La defensora del Estado precisó que dichos cobros corresponden a 10 acuerdos de colaboración eficaz aprobados mediante sentencias judiciales, los cuales comprenden a 18 personas naturales y 2 personas jurídicas.
La procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato informó hoy que el Estado peruano viene cobrando a la fecha más de S/ 240 millones por concepto de reparaciones civiles en varios procesos vinculados a este mega caso de corrupción.
«Al cierre de octubre hemos superado la cifra de S/ 240 millones por cobros de reparación civil a favor del Estado», indicó la procuradora ad hoc Silvana Carrión Ordinola.
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La defensora del Estado precisó que dichos cobros corresponden a 10 acuerdos de colaboración eficaz aprobados mediante sentencias judiciales, los cuales comprenden a 18 personas naturales y 2 personas jurídicas.
«La recaudación de las reparaciones civiles irá aumentando mientras los procesos avanzan a la etapa de juicio oral. A la fecha ya contamos con 21 sentencias. De ellas, 14 son de colaboración eficaz y otras 7 corresponden a procesos penales comunes como el caso ‘Interoceánica Sur – Tramos 2 y 3’, vinculado al expresidente Alejandro Toledo, y el caso ‘Bonos Soberanos’, entre otros», sostuvo Carrión.
En diciembre de este año se tiene previsto que las empresas Odebrecht, Aenza y Cosapi abonen las cuotas de reparación civil fijadas en sus respectivos acuerdos de colaboración eficaz. Con ello, el resarcimiento económico a favor del Estado por el caso Lava Jato seguirá incrementándose.
CASO TOLEDO
Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el Caso Lava Jato, comentó que en el caso Interoceánica «se investigó y comprobó los delitos de colusión y lavado de activos con este dinero pedido a título de soborno», mientras que en el caso Ecoteva se tomará en cuenta el destino de ese dinero ejecutado en nuestro país.
«Este fallo representa un hito en la historia judicial nuestra, pues se trata de la comprobación de la intervención del funcionario público de más alto perfil, como es un presidente de la República, involucrado en estos hechos graves de corrupción que, además del soborno solicitado y el monto de 30 millones acreditado con ruta de dinero, el pedido del monto, la entrega del monto para el favorecimiento de una concesión», explicó en conversación con RPP.
«Creo que la intervención de un presidente de la República en un hecho tan grave como este merece la más alta sanción por parte del Poder Judicial y sobre todo, desde el punto de vista de la Procuraduría, una indemnización acorde con el daño que se ha hecho desde la figura de un expresidente de la República hacia la ciudadanía», agregó.
Alejandro Toledo se convirtió en el primer expresidente peruano en ser sentenciado por el caso Odebrecht. El Poder Judicial le impuso una condena de 20 años y 6 meses, por los delitos de lavado de activos y colusión cometidos durante su gobierno.
El Ministerio Público formuló una investigación que determinó que el exmandatario recibió sobornos a cambio de favorecer a Odebrecht en la licitación para los tramos II y III de la carretera Interoceánica. Jorge Barata, exdirector de la constructora en el Perú, confesó que su empresa pagó un soborno de US$ 20 millones a Toledo para adjudicarse aquellos tramos.
