Jorge Ramírez se reunirá con autoridades estadounidenses en busca de repatriar US$1 millón 600 mil del expresidente y su esposa Eliane Karp. Y también va por los US$5 millones detectados por el FBI en cuentas vinculadas al prófugo empresario.
Vislumbrando ya una eventual sentencia contra el prófugo Alejandro Toledo, el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, viajó a Estados Unidos para conocer los pasos a seguir para la repatriación de activos que le pertenecen al exmandatario y a su esposa Eliane Karp.
Esta diligencia fue anunciada por Perú21 a mediados de octubre cuando se reveló que el FBI (policía federal de EE.UU.) había hallado dos cuentas bancarias vinculadas a la expareja presidencial con US$1 millón 600 mil.
Ayer, el Ministerio de Justicia emitió una resolución en la que precisa que Ramírez acudirá a ese país, en el que reside Toledo desde 2017, “a fin de coordinar estrategias relacionadas a la confiscación de activos de personas investigadas en los casos de su competencia”. Y también para participar en un proceso arbitral.
El Estado peruano pretende recuperar el dinero y los activos que el expresidente habría obtenido tras recibir, según la hipótesis fiscal, más de US$30 millones en sobornos de la empresa Odebrecht.
De acuerdo con el equipo especial Lava Jato, Toledo pidió esa millonaria coima a cambio de concederle a la compañía, durante su gobierno (2001-2006), la construcción de la carretera Interoceánica Sur.
La idea de Ramírez, según fuentes consultadas por este diario, es conocer los recursos con los que cuenta el exjefe de Estado para analizar el cobro de una reparación civil.
En 2017, la Fiscalía incautó la oficina de Toledo ubicada en la Torre Omega y que está valorizada en US$750 mil. Asimismo, decomisó tres estacionamientos y un depósito ubicados en el mismo edificio del distrito de Surco.
Actualmente, el exlíder de Perú Posible se encuentra recluido en una prisión de California mientras afronta un proceso de extradición al Perú.
Monteverde en el mapa
Perú21 conoció que el FBI detectó cuentas bancarias vinculadas al prófugo empresario Gonzalo Monteverde que guardaban la suma de US$5 millones. Y esos fondos ya fueron congelados.
Monteverde, de acuerdo con la Fiscalía, creó empresas fantasmas y simuló contratos con Odebrecht para lavar el dinero ilícito de la firma brasileña.
El dinero que recibió el empresario, quien está no habido desde marzo pasado, habría sido usado por la firma para pagar sobornos y desembolsar aportes a campañas políticas.
El procurador Ramírez también consultará sobre la repatriación de ese dinero y buscará conocer el manejo de recursos de los otros prófugos: la exintegrante del comité de licitación del Metro de Lima Mariella Huerta y el empresario Gustavo Salazar Delgado.
De acuerdo con el Ministerio Público, Huerta tenía una participación del 10% en una cuenta offshore en la que Odebrecht hizo transferencias de sobornos para adjudicarse el tren eléctrico durante la gestión de Alan García (2006-2011).
En esta investigación, el principal investigado es el exviceministro de Comunicaciones, el detenido Jorge Luis Cuba, quien habría recibido US$8 millones por su intermediación.
Salazar, por su parte, es imputado de haber manejado el US$1 millón 200 mil en sobornos que la compañía habría pagado al exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio, para adjudicarse la construcción de la Vía Evitamiento de la Ciudad Imperial.
También participará en arbitraje
El procurador Jorge Ramírez estará desde hoy en Estados Unidos para participar, este lunes, en la audiencia ante un tribunal arbitral en la ciudad de Washington, Estados Unidos, en la que se tratará la demanda del consorcio Rutas de Lima contra la Municipalidad de Lima.
En la resolución ministerial N° 0408-2019-JUS, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, se indica que Ramírez estará en territorio estadounidense hasta el 8 de noviembre.
Rutas de Lima, consorcio que integra Odebrecht, demanda al Estado peruano una compensación económica por no recaudar la tarifa de S/5.50 en el peaje Chillón, en Lima Norte, entre el 29 de diciembre de 2016 y el 31 de octubre de 2018.
Hace dos años, en esa zona, decenas de vecinos de Puente Piedra protestaron contra la instalación de garitas para el cobro de peaje, iniciando una batalla campal contra la Policía. Los ciudadanos estaban obligados a pagar ese precio porque no existía otra vía de acceso y salida del lugar.
Perú21 conoció que Ramírez será testigo y detallará ante los miembros del tribunal los millonarios aportes ilícitos que hizo la empresa brasileña a las campañas de los exalcaldes Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio. Los desembolsos fueron a cambio de adjudicarse la construcción de obras.
ALD/Peru21
