El caso comenzó hacia septiembre de 2010 cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Piedad Córdoba de su cargo como senadora y la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos porque, según argumentó, tenía pruebas de sus vínculos con las Farc.
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La excongresista rechazó los señalamientos y aseguró que estaba siendo perseguida por Alejandro Ordóñez. Luego, hacia 2012 existió un segundo fallo de la Procuraduría en el que Ordóñez señaló que Córdoba financió la campaña política de uno de sus asesores, lo que tenía prohibido como funcionaria.
Córdoba comenzó la batalla jurídica para tumbar las sanciones y para 2016 el Consejo de Estado le dio la razón y le restituyó sus derechos políticos. El alto tribunal también decidió que la Procuraduría le pagara una multa de 1.674 millones de pesos, como indemnización por los perjuicios causados y que equivalían a los salarios que ella dejó de recibir mientras estuvo vigente la sanción disciplinaria.
Y es precisamente esa suma de dinero la que ahora quiere el órgano de control de vuelta a través de una demanda que interpuso contra el exjefe de esa entidad —en el periodo 2009-2016— ante el Consejo de Estado, según El Colombiano.
La acción la promovió el también exprocurador Fernando Carrillo en 2018, cuando estuvo al frente del organismo, al considerar que Ordóñez debe devolver ese dinero, porque un error suyo provocó que la entidad fuera condenada y tuviera que desembolsar ese monto.
El texto, según el diario regional, dice puntualmente: “Condenar al demandado a pagar a favor de la Procuraduría General de la Nación mil seiscientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis pesos ($1’674.864.716), con la respectiva indexación e intereses, suma que fue reconocida y pagada por la entidad a la señora Piedad Esneda Córdoba Ruíz”.
El Consejo de Estado está estudiando la demanda y si decide fallar a favor del Ministerio Público, Ordóñez no tendrá campo de acción y no podrá apelar. Se espera que la decisión se conozca en este primer semestre de 2022, pues en este momento está congelada por la vacancia judicial, puntualizó el medio.
Para finalizar, El Colombiano destacó que en la OEA hay expectativa por el fallo porque sería la primera vez que un diplomático en ejercicio recibe una sanción de este tipo, mientras que Córdoba le dijo al diario que si se comprueba que “Ordóñez usó la Procuraduría para perseguir opositores”, es justo que “pague con sus recursos personales las consecuencias de su corrupción”.
