavado de dinero, 80 fortunas de mexicanos estaban en manos de ese banco, pero no fueron las únicas que pasaron por su cartera en casi una década.
“Un relato que entremezcla turbias fortunas, altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con maletines y prohombres del Partido Revolucionario Institucional (PRI). O, lo que es lo mismo, una corporación que unió bajo el manto protector del secreto bancario a personajes del crimen organizado con priistas como el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la Senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones“, señala el texto firmado por Joaquín Gil y José María Irujo.
Tanto Del Mazo, Collado y Sylvana Beltrones han negado irregularidades en el origen de los recursos en diferentes momentos, incluso que ellos mismos hayan abierto las cuentas a su nombre.
Los periodistas relatan que la BPA llegó a México en el año 2006. “Transcurre solo un año. Y 71 familias y 10 empresas engrosan la cartera inicial de clientes de esta institución (…) Altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder… Todos, refugian su dinero inconfesable en la flamante y reservada BPA mexicana”.
Explica que entre ellos estaba Giovanni Zenteno, en ese entonces coordinador en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2006. “Y no tuvo problemas en desembarcar en la entidad de la familia Cierco, pese a que la institución financiera se lo debió impedir por su condición de alto funcionario”.
También Juan Sigfrido Millán Lizárraga, Gobernador del PRI por Sinaloa entre 1993 y 2004, además de “una exsubdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de la Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, un empresario sinaloense que murió acribillado a tiros en Guadalajara en 2007…”.
Pero el éxito de la institución estuvo apunto de desplomarse ese mismo año, pues un informe de la dirección de la BPA en México enviado a la dirección general en Andorra relacionaba a algunos de sus clientes vinculados con un político venezolano con lavado de dinero del narcotráfico.
“La dirección reporta el caso a las autoridades andorranas y mexicanas. Y lo reduce a un mero incidente de blanqueo. También, ignora que el mecanismo para inyectar en el sistema el dinero del crimen se canaliza a través de la casa de cambios mexicana ByB”, explica El País.
La BPA superó el episodio a la par de la crisis financiera de 2008 y suma, entre 2010 y 20212, 122 clientes con 192.6 millones de dólares, en una cartera que incluye a 174 “enigmáticos mexicanos que mueven en la entidad 243 millones”.
El 27 de febrero de 2012, los directivos informaron que “se iniciarán los trámites para poner fin a la presencia en México”, según un acta de su comité de control consultada por el prestigioso rotativo español, lo que no ocurrió ese año.
Pero Ees en 2013 cuando la BPA finalmente cierra su “embajada” en México, aunque “desde su tentáculo del país centroamericano, fabrica una larga lista de sociedades off shore para refugiar las vidriosas fortunas”, a la par que empieza a captar a más Personas Políticamente Expuestas (PEP), personajes con cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos provenientes de actos de corrupción.
Entre los personajes que abultan la cartera están Luz del Carmen López Rivera, exdiputada federal del PRI, que en mayo de 2012 colocó medio millón de dólares en la BPA, según un informe de la Policía de Andorra consultado por el diario.
Mientras que el ingeniero Bernardo Quintana Kawage, exdirector General de ICA Construcción Urbana, depositó en 2011 un total de nueve millones de dólares.
Fue en 2015 cuando intervino el Tesoro de Estados Unidos ante los supuestos nexos de esa banca con grupos criminales como Odebrecht.
“Las idas y venidas de los miembros de la fiscalía mexicana a Andorra han sido tan discretas como constantes”, pero la entonces Procuraduría General de la República (PGR) “buscó un atajo para salvar el patrimonio millonario de alguno de los clientes mexicanos atrapados en las redes”: logró archivar las causas contra Juan Ramón Collado, abogado de Peña Nieto, que movió 120 millones de dólares en 23 cuentas entre 2006 y 2015, resalta El País.
“El pasado año, el Ministerio Público andorrano mantenía abiertas varias decenas de investigaciones sobre fortunas mexicanas en la BPA y, cuando se intervino el banco, en 2015, estas pesquisas ascendían a 80, según confirman fuentes conocedoras del caso”, apunta el medio español.
