La justicia de Perú dictó 36 meses de prisión preventiva contra un ex directivo brasileño de la constructora Odebrecht en el país andino por un sonado caso de corrupción que también involucra al expresidente Ollanta Humala y su esposa, según las investigaciones.
El fallo de un juez de la Corte Superior de Justicia contra Jorge Barata, que se difundió declaró “fundado” el pedido de medida cautelar por parte de la Fiscalía que, según indicó, se hará efectiva una vez que el exdirectivo esté a órdenes de la justicia peruana. El dictamen pidió iniciar el trámite ante la Interpol para la posible extradición del brasileño quien —afirmó— reside en Sao Paulo.
El caso conocido como “Gasoducto Sur Peruano” señala a Barata de haber concertado con el exmandatario Humala (2006-2011) y su esposa, Nadine Heredia, la licitación de un contrato para la construcción de un ducto de 1.000 kilómetros para el transporte de gas natural a una región el sur que no concluyó y por lo cual habría pagado coimas.
Humala y su esposa enfrentan un juicio por presunto lavado de dinero proveniente de Odebrecht, el cual habría sido utilizado para financiar sus campañas presidenciales en 2006 y 2011.
Luego de seis años de investigaciones, el juicio a Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, empezó en 2022. La fiscalía solicitó 20 años de cárcel para el exmandatario y 26 años de prisión para Heredia. La pareja estuvo presa nueve meses entre 2017 y 2018.
En julio la Fiscalía peruana solicitó a la justicia dictar la orden de prisión contra Barata tras revocar un acuerdo de colaboración con el exdirectivo brasileño, un ingeniero de 61 años, luego de que este rompiera su compromiso de declarar en contra de Humala y de la política Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, en otro caso por presunto lavado de activos.
En 2019 el Ministerio Público del Perú suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht a fin de que aporte pruebas que permitan enjuiciar a poderosos políticos que habrían participado en la conocida trama de corrupción sobre pagos millonarios para la adjudicación de obras de infraestructura en Latinoamérica.
