El empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado por unanimidad a la pena de 12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción, en una causa que se conoce como «la ruta del dinero K», según resolvió hoy la justicia.
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El fallo abarca a sus hijos Martín (9 años de prisión, como coautor), Leandro, Luciana y Melina Báez, ya que aparecen como beneficiarios finales de las cuentas en Suiza por las que circuló ese dinero que fue blanqueado tras sucesivas operaciones en paraísos fiscales de América y Europa.
También condenaron al valijero Leonardo Fariña, a cinco años de prisión, y Daniel Pérez Gadín, a ocho años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos. Fueron también condenados Jorge Chueco, exabogado del empresario, Fabián Rossi, César Fernández.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N° 4 con el voto de los jueces Néstor Costabel y sus colegas Gabriela López Iñiguez y Adriana Paliotti.
Esta condena contra Báez impacta en el juicio que se le sigue Cristina Kirchner, que está acusada de favorecer al empresario con contratos de obra pública, si es que efectivamente el tribunal dio por probado que ese dinero ilícito provenía de esos contratos. Los detalles al respecto se conocerán cuando se hagan públicos los fundamentos de la sentencia.
El fiscal Abel Córdoba había pedido para Báez la pena más alta, 12 años de prisión. Los otros acusadores también pidieron penas: la Oficina Anticorrupción (OA), 8 años y 6 meses de prisión; la Unidad de Información Financiera (UIF), 9 años, y la AFIP, 8 años.
Báez está detenido desde 2016 con prisión preventiva. Desde el año pasado cumple arresto domiciliario en su casa.
Su hijo Martín, el mayor, Martín Báez, es el único de los 27 acusados que está preso en un penal. Está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.
El fiscal pidió la absolución de 8 de los acusados.
La maniobra
La causa investiga la salida del país de unos 54 millones de dólares de origen ilícito que fueron suministrados por el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Para el fiscal Abel Córdoba, la maniobra contenida en los hechos de lavado abarca los US$ 54.872.866. Ese dinero recorrió una serie de etapas por cuentas de empresas offshore en paraísos fiscales, se cambió en bonos del Tesoro argentinos y reingresó a las cuentas de Austral Construcciones, la firma del empresario en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación.
Según acreditó la Justicia, el dinero circuló desde Santa Cruz a Buenos Aires, y luego al exterior a través de cuentas bancarias y sociedades radicadas en Suiza y Panamá. Luego fue repatriado a través de la compra de bonos argentinos.
El tribunal oral analiza cuál es el delito precedente del presunto lavado: si la defraudación al Estado causada por el direccionamiento de contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez, investigado en el caso conocido como Vialidad, en el que Cristina Kirchner está acusada, o la evasión impositiva de Austral Construcciones a través del uso intensivo de facturas truchas, investigada en los tribunales de Bahía Blanca. O ambos.
El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.
